Alfonso Hernández Ortiz | El trote en Fuerte Tiuna y la nueva gramática del poder en Venezuela
Hay escenas políticas cuya relevancia no reside en el comunicado oficial que las acompaña, sino en la regla no escrita que dejan al descubierto. La presencia en Caracas de Pete Hegseth, el jefe del Pentágono bajo cuya conducción se ejecutó la operación del 3 de enero que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, pertenece a esa categoría. Recibido con protocolo en Miraflores por Delcy Rodríguez y el alto mando para suscribir acuerdos de cooperación militar, Hegseth trotó horas antes en las inmediaciones de Fuerte Tiuna vistiendo una franela con la inscripción "This is War". En mi opinión, ese contraste entre el saludo institucional y la prenda de guerra no es una contradicción casual, sino la puesta en escena de una transición tutelada donde la supremacía militar redefine la política venezolana, obliga al chavismo a desmontar su dogma antiimperialista y traslada la disputa real hacia las reglas electorales e institucionales de 2027.
Para sostener este argumento desde la ciencia política conviene empezar por la relación entre fuerza y lenguaje, porque en el poder nada ocurre fuera de un código. Carl von Clausewitz enseñó que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y su verdadero desenlace ocurre cuando la voluntad de un actor queda encuadrada dentro de los límites que fija el vencedor. Thomas Schelling llevó esa lógica al terreno de las señales silenciosas, mostrando que un gesto físico o una presencia estratégica ordenan jerarquías sin necesidad de disparar un solo tiro adicional. Si sumamos la lectura semiótica de Roland Barthes y Murray Edelman sobre el espectáculo político, entendemos por qué el comunicado habla de cooperación técnica y militar mientras la camiseta en Fuerte Tiuna recuerda quién impuso el marco de la negociación. Ese primer movimiento en el terreno castrense es precisamente el que explica todo lo que ocurre después puertas adentro del Estado venezolano.
Cuando la correlación de fuerzas cambia de manera tan visible, la primera consecuencia no se produce en la diplomacia sino en la ideología que sostiene al poder. La reunión de Delcy Rodríguez con el alto mando político y militar después de la visita muestra el esfuerzo por administrar internamente un giro que contradice veinticinco años de relato oficial. El antiimperialismo doctrinario de Hugo Chávez, que funcionó durante décadas como cemento de identidad y obediencia, cede ahora ante una lógica de supervivencia estatal. Nicolás Maquiavelo advirtió que cuando conservar el mando entra en conflicto con los principios proclamados, el gobernante sacrifica el dogma para preservar el control del aparato. Sin embargo, esa adaptación pragmática tiene un costo inmediato, porque desde mi análisis abre una fractura silenciosa con el chavismo radical, que observa cómo se archivan las consignas históricas mientras el ejecutivo negocia su propia reinserción.
Esa necesidad de supervivencia interna conecta directamente con el tablero externo, porque el oxígeno financiero y político del nuevo arreglo pasa por Washington y por el negocio petrolero. Bajo la conducción de Donald Trump y el empuje de las grandes corporaciones energéticas, la estabilidad del suministro y el control geopolítico del hemisferio pesan hoy más que la pureza ideológica. No obstante, sería un error leer a Estados Unidos como un bloque homogéneo tras las elecciones de medio mandato de noviembre y con la carrera hacia 2028 ya en marcha. En la política norteamericana conviven hoy la línea más exigente representada por Marco Rubio, los matices de repliegue estratégico vinculados a JD Vance y la presión de una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes dispuesta a auditar los contratos energéticos y exigir contrapartidas democráticas verificables.
Esa misma tensión entre el arreglo energético y la exigencia institucional se reproduce en el campo opositor venezolano, que llega a esta coyuntura dividido en tres dinámicas con distinto peso real. María Corina Machado, ya de regreso en el país, sostiene una estrategia de presión ciudadana y demanda institucional que exige renovar simultáneamente el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, advirtiendo que ninguna estabilidad petrolera puede sustituir la soberanía popular. En un segundo plano, la mesa de diálogo intenta procesar acuerdos técnicos sobre garantías y plazos, aunque carga con el déficit de no representar la fuerza social movilizada en las calles. Y en el margen aparecen los llamados alacranes, reducidos a un papel meramente decorativo en una partida cuyas decisiones centrales se discuten fuera de su alcance.
A estas alturas del análisis conviene detenerse en una distinción que suele perderse entre el ruido geopolítico, y es que gobernabilidad no equivale a democracia. Un acuerdo entre potencias y cúpulas puede estabilizar flujos de crudo, ordenar pagos o reducir tensiones militares, pero no construye por sí solo Estado de derecho ni legitimidad política. Mientras el partido, el gobierno, la Fuerza Armada y el Estado sigan funcionando como una misma estructura confundida, cualquier apertura será frágil y reversible. Desde mi perspectiva, la verdadera prueba jurídica de esta etapa consiste en devolver independencia real al TSJ y construir un CNE confiable, porque sin árbitros imparciales el voto deja de ser un instrumento de decisión soberana para convertirse en un trámite administrativo.
Si unimos todos estos hilos bajo la metodología prospectiva de Michel Godet, el horizonte de 2027 deja abiertos tres escenarios posibles según cómo se resuelva la tensión entre geopolítica e instituciones. El primero es una transición pactada donde la presión ciudadana, el escrutinio del Congreso estadounidense y el cálculo de salida ordenada conduzcan a una renovación real del TSJ y del CNE y a elecciones presidenciales competitivas. El segundo es un modelo transaccional de coexistencia tutelada, sostenido en acuerdos petroleros y de seguridad entre Washington y Miraflores, pero con reformas políticas graduales o cosméticas que prolonguen la incertidumbre. El tercero es una fractura interna del chavismo, si el sector radical decide que el costo simbólico y político de la negociación es intolerable y sabotea la gobernabilidad desde los mandos medios del Estado.
Vuelvo así a la imagen inicial del trote en Fuerte Tiuna y la mesa en Miraflores con una conclusión clara. La geopolítica ya movió las piezas del tablero venezolano con una contundencia que pocos imaginaban hace apenas unos meses, pero el desenlace de 2027 sigue abierto. Los pactos entre gobiernos y corporaciones pueden administrar una tregua, mas nunca reemplazan el consentimiento de una sociedad que exige decidir su destino. Considero que la pregunta decisiva de este tiempo no es cuántos acuerdos militares o energéticos se firman en los salones oficiales, sino si Venezuela logra convertir esta coyuntura en instituciones legítimas, voto libre y soberanía real.
