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Linda Loaiza vuelve a los tribunales para reabrir la revisión de su caso tras 10 años

La Corte de Apelaciones de Caracas revisará el 11 de agosto los recursos contra la absolución por violación en el caso de Linda Loaiza, tras una orden del TSJ que llevaba una década pendiente

La defensora de derechos humanos y abogada Linda Loaiza López Soto deberá comparecer nuevamente ante la justicia venezolana el próximo 11 de agosto, cuando la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas revise los recursos presentados contra la absolución de su agresor por el delito de violación.

Tanto el Ministerio Público como Loaiza, quien participa en el proceso como víctima y querellante, apelaron la decisión absolutoria. Ambas solicitudes serán analizadas durante la audiencia convocada por la instancia judicial.

La diligencia fue fijada mediante una notificación emitida en Caracas el pasado 22 de julio y responde a una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que permanecía sin ejecución desde 2016.

La sentencia número 1992, dictada el 15 de diciembre de ese año, estableció que una sala de apelaciones distinta debía volver a estudiar los recursos contra el fallo emitido el 9 de marzo de 2006 por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia.

Loaiza considera que la convocatoria refleja la prolongación de un proceso que comenzó hace 25 años y que continúa sin una resolución definitiva sobre varias de las acusaciones que formuló contra su agresor.

“Diez años después de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara a una Sala distinta conocer nuevamente estas apelaciones, este caso vuelve al conocimiento de la Corte de Apelaciones. El paso del tiempo no convierte la impunidad en justicia”, manifestó la defensora.

Un proceso marcado por irregularidades

Los hechos que dieron origen al caso ocurrieron en marzo de 2001, cuando Loaiza fue secuestrada en Caracas por Luis Antonio Carrera Almoina. La joven permaneció cuatro meses privada de libertad y denunció haber sufrido violencia sexual, torturas y graves agresiones físicas.

El rescate se produjo el 19 de julio de ese año, cuando bomberos y funcionarios policiales localizaron a Loaiza. A partir de entonces comenzó un proceso judicial que estuvo marcado por numerosas irregularidades y cambios de jueces.

Para 2004, el expediente había pasado por más de 60 jueces. Durante ese año se produjo un juicio en el que Loaiza denunció haber enfrentado abusos e insultos por parte de su agresor. La jueza Rosa Cádiz Rondón terminó absolviendo a Carrera Almoina, a su padre, Gustavo Carrera Damas, y a la secretaria de este.

La sentencia también ordenó investigar a Loaiza y a integrantes de su familia.

Posteriormente se realizó un nuevo juicio que concluyó con una condena de seis años y un mes de prisión contra Carrera Almoina por lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad. Sin embargo, quedó absuelto de los cargos de violación, homicidio calificado en grado de frustración y tortura.

El caso llegó a instancias internacionales

La batalla judicial de Loaiza trascendió las fronteras venezolanas cuando llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se convirtió así en la primera mujer en presentar ante ese organismo un caso de violencia de género atribuido al Estado venezolano.

En 2016, la CIDH remitió el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de determinar que Venezuela había vulnerado varios derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte IDH emitió su sentencia el 16 de septiembre de 2018 y declaró la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones cometidas contra Loaiza.

Según ha denunciado la defensora, las medidas ordenadas por el tribunal internacional tampoco han sido cumplidas por el Estado venezolano.

La audiencia prevista para el 11 de agosto de 2026 representa así un nuevo capítulo en un proceso que se inició hace un cuarto de siglo y que, una década después de la orden del TSJ para revisar las apelaciones, vuelve a los tribunales venezolanos.

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