Rosana Sosa García | Sri Lanka: la lección que Venezuela debe aprender antes de hablar de una quita
La lección más importante que Venezuela puede aprender de Sri Lanka no está en la magnitud de la quita alcanzada, ni en los instrumentos utilizados, ni siquiera en la rapidez con la que el país comenzó a normalizar su relación con los mercados.
Está en algo anterior y más profundo: la deuda no fue tratada como un problema separado de la economía y de las instituciones que debían sostenerla.
Ese principio debería ocupar el centro del debate venezolano.
Una reestructuración soberana modifica jurídicamente las obligaciones financieras del Estado, pero no corrige por sí sola las causas que hicieron insostenible la deuda.
Si persisten los desequilibrios fiscales y monetarios, la ausencia de estadísticas fiables, la debilidad institucional, los problemas de gobernanza o la opacidad en la administración de los recursos públicos, puede modificarse el perfil de vencimientos sin alterar sustancialmente el riesgo que los mercados atribuyen al soberano.
Sri Lanka resulta especialmente instructiva porque su recuperación conectó dimensiones que con frecuencia se analizan por separado.
El programa respaldado por el Fondo Monetario Internacional articuló la restauración de la sostenibilidad fiscal y de la deuda con una política monetaria orientada a recuperar la estabilidad de precios, reformas del marco cambiario, recuperación de reservas internacionales, fortalecimiento de los ingresos públicos y reformas institucionales y de gobernanza.
La reestructuración de la deuda no apareció, por tanto, como una operación financiera aislada, sino como una pieza de un programa más amplio destinado a modificar las condiciones que habían llevado a la crisis.
El primer nivel fue el diagnóstico.
El Governance Diagnostic Assessment identificó vulnerabilidades macro críticas en áreas que comprendían, entre otras, la lucha contra la corrupción y AML/CFT, la gestión financiera pública, la política y administración tributaria, las empresas estatales, la contratación pública, la gobernanza del banco central, la supervisión financiera y la protección de los derechos contractuales y de propiedad.
El segundo nivel consistió en transformar parte de ese diagnóstico en compromisos susceptibles de seguimiento dentro del programa respaldado por el FMI.
Entre las medidas prioritarias estuvieron la publicación de un plan de acción de gobernanza, salvaguardas para una selección transparente y basada en mérito de los comisionados anticorrupción, mayor transparencia sobre determinados contratos públicos y la divulgación de los beneficiarios de ciertas exenciones fiscales.
La gobernanza dejó así de ser únicamente una aspiración institucional para traducirse en actuaciones observables y monitorizables.
No quedó relegada a una etapa posterior a la estabilización, ni fue tratada como un asunto separado de la recuperación económica.
Hay, sin embargo, un tercer nivel particularmente significativo para Venezuela: determinados resultados de gobernanza fiscal llegaron también a la propia economía de la deuda reestructurada.
La reestructuración incorporó un governance-linked bond, una innovación mediante la cual los acreedores aceptaron conceder 75 puntos básicos adicionales de alivio en el cupón de uno de los nuevos instrumentos si Sri Lanka cumplía dos criterios transparentes relacionados con gobernanza fiscal: alcanzar los objetivos previstos de ingresos públicos sobre PIB hasta 2027 y publicar los Fiscal StrategyStatements requeridos.
Los valores de referencia utilizados para los ingresos públicos corresponden al 15,3 % del PIB en 2026 y al 15,4 % en 2027.
Particularmente importante es el mecanismo de verificación: el cumplimiento del criterio de ingresos se vincula a las estadísticas publicadas en el World Economic Outlook del FMI.
Si se satisfacen las condiciones previstas, el cupón puede reducirse en 75 puntos básicos desde finales de 2028 durante la vida restante del instrumento, cuyo vencimiento es en 2035.
El detalle es importante, porque introduce algo que trasciende una declaración genérica de buenas prácticas: indicadores fiscales definidos, información públicamente observable y consecuencias económicas dentro del propio instrumento.
Conviene, sin embargo, ser precisos. El bono no contractualiza toda la agenda anticorrupción o de gobernanza de Sri Lanka, ni convierte cada recomendación del Governance Diagnostic Assessment en una obligación frente a los acreedores. La arquitectura opera en planos diferentes, pero complementarios.
Dos planos complementarios
Las reformas institucionales más amplias permanecen, en lo esencial, dentro del programa respaldado por el FMI.
En paralelo, ciertos resultados fiscales y de gobernanza, siempre que sean cuantificables y verificables, pudo incorporarse a la estructura económica de la deuda reestructurada.
Secuencia de transformación: el proceso avanza desde el diagnóstico de vulnerabilidades hacia reformas incorporadas al programa; luego, hacia compromisos monitorizables; después, hacia indicadores verificables; y, en ciertos casos, hacia incentivos económicos integrados en la propia deuda.
Esto no significa que Venezuela deba copiar ese instrumento.
Su importancia reside en el principio que demuestra: determinados avances institucionales verificables pueden formar parte de la arquitectura contractual y económica de una reestructuración soberana.
También conviene evitar atribuir a este componente efectos que la evidencia disponible no permite demostrar. Después del canje, Moody's elevó la calificación soberana de Sri Lanka a Caa1 y Fitch la situó en CCC+.
Al mismo tiempo, los rendimientos y los spreads de los nuevos instrumentos descendieron significativamente después de completarse el intercambio.
Existe además un dato particularmente relevante para el retorno al universo institucional de inversión: una vez concluido el canje, J.P. Morgan determinó que los nuevos instrumentos macro-linked cumplían los criterios de elegibilidad para sus índices y anunció su incorporación a los índices de bonos de mercados emergentes.
El propio FMI señaló que esa inclusión debía favorecer la negociabilidad y liquidez de la nueva deuda externa.
No es posible, sin embargo, aislar cuánto de esa evolución puede atribuirse específicamente al componente de gobernanza frente al conjunto de la reestructuración, la estabilización macroeconómica y la mejora de las expectativas.
La conclusión relevante es otra: reestructuración, reformas macroeconómicas, gobernanza, mecanismos verificables y posterior reinserción en el universo institucional de inversión formaron parte de una misma arquitectura, no de procesos completamente separados.
LA PREGUNTA QUE VENEZUELA DEBERÍA HACERSE
Ese precedente obliga a replantear el debate venezolano.
La discusión no debería limitarse a determinar la magnitud de la deuda, la quita requerida, los nuevos vencimientos o los activos que eventualmente podrían utilizarse en un canje.
Existe una pregunta anterior: ¿qué arquitectura económica e institucional sostendrá las obligaciones que resulten de esa negociación?
Por ello, las reformas macroeconómicas y de gobernanza no deberían concebirse como una fase autónoma que comienza una vez concluida la reestructuración. Deben formar parte del proceso.
Eso supone coordinar varias dimensiones: restablecer estadísticas fiscales, monetarias y externas fiables; corregir los desequilibrios fiscales; construir un marco monetario y cambiario coherente; fortalecer la gestión financiera pública y la transparencia presupuestaria; abordar la gobernanza y eventual reestructuración o privatización de empresas públicas; identificar a los beneficiarios económicos finales de los instrumentos; incorporar controles de integridad y AML/CFT; y reconstruir las instituciones necesarias para verificar el cumplimiento de esos compromisos.
No todas esas reformas pueden completarse antes de iniciar una negociación. Integralidad no significa secuencialidad estricta.
Significa que la reestructuración debe diseñarse desde el comienzo dentro de un marco de reformas creíble, verificable y susceptible de seguimiento.
El riesgo de prescindir de esa arquitectura es confundir el cierre financiero de un canje con la solución del problema soberano.
Una operación puede producir una reducción nominal de deuda, extender vencimientos e incluso generar ganancias significativas para acreedores que adquirieron instrumentos a precios profundamente descontados, sin que ello implique una mejora equivalente de la capacidad económica e institucional del país.
El éxito transaccional no equivale necesariamente a sostenibilidad.
Existe además un segundo riesgo, particularmente relevante para Venezuela. Si la reestructuración se realiza sin una depuración previa del universo de obligaciones, pueden incorporarse a los nuevos instrumentos créditos cuya existencia, cuantía, titularidad, legalidad o integridad no hayan sido suficientemente verificadas.
El canje podría entonces homogeneizar financieramente pasivos de distinta calidad, otorgando a obligaciones sometidas a riesgos relevantes de integridad una apariencia equivalente a la de obligaciones legítimas y plenamente trazables.
Allí reside el peligro del espejismo de una reestructuración exitosa: una transacción puede cerrarse, contabilizar una quita importante y modificar vencimientos y cupones mientras permanecen intactas las causas económicas, institucionales y de gobernanza que hicieron insostenible la deuda.
Sin estabilización macroeconómica, instituciones capaces de sostener las reformas, transparencia, integridad del pasivo y mecanismos independientes de verificación, el alivio puede resultar transitorio.
Y el coste de una nueva insostenibilidad terminaría recayendo nuevamente sobre la economía y, en última instancia, sobre la sociedad, sin haber generado las transformaciones necesarias para recuperar inversión, crecimiento y acceso estable al financiamiento.
EL PAPEL DEL FMI
Es precisamente aquí donde, para un caso de las características de Venezuela, un marco respaldado por el Fondo Monetario Internacional adquiere una importancia difícilmente sustituible.
Su función no debería reducirse a determinar al final de una negociación si una determinada combinación de quita, cupones y vencimientos produce una trayectoria sostenible de deuda sobre PIB.
Su valor reside también en proporcionar un marco para reconstruir estadísticas, formular supuestos macroeconómicos verificables, establecer objetivos fiscales y monetarios, evaluar la sostenibilidad de la deuda y someter a revisión periódica las reformas necesarias para sostener las nuevas obligaciones.
Sri Lanka muestra hasta dónde puede llegar esa interacción entre programa macroeconómico, gobernanza, sostenibilidad de la deuda, verificación independiente, diálogo con acreedores y diseño de nuevos instrumentos.
Venezuela, sin embargo, necesita incorporar a esa arquitectura una cuestión anterior, derivada de las características particulares de su pasivo: determinar con suficiente certeza qué obligaciones deben entrar realmente en ella.
Una arquitectura interactiva
En el caso venezolano, la arquitectura de reestructuración debería concebirse como un proceso de interacción continua entre sus principales componentes: la depuración del pasivo, la reconstrucción estadística, el análisis de sostenibilidad, la gobernanza y la integridad, las reformas macroeconómicas, los indicadores verificables y la negociación y estructuración de la nueva deuda.
Ninguno de esos elementos debería avanzar de forma aislada: cada uno aporta información, disciplina y credibilidad a los demás, y todos deben retroalimentarse para sostener una negociación viable y una deuda futura más sostenible.
Esta perspectiva modifica también la pregunta que debe formularse a los acreedores.
No es solamente cuál sería una quita razonable, sino cuánto riesgo soberano puede reducirse combinando alivio de deuda, reformas verificables y reconstrucción institucional.
La pregunta para Venezuela: el debate debe centrarse en qué transformaciones permitirían que los nuevos instrumentos no seansimplemente deuda intercambiada por deuda, sino obligaciones respaldadas por una economía con mayor capacidad de pago, instituciones más creíbles y mejores condiciones de acceso al universo institucional de inversión.
Más que una reducción nominal
La quita reduce el valor de las obligaciones reestructuradas, pero no basta por sí sola para restablecer la confianza. Ese alivio solo adquiere sentido duradero cuando se integra con piezas que reducen distintos componentes del riesgo soberano: un programa macroeconómico creíble, que disminuya la probabilidad de una nueva acumulación de deuda; una gobernanza más sólida, que reduzca la incertidumbre sobre el manejo de los recursos públicos; mayor transparencia, que limite las asimetrías de información y gestión; trazabilidad del pasivo, que evitereconocer obligaciones cuya existencia, titularidad, legalidad o integridad no hayan sido suficientemente verificadas; y un marco respaldado por el FMI, que aporte disciplina, verificación y seguimiento externo.
La lógica de conjunto: ninguna de esas piezas restablece por sí sola el crédito soberano.
La arquitectura surge de su interacción: cada componente refuerza a los demás y, en conjunto, permite construir una base más creíble para recuperar confianza.
El riesgo de reformas fragmentarias: cuando las reformas se aplican de manera aislada, pueden producir ajustes fiscales, monetarios o cambiarios con costes significativos para la población sin generar una transformación institucional perceptible.
Si esos ajustes no van acompañados de mejor gobernanza, mayor transparencia y una recuperación progresiva de la capacidad económica, puede instalarse la percepción de que el sacrificio exigido no produjo resultados reales.
Esa frustración puede erosionar el respaldo social a las reformas, debilitar su continuidad y comprometer la estabilización.
Por eso, una reforma incompleta no solo puede ser económicamente insuficiente: también puede consumir el capital político y social necesario para completar más adelante lo que quedó pendiente.
La sostenibilidad de ese proceso exige, además, legitimidad democrática y estabilidad política.
Reformas de esta magnitud requieren un gobierno con legitimidad democrática, instituciones capaces de sostenerlas y un horizonte de continuidad suficientemente creíble para que ciudadanos, inversionistas, organismos multilaterales y acreedores puedan confiar en que los compromisos asumidos sobrevivirán al corto plazo.
Es necesaria la continuidad de las reformas dentro de un orden institucional democrático y previsible.
Sin esa base, incluso un programa técnicamente sólido puede encontrar dificultades para generar confianza, atraer inversión y consolidar resultados duraderos.
Sri Lanka debe entrar en la discusión venezolana no como un modelo a copiar mecánicamente, sino como una referencia metodológica: la reforma del Estado y la reestructuración de la deuda no son conversaciones separadas.
Para Venezuela, estabilización macroeconómica, negociación financiera, integridad del pasivo y reconstrucción de la gobernanza deberían formar parte de un mismo proceso, en el que el FMI aporte el anclaje macroeconómico e institucional; Pilar Cero, la integridad del universo de obligaciones; y la negociación con los acreedores traduzca esa arquitectura en una estructura de deuda compatible con la futura capacidad de pago.
El objetivo último no debería limitarse a una sostenibilidad meramente aritmética, ni a asumir que una quita del 50 % basta para considerar exitosa la operación.
Una reestructuración verdaderamente exitosa no solo debe reducir el valor nominal de la deuda: debe disminuir integralmente el riesgo soberano y ofrecer al país una plataforma para recuperar crecimiento, estabilidad, inversión y acceso sostenible al financiamiento.
La condición para recuperar confianza: solo una reducción simultánea de los riesgos fiscales, cambiarios, monetarios, jurídicos, institucionales y de integridad permitiría aspirar a algo más que cerrar un canje. El objetivo de fondo es restablecer la confianza necesaria para que Venezuela pueda regresar, en condiciones sostenibles, a los mercados financieros internacionales .
Venezuela no puede permitirse otro intento fallido.
Desaprovechar una nueva oportunidad mediante reformas parciales, instituciones frágiles o una reestructuración de deuda desconectada de la transformación económica, convertiría el fracaso en algo mucho más profundo: frustración colectiva, una nueva ola de éxodo y consecuencias económicas, sociales e institucionales difíciles de dimensionar.
Después de veintisiete años, el costo de volver a equivocarse ya no puede medirse únicamente en puntos del PIB, en deuda o en acceso a los mercados. Se mediría también en otra generación de venezolanos que podría dejar de creer que reconstruir el país es posible, y que se vería obligada a marcharse ante la posible condena nuevamente a crecer sin futuro.
FUENTES Y REFERENCIAS
International Monetary Fund (IMF). Sri Lanka: Technical Assistance Report—Governance Diagnostic Assessment. IMF Country Report No. 23/340, 2023.
International Monetary Fund (IMF). Sri Lanka: Request for an Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility. IMF Country Report No. 23/116, 2023.
International Monetary Fund (IMF). Sri Lanka: Third Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility. IMF Country Report No. 25/56, 2025.
International Monetary Fund (IMF). Sri Lanka: Fourth Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility. IMF Country Report No. 25/162, 2025.
Breuer, Peter; Dhungana, Sandesh; y Li, Mike. Sri Lanka's Sovereign Debt Restructuring: Lessons from Complex Processes. IMF Working Paper WP/25/175, International Monetary Fund, 2025.
International Monetary Fund (IMF). A Stocktaking of the Current International Architecture for Resolving Sovereign Debt Involving Private Sector Creditors. IMF Policy Paper, 2025.
International Monetary Fund (IMF). World Economic Outlook Database. Washington, D.C.
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka / Ministry of Finance. Documentación del intercambio de los International Sovereign Bonds y términos de los nuevos instrumentos emitidos en la reestructuración de 2024.
Moody's Ratings. Acción de calificación soberana de Sri Lanka posterior a la reestructuración de los bonos internacionales, diciembre de 2024.
Fitch Ratings. Acción de calificación soberana de Sri Lanka posterior a la reestructuración de los bonos internacionales, diciembre de 2024.
J.P. Morgan. Criterios de elegibilidad e incorporación de los nuevos instrumentos de Sri Lanka a los índices de bonos de mercados emergentes, según lo documentado por el FMI en la Tercera Revisión del programa EFF.