Luis Manuel Marcano | Todos, menos impunidad
Los venezolanos hemos soportado durante demasiados años las consecuencias de un régimen que convirtió la persecución política, el sometimiento institucional y la arbitrariedad en instrumentos para conservar el poder. La tragedia no puede medirse únicamente por el número de muertos, presos políticos o ciudadanos obligados a abandonar el territorio nacional. Sus consecuencias están presentes en las familias desmembradas, en los hijos que crecieron lejos de sus padres, en los profesionales que debieron comenzar nuevamente sus vidas en países desconocidos y en los millones de compatriotas que todavía sobreviven bajo condiciones que jamás imaginaron para sí mismos. Hemos conocido el miedo, la humillación, el desarraigo y la dolorosa experiencia de contemplar desde la distancia el deterioro de nuestra patria. Por eso resulta necesario advertir, ahora que comienzan a discutirse con mayor insistencia las posibilidades de una transición política, que la búsqueda de acuerdos para poner fin a esta desgracia no puede significar el abandono de las responsabilidades por los crímenes cometidos.
Las transiciones políticas constituyen procesos complejos, particularmente cuando quienes ejercen el poder conservan instrumentos de coerción suficientes para condicionar su salida. La historia latinoamericana ofrece numerosos ejemplos de negociaciones que hicieron posible la recuperación de las libertades, aunque al precio de concesiones difíciles de aceptar. Chile conoció esa experiencia después de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente Patricio Aylwin, -de quien acabo de terminar un libro titulado “El Concept de Derecho en Patricio Aylwin”, al abordar las dificultades que enfrentaba el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos, defendió la necesidad de procurar justicia en la medida de lo posible, expresión que adquirió particular trascendencia en el contexto del Informe Rettig. Aquellas palabras deben comprenderse dentro de sus circunstancias históricas, pero también permiten formular una advertencia para Venezuela: lo posible no puede constituir una medida definitiva de la justicia ni convertirse en una fórmula conveniente para garantizar la tranquilidad de los responsables. Las circunstancias políticas pueden condicionar los tiempos y mecanismos de una investigación, pero no deberían determinar anticipadamente quiénes habrán de quedar excluidos de ella.
La recuperación democrática venezolana necesitará una profunda reorganización del Poder Judicial. No bastará con designar nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia ni con sustituir a quienes durante años contribuyeron a la subordinación de los tribunales al poder político. Será indispensable construir un sistema judicial que recupere su independencia y permita a los ciudadanos confiar nuevamente en la administración de justicia, primero juzgando a todos aquellos que a través de sus sentencias, nos quitaron la libertad. Esto exige considerar seriamente una nueva Constitución y el establecimiento de una auténtica Corte Suprema de Justicia, cuya organización, competencias y mecanismos de designación impidan reproducir las prácticas que facilitaron la destrucción institucional. La experiencia del chavismo debe servir para comprender hasta dónde puede llegar un proyecto político cuando desaparecen los contrapesos del poder y las instituciones encargadas de controlar al gobernante terminan convertidas en instrumentos de su voluntad.
También será necesario conservar la memoria de lo ocurrido. El chavismo continuará existiendo como corriente política y sus partidarios, siempre que respeten las normas democráticas, conservarán sus derechos ciudadanos. Pretender lo contrario significaría reproducir las exclusiones que tanto daño ocasionaron al país. Pero la sociedad venezolana tendrá el deber histórico de recordar las consecuencias de un modelo de gobierno que terminó asociado con la persecución política, la destrucción de las instituciones, el empobrecimiento nacional y una emigración de dimensiones extraordinarias. Cuando las futuras generaciones acudan a las urnas, deberán conocer suficientemente esa experiencia para decidir con conciencia sobre las propuestas que pretendan reivindicarla. La democracia exige tolerancia frente a las ideas, pero no obliga a los pueblos a olvidar las consecuencias de quienes gobernaron en nombre de ellas.
La responsabilidad por los crímenes cometidos constituye, sin embargo, una cuestión diferente de la valoración histórica y política del chavismo. No todos sus militantes o funcionarios pueden ser considerados responsables de delitos, y ninguna sociedad democrática debería admitir la imposición de castigos colectivos. Pero tampoco sería jurídicamente aceptable que quienes ocuparon las posiciones superiores del régimen eludieran cualquier investigación alegando que jamás participaron materialmente en los actos de represión. La teoría de la autoría mediata mediante aparatos organizados de poder, desarrollada por Claus Roxin, permite examinar la responsabilidad de quienes, desde determinadas posiciones de dominio dentro de una estructura organizada, pueden controlar la realización de hechos delictivos ejecutados por subordinados. Su aplicación exige demostrar rigurosamente los presupuestos jurídicos correspondientes y establecer la responsabilidad individual de cada acusado. En Venezuela habrá que investigar las cadenas de mando, las órdenes impartidas, la participación de los distintos órganos del Estado y las circunstancias concretas de cada delito. La justicia no puede quedar limitada a quienes ejecutaron directamente los crímenes mientras sus posibles responsables intelectuales u organizadores permanecen protegidos por la jerarquía que ocuparon.
La memoria venezolana conserva episodios cuya gravedad impide aceptar un desenlace construido sobre el olvido. Franklin Brito murió después de una prolongada huelga de hambre, en medio de su lucha contra los abusos que denunciaba. El capitán Rafael Acosta Arévalo falleció bajo custodia estatal, en circunstancias que revelaron la brutalidad de los mecanismos represivos. Óscar Pérez y quienes lo acompañaban murieron durante la operación de El Junquito, cuyos hechos han sido objeto de graves denuncias internacionales. A estos nombres se suman los de estudiantes asesinados durante las protestas, presos políticos sometidos a torturas, ciudadanos desaparecidos y familias enteras que han dedicado años a exigir explicaciones. Las víctimas tienen nombres, familiares y una historia que no puede desaparecer mediante una decisión política. Resultaría moralmente inadmisible que, después de tantos padecimientos, quienes resulten responsables de estos hechos puedan disfrutar tranquilamente de sus fortunas y privilegios mientras las familias de las víctimas continúan esperando una respuesta de los tribunales.
La persecución judicial de los responsables de crímenes graves tampoco puede quedar limitada por las fronteras nacionales. La historia recuerda el caso de Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores de la maquinaria de deportación y exterminio del régimen nazi, quien consiguió escapar de Europa y establecerse clandestinamente en Argentina. En 1960 fue localizado y capturado por agentes israelíes, trasladado a Jerusalén y sometido a un proceso judicial que adquirió enorme trascendencia internacional. Las controversias jurídicas suscitadas por aquella operación, particularmente respecto de la soberanía argentina, no pueden ignorarse. Sin embargo, la persistencia en la búsqueda de Eichmann demuestra que el paso del tiempo y la distancia geográfica no necesariamente aseguran la impunidad de quienes participaron en atrocidades. Venezuela deberá utilizar los mecanismos legítimos de cooperación judicial internacional, las extradiciones y las jurisdicciones competentes para procurar que quienes sean acusados fundadamente de crímenes graves comparezcan ante la justicia, independientemente del país donde intenten establecerse.
En este contexto, resulta indispensable promover una organización venezolana e internacional por la justicia, la memoria y la reparación, integrada por familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos, juristas, investigadores y representantes de la diáspora. Su función debería consistir en contribuir a la preservación de pruebas, documentar los hechos, acompañar las investigaciones y mantener una vigilancia permanente sobre los acuerdos que pudieran comprometer la persecución judicial de los delitos más graves. Venezuela necesita una sociedad civil capaz de reclamar justicia con perseverancia y fundamento jurídico, sin quedar subordinada a los intereses circunstanciales de los dirigentes políticos. Esa tarea debe comenzar desde ahora, porque la reconstrucción de la justicia no puede improvisarse cuando finalmente llegue el momento de ejercerla.
Muchos de quienes participaron en las estructuras del poder todavía son relativamente jóvenes. Algunos podrían aspirar a disfrutar durante décadas los beneficios económicos y políticos acumulados mientras ocuparon posiciones de autoridad. Si las investigaciones demuestran que participaron en crímenes graves, deberán enfrentar las consecuencias penales correspondientes, incluso cuando ello implique largos años de privación de libertad. No existe razón jurídica ni moral para conceder privilegios derivados de la antigua posición institucional, de la fortuna personal o de los acuerdos que eventualmente puedan celebrarse para facilitar una transición. Las garantías del debido proceso deberán respetarse escrupulosamente, precisamente porque la nueva justicia venezolana tendrá la obligación de demostrar su superioridad institucional frente al sistema que pretende sustituir.
La reconciliación nacional será necesaria y probablemente difícil. Después de tantos años de confrontaciones, Venezuela tendrá que recuperar la convivencia, reconstruir sus instituciones y aprender nuevamente a resolver sus diferencias dentro de las reglas democráticas. Pero esa reconciliación no puede surgir de una amnesia impuesta por quienes negocien el futuro político del país. Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, a recibir reparación y a exigir que se investiguen los delitos cometidos. Si eso no lo hacen los políticos, el pueblo buscará a otros que les representen para que al fin se logre aplicar la justicia. Los venezolanos que permanecieron en el territorio nacional y quienes tuvimos que marcharnos compartimos el interés de recuperar un país donde las libertades sean respetadas y donde ninguna autoridad pueda utilizar el Estado para perseguir a sus adversarios.
También deberán asumir sus responsabilidades políticas y morales quienes, después de haber promovido y designado un Tribunal Supremo de Justicia, abandonaron a sus magistrados a su suerte en el exilio, desentendiéndose de las consecuencias de sus propias decisiones y llegando, incluso, a burlarse de quienes habían asumido riesgos personales y familiares en defensa de la institucionalidad democrática. El ejercicio del liderazgo entraña una responsabilidad que no desaparece cuando las circunstancias se vuelven adversas. Max Weber distinguía la ética de la convicción de la ética de la responsabilidad, precisamente para advertir que quien ejerce el poder debe responder por las consecuencias previsibles de sus actos. No puede invocarse la legitimidad de una institución para obtener beneficios políticos y después desconocer a quienes la integran cuando su existencia deja de resultar conveniente. Abandonar a quienes se comprometieron con una causa por mandato de sus propios promotores constituye una grave forma de irresponsabilidad política y una traición a la confianza depositada en el liderazgo.
Por más decisiva que resulte la participación de Estados Unidos en la conducción o el acompañamiento de la transición venezolana, ello no le confiere autoridad moral para exigirnos que pasemos la página y olvidemos los crímenes cometidos. Conviene recordar que fue precisamente Estados Unidos una de las principales potencias impulsoras de los juicios de Núremberg y de Tokio, convencida entonces de que la reconstrucción del orden internacional exigía establecer responsabilidades por las atrocidades de la guerra. Estados Unidos ha demostrado históricamente su determinación de perseguir a quienes han causado graves daños a su nación y no puede pretender que otros pueblos renuncien a reclamar lo mismo. Cada sociedad es dueña de su destino y tiene el derecho irrenunciable de decidir cómo enfrentar su pasado y reconstruir sus instituciones. Venezuela deberá contar, tarde o temprano, con una diplomacia suficientemente sólida, profesional y respetable, capaz de hacer comprender a Washington que nuestra relación bilateral no puede construirse sobre la exigencia de convivir impunemente con quienes contribuyeron a destruir el tejido social venezolano. La cooperación internacional será indispensable, pero jamás podrá sustituir nuestra soberanía moral y jurídica para exigir justicia. Ninguna potencia extranjera tiene derecho a disponer de la memoria de nuestras víctimas ni a negociar, en nuestro nombre, la impunidad de sus victimarios.
Las negociaciones podrán establecer tiempos, condiciones y mecanismos para facilitar el cambio político. Habrá asuntos difíciles sobre los cuales será indispensable alcanzar acuerdos, incluso con quienes durante años ejercieron el poder. Pero ninguna dirigencia debería atribuirse el derecho de disponer de la justicia que corresponde a las víctimas, especialmente cuando se trata de crímenes internacionales respecto de los cuales existen obligaciones de investigación y sanción. Venezuela necesita recuperar la democracia, pero también necesita esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades que correspondan. Una transición que no resuelva esa deuda dejará pendiente una de las causas fundamentales de nuestra tragedia. Todo cuanto sea jurídicamente legítimo y políticamente necesario para recuperar la democracia podrá discutirse. La impunidad por los crímenes más graves, no. He ahí la victoria que debemos construir como nación para abrazar al final de este difícil camino ese “nunca más”, que esperamos.