Rodrigo Méndez | El fin de la soberanía
Las licencias del nuevo imperio
La caída de un dictador suele venderse al mundo como el nacimiento de la libertad. No obstante, en la periferia global, la libertad suele ser el preámbulo de una liquidación por cierre. Tras la captura de Nicolás Maduro y la instauración del gobierno interino presidido por Delcy Rodríguez, Venezuela no recuperó el control de su destino; simplemente cambió de acreedor. La reciente e histórica reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos es el acta de defunción del nacionalismo petrolero.
El relato oficial es impecable: el Estado venezolano retiene la soberanía in situ sobre los yacimientos. Una declaración lírica y jurídicamente inútil. En la práctica, el nuevo acuerdo bilateral con los Estados Unidos entrega a Washington el control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles de reservas probadas en la Faja Petrolífera del Orinoco. El monopolio histórico de PDVSA ha sido desmantelado para dar paso a una arquitectura de control absoluto diseñada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Este nuevo orden no es libre comercio; es una selectiva e implacable infraestructura de vigilancia financiera. Las corporaciones multinacionales —Chevron, Repsol, BP— regresa triunfantes bajo un esquema de exclusión geopolítica radical. El capital procedente de Rusia, Irán o China ha sido proscrito por decreto. Más alarmante aún: los fondos generados por la venta del crudo nacional no ingresarán a las arcas locales, sino que reposarán en cuentas controladas por el Departamento de Estado norteamericano. El libre uso de las divisas es hoy una utopía soberana.
Bajo la amenaza latente de aranceles secundarios del 25% para cualquier disidente comercial, el petróleo venezolano vuelve a fluir masivamente hacia el norte. El país celebra un incremento de producción a 1,2 millones de barriles diarios, mientras el ciudadano común observa cómo la riqueza nacional es administrada desde despachos extranjeros.
Ante una asimetría de poder tan brutal, el riesgo era evidente: convertir a Venezuela en el feudo personal de la facción política gobernante en Washington. Sin embargo, el Congreso estadounidense y los organismos de ética financiera internacional han levantado un muro de contención. Para prevenir que la administración de Donald Trump extraiga ventajas ilícitas o corporativas de su posición dominante, se han activado auditorías independientes que prohíben explícitamente cualquier beneficio directo a firmas vinculadas con el entorno presidencial. La pregunta es si este blindaje legal será suficiente frente a la audacia de quienes operan en las sombras.
El botín ha sido repartido por un siglo entero. Lea la entrega final: El siglo de los "Bolichicos": El pacto NABEP y las sombras del Pentágono.
