Rodrigo Méndez | El Estado fragmentado
Gobernanza criminal y urgencia democrática en Venezuela
La crisis venezolana no se explica solo por quién ocupa el poder ni por la disputa entre corrientes ideológicas. También se expresa en la pérdida de autoridad pública sobre territorios y economías decisivos. En varias zonas mineras del sur, grupos armados imponen reglas, cobran por el acceso a los yacimientos y condicionan la vida de las comunidades. La presencia estatal no ha desaparecido por completo, pero convive con poderes que actúan al margen de la ley y con denuncias de corrupción y connivencia institucional.
La administración de Donald Trump ha presentado una política hemisférica bajo el rótulo de «Doctrina Donroe», que retoma la tradición de la Doctrina Monroe y coloca la seguridad regional en primer plano. Ese giro merece atención, pero el alineamiento ideológico de los gobiernos no equivale por sí mismo a democracia. La salida venezolana tampoco puede reducirse a una operación de seguridad ni a sustituir una alianza política por otra: exige instituciones responsables ante la ciudadanía y sometidas a controles públicos. [6]
Petróleo y oro bajo una misma dependencia
La economía venezolana continúa atada a la renta de los recursos naturales. Según datos de producción comunicados a la OPEP y citados por Reuters, el país produjo alrededor de 1,2 millones de barriles diarios en agosto de 2026. Esa recuperación es limitada y no representa, por sí sola, una reconstrucción económica. Ejecutivos del sector consultados por Reuters advirtieron que el déficit eléctrico supera los 1.500 megavatios y limita la posibilidad de ampliar la actividad petrolera. [1, 2]
A esa dependencia se suma el oro. SOSOrinoco describe el Arco Minero del Orinoco como un área de 111.843 kilómetros cuadrados. La minería ilegal y no regulada ha causado daños ambientales y riesgos graves para la salud y los derechos de quienes viven y trabajan en la región. En 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó sobre explotación laboral y control criminal en el área minera. [3, 4]
El problema no es que Venezuela produzca petróleo u oro. Es que la riqueza se extrae sin reglas confiables, transparencia suficiente ni garantías para las comunidades. Un aumento de las exportaciones no constituye soberanía si la ciudadanía desconoce quién recibe las concesiones, quién controla los ingresos y qué costo humano y ambiental deja la explotación.
Cuando el territorio tiene más de una autoridad
Un informe de SOSOrinoco sobre el período 2022–2026 identifica al menos 26 grupos armados organizados en el sur de Venezuela y documenta su presencia en 20 de los 21 municipios examinados. El estudio describe vínculos entre minería ilícita, control territorial, corrupción y vulneraciones de derechos. Estas cifras muestran la extensión del fenómeno; no significan que cada grupo controle todos los municipios ni que todos los funcionarios estén implicados. Las responsabilidades deben investigarse y probarse caso por caso. [5]
En distintas localidades operan guerrillas colombianas, facciones disidentes y organizaciones armadas locales. Sus prácticas pueden incluir extorsión, control de accesos e imposición de normas. Cuando las autoridades intervienen en el mismo entorno sin transparencia, se vuelve difícil distinguir entre protección, tolerancia y complicidad. Esa opacidad erosiona la confianza y deja a los habitantes expuestos tanto a la violencia de los grupos como a los abusos de quienes deberían protegerlos.
Por eso, un operativo militar o la muerte de un cabecilla no bastan para demostrar que se desmontó la economía criminal. El resultado debe medirse por la reducción sostenida de la extorsión, la protección de mineros y pueblos indígenas, la investigación de abusos y la identificación pública de quienes controlan las minas y sus ingresos. La seguridad es indispensable; sin justicia y rendición de cuentas, puede cambiar quien ejerce el poder sin transformar la estructura.
La transición debe reconstruir autoridad legítima
La transición democrática venezolana es también una necesidad regional. El colapso institucional alimenta la migración forzada y facilita actividades ilícitas que cruzan fronteras. Una política continental eficaz debe proteger derechos y fortalecer instituciones; la mano dura no sustituye al Estado de derecho.
La reconstrucción exige, al menos, cuatro tareas relacionadas. Primero, recuperar el carácter profesional y constitucional de la Fuerza Armada, someterla al control civil y separar a sus mandos de la administración de rentas mineras y petroleras. Segundo, publicar contratos, concesiones, beneficiarios finales e ingresos, y someterlos a auditorías independientes. Tercero, proteger a las comunidades indígenas, trabajadores y residentes, investigar las denuncias de extorsión y explotación, y garantizar el debido proceso. Cuarto, restablecer condiciones electorales competitivas: una autoridad electoral independiente, participación de todas las fuerzas políticas, libertad de organización, liberación de presos políticos y observación internacional confiable.
La ONU y la OEA pueden contribuir con observación y asistencia técnica si cuentan con autonomía y acceso. Ninguna misión externa reemplaza la voluntad de los venezolanos; su función es ayudar a verificar que puedan expresarla sin coacción.
Venezuela no recuperará su soberanía porque cambie el socio que compra su petróleo ni porque un grupo armado sea desplazado por otro poder opaco. La recuperará cuando la ley rija en todo el territorio, los recursos se administren a la vista de la ciudadanía y los gobernantes puedan ser reemplazados mediante el voto. Esa es la diferencia entre una nueva distribución del botín y una transición democrática.