Rodrigo Méndez | La dinastía Rangel: cuatro generaciones ante el tesoro público y el candado del apellido

 En Venezuela, el poder público suele presentarse como vocación de servicio. Pero cuando una misma familia aparece, a lo largo de generaciones, cerca de cargos, contratos y redes de influencia, la pregunta ciudadana es inevitable: ¿se abrió el Estado al mérito o se cerró como patrimonio? La historia de los Rangel permite examinar esa pregunta. No para atribuir culpa por parentesco, sino para mirar cómo se reparte el acceso a la administración, quién controla el dinero público y quién puede exigir cuentas. La pregunta, sin embargo, es más antigua que un apellido: ¿por qué los frutos de una tierra tan rica no llegan con equidad a quienes la trabajan?

En 1813, durante la guerra de independencia, Simón Bolívar proclamó la Guerra a Muerte en medio de una violencia que ya había dejado víctimas en ambos bandos. La proclama trazó una distinción extrema entre españoles y canarios que no apoyaran activamente la independencia y los americanos. No fue una ley de reparto de propiedades. En 1820, el Tratado de Regularización de la Guerra derogó aquella proclama e intentó poner reglas a una contienda que había desbordado sus límites.

Cuatro años después de la proclama, el 10 de octubre de 1817, Bolívar promulgó en Angostura la Ley de Repartición de Bienes Nacionales. Dispuso que propiedades secuestradas o confiscadas a españoles y americanos realistas, si no se destinaban al erario, se adjudicaran a generales, jefes, oficiales y soldados según su rango. Además, el Gobierno se reservó la facultad de ceder propiedades para premiar acciones distinguidas. El texto justificó el reparto como recompensa por los sacrificios del ejército. Pero detrás de la categoría política de “realista” estaban bienes y frutos del trabajo civil. La ley organiza la adjudicación; en su propio texto no ofrece una determinación individual de la inocencia o culpabilidad de cada propietario.

Esa medida no demuestra por sí sola el origen de la corrupción contemporánea ni traza una línea automática entre la independencia y los abusos actuales. Sí deja una tensión fundacional: la patria que se estaba formando podía premiar al militar con el patrimonio de otro ciudadano situado en la acera contraria de una guerra entre compatriotas. Para el autor, allí asoma el “pecado original” de una república que todavía no logra repartir equitativamente los frutos de su tierra. Es una interpretación histórica y moral, no una acusación penal ni una explicación única del presente.

Con ese marco, la trayectoria familiar merece revisión documental. La filiación entre Carlos Rangel Garbiras y el coronel José Vicente Rangel Cárdenas se ha descrito de distintas maneras: como hijo, sobrino o nieto. Un estudio del Boletín de la Academia Nacional de la Historia lo identifica como sobrino. La línea posterior está documentada: Rangel Cárdenas fue padre de José Vicente Rangel Vale, y este, de José Vicente Rangel Ávalos. Por ello, “cuatro generaciones” describe una presencia familiar extendida en la vida pública, pero el vínculo exacto con Garbiras debe asentarse en documentos genealógicos.

Carlos Rangel Garbiras ocupó responsabilidades de alto nivel: presidió el Gran Estado de los Andes, fue senador y presidente del Senado, y ejerció como ministro plenipotenciario. José Vicente Rangel Cárdenas trabajó en el Ministerio de Obras Públicas y presidió el estado Zamora durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. En 1946, un Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa lo condenó por su gestión estatal y ordenó despojarlo de propiedades. El estudio histórico que revisó el expediente advierte que no localizó la motivación de la condena, solo la decisión. En 1951, el Ejecutivo restituyó los bienes y dispuso compensarlo. Hubo una decisión estatal grave y una reversión posterior; sin la fundamentación completa no corresponde llamar a ese episodio, sin más, un saqueo probado.

José Vicente Rangel Vale, hijo del coronel, fue diputado, canciller, ministro de Defensa y vicepresidente durante el gobierno de Hugo Chávez. Antes había alcanzado notoriedad como periodista de investigación al denunciar casos de corrupción, entre ellos el expediente que contribuyó al proceso político contra Carlos Andrés Pérez. Sus críticos señalaron una paradoja: desde el poder y en su programa de opinión no mantuvo, a su juicio, la misma intensidad ante los escándalos de la etapa chavista. Esa es una crítica a su desempeño público; no demuestra que participara en actos ilícitos.

También se han publicado señalamientos políticos sobre su supuesta intervención en expedientes sensibles, incluidos los homicidios de José Alberto Totesaut Saliceti y del fiscal Danilo Anderson. Una columna de Diario Las Américas formuló sospechas, pero no probó que Rangel Vale controlara esos expedientes ni estableció responsabilidad penal. En Venezuela, la independencia de jueces y fiscales y la actuación de cuerpos de seguridad han sido objeto de cuestionamientos documentados. Eso hace necesario verificar cada expediente con registros, testimonios corroborados y revisión independiente. No permite declarar de antemano que toda investigación sea parcial ni que toda denuncia sea cierta: la opacidad oficial y la acusación sin pruebas requieren, ambas, escrutinio.

José Vicente Rangel Ávalos, hijo de Rangel Vale, fue constituyente, viceministro y alcalde del municipio Sucre en dos períodos: 2000–2008 y 2017–2025. Un reportaje de Joseph Poliszuk, publicado por Transparencia Venezuela, documentó 360 contratos de obras y servicios adjudicados sin licitación a empresas relacionadas, según registros mercantiles, con familiares y allegados de su entorno. La investigación indicó que un grupo de contratistas habría concentrado más del 60 % del presupuesto municipal. En uno de los casos, una empresa vinculada a su cuñado debió devolver un anticipo y pagar una multa tras perder un litigio por una obra incumplida. Son hallazgos periodísticos y contractuales que justifican auditoría y respuesta; no equivalen a una condena penal del exalcalde.

En 2017, Canadá incluyó a Rangel Ávalos en una lista de sanciones adoptadas bajo la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos. El comunicado canadiense

describió al grupo sancionado como responsable o cómplice de graves violaciones de derechos humanos, actos importantes de corrupción, o ambas cosas, sin precisar en ese anuncio cuál fundamento correspondía individualmente a cada persona. Una sanción ejecutiva internacional no es una sentencia penal; una base de datos que recopila sanciones tampoco sustituye una decisión judicial.

En febrero de 2025, el Concejo Municipal aceptó la renuncia de Rangel Ávalos a la Alcaldía de Sucre. Efecto Cocuyo informó que no se ofreció una explicación pública clara sobre sus motivos. En redes circularon versiones de salud, disputas internas y supuestos vínculos con grupos delictivos; el medio las atribuyó a rumores y fuentes anónimas, no a una conclusión judicial. La responsabilidad periodística exige mantener esa distinción y no convertir rumores en hechos.

El “candado” del servicio público no se prueba contando apellidos. Se investiga examinando si hubo competencia real en las contrataciones, conflictos de interés declarados, beneficiarios finales identificables, funcionarios responsables de autorizar pagos y auditorías independientes. También requiere publicar criterios de nombramiento, declaraciones patrimoniales y resultados de control. Así se podrá determinar si la cercanía familiar o política sustituyó al mérito y a la igualdad de acceso.

¿Una historia de saqueos al tesoro nacional? La expresión recoge una indignación, pero los episodios documentados son distintos: un fallo administrativo de 1946 cuya motivación no se conoce y que fue revertido; denuncias de contrataciones favorecedoras y un litigio civil ganado por el municipio; una sanción canadiense cuyo comunicado no detalla la base individual; y rumores no probados sobre una renuncia. La investigación debe seguir contratos, registros, dinero y decisiones, sin borrar esas diferencias. La presencia pública de una familia durante varias generaciones no permite expedir un certificado colectivo de manos limpias, pero tampoco autoriza a condenar a todos por parentesco. La responsabilidad se establece persona por persona, con documentos, pruebas contrastables y debido proceso. El problema mayor aparece cuando el cargo parece heredarse, el militarismo se vuelve obediencia sin control y la riqueza común termina concentrada. Ningún apellido debe ser título de propiedad sobre el Estado. La tierra y sus frutos pertenecen a todos; abrir las cuentas, las instituciones y el servicio público al escrutinio es la manera de que la promesa de una república llegue también a quienes la trabajan.