Rodrigo Rivera Morales | Los presos políticos en Venezuela y la justicia internacional
En los últimos 9 años en Venezuela se ha incrementado la represión y persecución por motivaciones políticas. Al 19 de noviembre de 2024, la ONG Foro Penal registró 18.843 arrestos arbitrarios desde el 1° de enero de 2014. Debemos resaltar que 965 civiles han sido presentados ante tribunales militares, con violación patente de la Constitución Nacional.
Ante las informaciones que han salido a la luz pública sobre el estado de salud de varios de los presos políticos que permanecen privados de su libertad en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Internado Judicial de El Rodeo y la Cárcel Militar de Ramo Verde (CENAPROMIL), las ONG activistas por la defensa de los Derechos Humanos Foro Penal y Provea han documentado las denuncias de los familiares y abogados de los presos políticos sobre las inhumanas condiciones en las que permanecen recluidos y las violaciones al debido proceso judicial. Debe destacarse que 12 de las personas presas por motivos políticos, desde el 2014 hasta la fecha, han fallecido estando en custodia del Estado venezolano, sin contar los asesinados por los cuerpos represivos y presentados como muertes accidentales al margen de las autoridades del Estado, como el caso de Edwin Santos, dirigente popular de El Nula. Con mucho acierto en trabajo de periodista titulo “Presos políticos en Venezuela: silenciosa condena de muerte.
La prensa libre, no sumisa al régimen dictatorial, que proclame derechos humanos, deben asumir la defensa de los derechos de los presos políticos, como lo hace Versión Final, y denunciando las atrocidades y conste violación de los derechos humanos que realiza la camarilla gobernante venezolana. Se trata de llamar la atención a la comunidad internacional, para que presiones antes los organismos de justicia y se castigue a los criminales.
Debemos recordar que, durante el acto de inauguración del Año Judicial Interamericano 2024 en San José, Costa Rica, la presidenta del alto tribunal se dirigió a miembros del cuerpo diplomático y gobernantes de la región para pedirles que se pronuncien sobre lo que pasa en Nicaragua, Venezuela Y Cuba, donde las dictaduras han matado, encarcelado, confiscado y desterrado a quienes perciben como opositores. El caso venezolano es el más alarmante, con una diáspora casi de 9 millones de venezolanos en el exterior huyendo del desastre provocado por la pandilla gobernante.
La presidenta de la Corte expresó durante su discurso, se comprometió a seguir trabajando para lograr tener una región donde se imponga la libre y sana discusión de ideas “en lugar de la opresión, el destierro, el despojo de la nacionalidad, la muerte, la prisión por la más mínima disidencia”, en alusión a las medidas manejadas por Ortega, Maduro, Díaz Canel contra sus opositores en sus países.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos a lo largo de los años, las experiencias y la necesidad de proteger los derechos humanos progresivamente vulnerables por motivos políticos, sociales e ideológicos, ha desarrollado una jurisprudencia cada vez más precisa sobre los hechos que son tipificados como irrespeto a los derechos humanos consagrados en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, conocida además como el Pacto de San José.
No hay duda que la represión en Venezuela y la enorme cantidad de presos políticos son hechos representan una evidente violación de los derechos humanos, los estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos incluida la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y otros instrumentos del derecho internacional como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 9 y 10 y Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros.
Sabemos que Versión Final mantendrá su conducta de defensa de los presos políticos y acompañará a las víctimas, a los familiares, a las organizaciones de defensa de derechos humanos, para pronto la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre los funcionarios del Estado venezolano incursos en los delitos de violación sistemática y permanente d ellos derechos humanos. Esta una lucha de los venezolanos de convicción democrática, defensores de la libertad y respetuosos de la dignidad humana.