Carlos J. Sarmiento Sosa | Venezuela no puede darse el lujo de seguir esperando
La apertura de conversaciones iniciada el 1 de agosto constituye una oportunidad que Venezuela no puede desperdiciar. Después de tantos años de destrucción institucional, represión soviético-cubana, persecución política, emergencia humanitaria y deterioro de las condiciones de vida, cualquier posibilidad de encaminar al país hacia una transición democrática debe ser recibida con seriedad.
Pero precisamente por eso hay que decirlo con claridad: una oportunidad no es todavía un proceso de transición.
Y una negociación tampoco puede convertirse en una sucesión indefinida de reuniones, declaraciones y buenos propósitos.
El problema no es negociar. El problema es negociar sin una arquitectura que obligue a producir resultados.
La experiencia histórica demuestra que cuando dos partes negocian en condiciones profundamente asimétricas, quien controla las instituciones del Estado suele disponer de una ventaja decisiva: puede administrar el tiempo. Puede aplazar, introducir nuevos asuntos, reabrir los ya discutidos, formular compromisos parciales y esperar a que el cansancio, la división o la pérdida de confianza hagan el resto.
La oposición democrática no puede permitir que el tiempo se convierta nuevamente en su enemigo.
No se trata de negociar la democracia
Hay una primera distinción que debería quedar absolutamente clara.
Los derechos humanos, la separación de poderes, la libertad política y unas elecciones libres no son materias que puedan ser objeto de una negociación política. Son presupuestos jurídicos y democráticos de cualquier acuerdo destinado a reconstruir el Estado venezolano.
Lo que sí puede y debe negociarse son los mecanismos para hacer efectivos esos principios.
¿Quién hace qué? ¿Cuándo? ¿Cómo se verifica? ¿Qué ocurre si no se cumple?
Estas preguntas parecen elementales. Sin embargo, son precisamente las que suelen desaparecer cuando las negociaciones políticas se convierten en ejercicios de declaraciones.
Un acuerdo que no tiene responsable, plazo, mecanismo de verificación y consecuencias por incumplimiento corre el riesgo de ser simplemente una declaración de intenciones.
Y Venezuela ya ha tenido demasiadas declaraciones.
El tiempo también se negocia
Una negociación seria debe comenzar por reconocer una realidad elemental: el tiempo es una variable política.
No basta con sentarse a conversar. Hay que establecer cuánto tiempo puede dedicarse a cada asunto, qué resultados deben producirse y qué ocurre cuando no se alcanzan.
Por eso, resulta indispensable establecer desde el principio un calendario obligatorio.
No propongo una camisa de fuerza que impida la negociación. Propongo exactamente lo contrario: un mecanismo que permita negociar con flexibilidad sin convertir la flexibilidad en indefinición.
La diferencia es fundamental.
Cada asunto debería tener un objetivo, un fundamento jurídico, un cronograma y unos indicadores objetivos de cumplimiento. Y cada negociación debería contemplar, además, alternativas: una propuesta principal, una intermedia y una mínima aceptable.
Eso no debilita a una delegación negociadora. La fortalece.
Cuatro mesas, cuatro problemas
Si realmente existe voluntad de avanzar hacia una transición, ¿por qué no organizar el trabajo alrededor de los problemas que deben ser resueltos?
Una primera mesa debería ocuparse de la emergencia nacional como consecuencia del doblete sísmico: reconstrucción, asistencia humanitaria, infraestructura crítica y financiamiento internacional.
Una segunda debería concentrarse en los derechos humanos: liberación de presos políticos, retorno seguro de exiliados, protección de perseguidos y garantías judiciales.
Una tercera debería abordar la reinstitucionalización electoral: Consejo Nacional Electoral, auditorías, registro electoral, observación internacional y cronograma electoral.
Y una cuarta debería ocuparse de la reinstitucionalización judicial, incluyendo la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y las garantías necesarias para recuperar la independencia judicial.
No hay ninguna razón para que estas materias tengan que ser discutidas una después de otra. Deben trabajarse simultáneamente.
Precisamente porque los problemas están conectados, esperar a resolver uno para comenzar el siguiente puede convertirse en una nueva forma de paralización.
Un calendario para salir de la política declarativa
La propuesta es sencilla.
Durante la primera semana se instala el mecanismo, se aprueba su reglamento, se designan coordinadores y comienza a funcionar una Secretaría Técnica.
En la segunda semana se presentan los diagnósticos.
En la tercera, las propuestas.
En la cuarta comienza la negociación técnica.
En la quinta deberían producirse los primeros acuerdos.
En la sexta debería comenzar su implementación.
Y en las semanas siguientes deberían firmarse y ejecutarse los acuerdos institucionales.
No se trata de pretender que en diez semanas se resuelvan todos los problemas de Venezuela. Sería ingenuo.
Se trata de algo mucho más modesto y, al mismo tiempo, mucho más importante: que en diez semanas Venezuela pueda saber si el proceso está produciendo resultados o si simplemente está consumiendo tiempo.
El ciudadano tiene derecho a saber qué está ocurriendo
Hay otro elemento indispensable: la transparencia.
Después de cada reunión debería publicarse un informe ejecutivo que responda cuatro preguntas:
¿Qué se acordó?
¿Qué se ejecutó?
¿Qué está pendiente?
¿Qué se hará durante la próxima semana?
No hace falta convertir cada reunión en un espectáculo político. Tampoco hace falta revelar aquello que legítimamente deba permanecer reservado durante una negociación.
Pero el ciudadano venezolano tiene derecho a conocer los resultados.
La comunicación política debe abandonar la lógica del triunfalismo y de la confrontación permanente y adoptar una lógica mucho más sencilla: mostrar resultados verificables.
¿Cuántos presos políticos fueron liberados?
¿Cuántos acuerdos fueron ejecutados?
¿Qué auditorías se realizaron?
¿Qué instituciones fueron reconstruidas?
¿Qué decisiones judiciales fueron cumplidas?
¿Cuáles son los compromisos pendientes?
La política recupera credibilidad cuando puede responder preguntas concretas con hechos concretos.
¿Y si el proceso se estanca?
Una arquitectura seria también debe prever el fracaso.
Puede existir cooperación plena. Puede existir cooperación parcial. Puede producirse un estancamiento. Incluso puede producirse una ruptura.
Lo que no puede ocurrir es que nadie sepa qué hacer cuando alguna de esas situaciones aparezca.
Si hay estancamiento, deben activarse mecanismos de mediación y verificación.
Si hay ruptura, deben preservarse los acuerdos ya alcanzados, documentarse las causas de la interrupción y quedar perfectamente identificado ante los venezolanos y ante la comunidad internacional quién cumplió y quién incumplió.
Esta última cuestión es particularmente importante.
La rendición de cuentas no debe comenzar después del fracaso. Debe estar incorporada al proceso desde su nacimiento.
La responsabilidad de conducir
Es aquí donde aparece la cuestión política fundamental.
La transición venezolana no puede depender exclusivamente de la voluntad de quienes ocupen un sillón alrededor de una mesa.
Necesita conducción.
Y conducir no significa imponer una posición. Significa establecer un método, ordenar las prioridades, administrar el tiempo, exigir resultados y asumir responsabilidades. Porque el éxito de una negociación política no depende solamente de la voluntad de las partes, sino de la calidad de su diseño institucional.
Por eso ha llegado el momento de formular públicamente una pregunta incómoda:
¿Quién está conduciendo realmente el proceso hacia la transición?
No pregunto quién habla más.
No pregunto quién tiene mayor reconocimiento internacional.
No pregunto quién ocupa determinado espacio político.
Pregunto quién está garantizando que las conversaciones tengan objetivos, responsables, plazos, mecanismos de verificación y resultados.
Porque si nadie está cumpliendo esa función, entonces el problema ya no es solamente la negociación.
El problema es la conducción.
Venezuela no puede esperar otra oportunidad perdida. El país ha vivido demasiadas oportunidades frustradas.
Cada proceso que comienza y termina sin resultados produce algo más grave que decepción: produce escepticismo.
Y el escepticismo es uno de los mayores enemigos de una transición democrática, porque convence al ciudadano de que nada puede cambiar y de que todos los actores políticos terminan haciendo lo mismo: el “gatopardismo”.
No podemos permitirnos otra frustración.
La apertura de conversaciones del 1 de agosto debe convertirse en un proceso ordenado, verificable y orientado a resultados. El camino puede ser complejo. Las dificultades serán enormes. Las diferencias entre los actores serán inevitables.
Pero una cosa es la dificultad y otra muy distinta la improvisación.
Venezuela necesita negociación, sí.
Pero necesita una negociación con método.
Necesita acuerdos, pero acuerdos que puedan medirse.
Necesita flexibilidad, pero no indefinición.
Necesita paciencia, pero no espera pasiva.
Y, sobre todo, necesita una conducción política capaz de transformar una oportunidad en un proceso y un proceso en resultados.
Porque después de tantos años, Venezuela no puede darse el lujo de seguir esperando.
El tiempo de la transición no puede ser administrado por quienes tienen interés en prolongarla.
Debe ser administrado por quienes tienen la responsabilidad de hacerla posible.