Familiares de presos políticos poselectorales piden acelerar revisión de expedientes en el TSJ
Entregaron un documento a las autoridades judiciales en el que solicitan una audiencia para denunciar violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa, así como las precarias condiciones de reclusión que, aseguran, enfrentan los arrestados
Un grupo de familiares de detenidos durante las protestas poselectorales en Venezuela exigió este miércoles a las puertas del Palacio de Justicia una revisión urgente de los expedientes judiciales de sus seres queridos y su liberación inmediata por razones humanitarias.
Vemos con mucha preocupación que los meses pasan y las liberaciones no llegan. Nuestros muchachos son inocentes. No hay ningún sustento probatorio que justifique los graves delitos de los que los están acusando. Nuestros muchachos no son terroristas”, declaró Martha Lía Grajales, vocera del grupo.
Los familiares entregaron un documento a las autoridades judiciales en el que solicitan una audiencia para denunciar violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa, así como las precarias condiciones de reclusión que, aseguran, enfrentan los arrestados, recoge Efecto Cocuyo.
El escrito recuerda que, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 —cuya legitimidad fue cuestionada por la oposición—, se produjeron cerca de 2.400 detenciones en el marco de protestas contra la reelección de Nicolás Maduro. La mayoría de los detenidos, afirman los denunciantes, no fueron aprehendidos en flagrancia ni contaban con órdenes judiciales.
Incluso, señalaron que muchos de los arrestados ni siquiera participaban en manifestaciones y que varios fueron víctimas de desapariciones forzadas temporales, ya que las autoridades negaban sistemáticamente información sobre su paradero.
También denunciaron que los detenidos no pudieron designar abogados de confianza y que numerosas audiencias se realizaron de forma colectiva y telemática, sin detallar los hechos atribuidos a cada individuo. Los defensores públicos, añadieron, promovieron escasas pruebas en favor de los acusados.
Las condiciones de reclusión fueron calificadas de “indignas”, en particular en la cárcel de Tocorón, donde, según los denunciantes, persisten los castigos físicos. Además, alertaron sobre la propagación de enfermedades como dengue, infecciones urinarias y gastritis, así como el deterioro de la salud mental de muchos de los reclusos, con casos de depresión, insomnio e intentos de suicidio.
Grajales pidió que se realicen exámenes médicos a los detenidos enfermos y que se les otorguen “medidas humanitarias” con urgencia.
Hasta la fecha, el Ministerio Público ha confirmado la excarcelación de 2.006 personas bajo medidas cautelares. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el gobierno de Maduro insisten en que no existen presos políticos en el país, sino detenidos por la presunta comisión de delitos.