Rafael Uzcátegui | Las transiciones que no fueron

Las referencias tienen sentido. Ambos casos demostraron que una transición puede comenzar dentro de las estructuras de un régimen autoritario. De allí surge una idea poderosa: no es necesario esperar la derrota completa del autoritarismo; quizás algunos de quienes hoy forman parte de él puedan convertirse mañana en protagonistas de su transformación.

El problema no está en rememorar España o Chile. La experiencia comparada siempre ayuda. El detalle es recordar solamente España y Chile.

La historia política ofrece otros ejemplos. Ha habido gobiernos autoritarios que liberaron presos, disminuyeron la censura, permitieron espacios de deliberación, toleraron opositores e incluso realizaron elecciones competitivas sin que esos procesos terminaran consolidando una democracia. Incorporar también esas situaciones nos ayuda a complejizar la conversación.

Siria: la primavera que duró poco

Cuando Bashar al-Assad asumió la presidencia de Siria en julio de 2000 tenía 34 años. Sucedía a su padre, Hafez al-Assad, quien había gobernado autoritariamente el país durante tres décadas.

Bashar representaba, al menos en apariencia, algo diferente. Había estudiado oftalmología y vivido durante un tiempo en Londres, pertenecía a otra generación y en su primer discurso presidencial habló de modernización, transparencia, crítica constructiva y democracia. Por tanto, su llegada generó expectativas dentro y fuera del país.

Siria comenzó a respirar un aire diferente. Empezaron a funcionar los llamados “muntadat”, foros o salones para la discusión política que reunían a intelectuales, académicos y activistas. También circularon documentos públicos. Uno de los más conocidos, el “Manifiesto de los 99”, reclamaba el levantamiento del estado de emergencia, la liberación de presos políticos, el regreso seguro de los exiliados y mayores libertades políticas y civiles.

Además, hubo gestos desde el propio Estado. En noviembre de 2000 fue cerrada la prisión de Mezze, asociada durante décadas con la represión política, y cientos de presos políticos fueron liberados. Aquel breve período recibió un nombre poético: la Primavera de Damasco.

Sin embargo, las estructuras que garantizaban el poder del régimen permanecían intactas: los poderosos organismos de seguridad, el estado de emergencia vigente desde 1963, el predominio del partido Baaz y, sobre todo, la capacidad del gobierno para decidir unilateralmente cuánto espacio político estaba dispuesto a conceder.

Un año después comenzó la ofensiva contra los nuevos espacios políticos: Fueron detenidos diez destacados dirigentes opositores, varios de los foros fueron cerrados y algunos de sus principales participantes terminaron condenados a años de prisión.

Veinticuatro años después de aquella promesa inicial de apertura, el régimen de Bashar al-Assad terminó derrumbándose, pero no como resultado de una transición pactada. Tras trece años de guerra, una ofensiva rebelde tomó Damasco en diciembre de 2024 y Assad huyó del país. En 2026 Siria vive una nueva y todavía incierta transición, encabezada por Ahmed al-Sharaa, antiguo líder de la organización islamista Hayat Tahrir al-Sham, quien asumió la presidencia transitoria en enero de 2025. El partido Baaz, el antiguo Parlamento y los organismos de seguridad del régimen fueron disueltos, y una declaración constitucional estableció un período transitorio de cinco años. Sin embargo, el nuevo sistema concentra amplios poderes en la Presidencia, persisten tensiones territoriales, sectarias y de seguridad, y todavía no puede saberse si el derrumbe de una dictadura desembocará finalmente en una democracia.

Myanmar: cuando la apertura llegó mucho más lejos

Myanmar había pasado décadas bajo gobiernos militares. En marzo de 2011 asumió la presidencia Thein Sein, un antiguo general que había sido primer ministro durante los últimos años de la junta militar.

Algo importante ocurrió antes: Aung San Suu Kyi, la figura más conocida de la oposición democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, había sido liberada de su último período de arresto domiciliario en noviembre de 2010. Sein tomó decisiones que parecían anunciar un nuevo momento político en el país.

Durante los años siguientes fueron liberados cientos de presos políticos. Se redujeron las restricciones sobre los medios y en 2012 se eliminaron importantes mecanismos de censura previa. Se aprobaron nuevas posibilidades de organización sindical y protesta laboral. Aumentó el espacio para organizaciones de la sociedad civil y para la actividad política opositora. La propia Suu Kyi decidió participar nuevamente en el sistema político.

En las elecciones parciales de abril de 2012 ocurrió algo que pocos años antes habría parecido extraordinario: Suu Kyi obtuvo un escaño en el Parlamento y su partido consiguió una victoria abrumadora en los puestos que disputó. La estrategia de transición a fuego lento parecía avanzar.

En las elecciones generales de noviembre de 2015, la Liga Nacional para la Democracia (la organización de Suu Kyi) obtuvo una victoria aplastante. El partido oficialista aceptó el resultado y, en marzo de 2016, se produjo la transferencia de poder a un gobierno encabezado por la fuerza política que durante décadas había sido perseguida por el régimen.

La realidad parecía confirmar a quienes sostienen que las transiciones son sinuosas: Persistieron conflictos armados, restricciones y graves violaciones de derechos humanos, especialmente contra minorías étnicas. La transformación política convivía con importantes continuidades autoritarias.

No obstante, los militares habían permitido la apertura sin abandonar completamente el poder. La Constitución les reservaba automáticamente una cuarta parte de los escaños del Parlamento y el control de ministerios fundamentales para la seguridad del país. Además, cualquier reforma constitucional importante necesitaba más del 75% de los votos parlamentarios. En términos sencillos: aunque la oposición ganara las elecciones, los militares conservaban suficientes resortes para impedir que se modificaran las reglas que los protegían.

En el año 2020, en una nueva ronda electoral, el partido de Suu Kyi volvió a obtener una victoria contundente, mientras la organización respaldada por los militares sufrió una severa derrota. Meses después, el 1 de febrero de 2021, los militares dieron un golpe de Estado. Detuvieron a Suu Kyi, al presidente y a otros dirigentes políticos, desconocieron el resultado electoral y recuperaron directamente el control del país. Las protestas contra el golpe fueron reprimidas y la crisis derivó en un conflicto armado que continúa hasta hoy. En 2026 Myanmar está nuevamente bajo dominio militar y buena parte del territorio es escenario de una guerra entre el Ejército y distintas fuerzas de resistencia.

Siria y Myanmar muestran algo que conviene recordar: una apertura puede detenerse, una liberalización puede revertirse y una democratización puede fracasar. Ninguna concesión particular permite saber de antemano cuál será el destino del proceso.

Dejar espacio a la posibilidad sin renunciar a la lucidez

Estas experiencias aportan una manera diferente de aproximarnos al debate venezolano: Reconocer una apertura concreta no obliga a proclamar que comenzó una transición democrática. Pero mantener una posición crítica frente al gobierno tampoco debería obligarnos a negar cualquier cambio simplemente porque resulte insuficiente.

Entre ambas posiciones existe un espacio mucho más interesante para el análisis. Podemos reconocer la liberación de un preso como un avance y simultáneamente preguntar por qué existen todavía presos políticos. Podemos valorar que un medio vuelva a ser accesible y al mismo tiempo preguntarnos si existen garantías para que mañana no vuelva a ser bloqueado. Podemos considerar positiva una mesa de diálogo y preguntarnos quiénes participan, quiénes están excluidos y qué capacidad tiene ese espacio para modificar decisiones reales.

Todos coincidimos que una transición es un lapso de incertidumbre. Pero eso nos debería llevar a hacernos preguntas difíciles y en voz alta, no al silencio bajo el argumento de “no sabotear el proceso”. España y Chile están ahí. Pero también Siria y Myanmar.

*Artículo difundido en Tal Cual