Rafael Uzcátegui | DDHH: ¿Qué es un preso político?
Hace unos días, María Corina Machado visitó las inmediaciones de El Rodeo para, megáfono en mano, dirigir unas palabras a los presos políticos recluidos en esa instalación. Durante su discurso leyó una lista de personas detenidas que, posteriormente, generó controversia por la inclusión de personas provenientes del oficialismo.
¿Qué es un preso político? La discusión está lejos de resolverse. Hay quienes plantean que solo puede calificarse de esa manera a personas detenidas por haber actuado o expresado críticas contra un gobierno o una ideología. Para ayudarnos en esta conversación hemos revisado qué dicen sobre el tema los organismos internacionales con competencia en derechos humanos.
Aunque la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han desarrollado numerosos estándares para identificar detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos fundamentales, no han adoptado una definición general de “preso político” que establezca criterios específicos para reconocer esta condición. Por ello debemos consultar una definición de otras latitudes: en Europa. En 2012, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, organización regional comparable a la OEA, aprobó la Resolución 1900, que establece cinco criterios para determinar cuándo una persona privada de libertad puede ser considerada presa política, basados en estándares internacionales de derechos humanos.
La Resolución 1900
El Consejo de Europa es una organización internacional fundada después de la Segunda Guerra Mundial para defender la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Actualmente reúne a 46 países y cuenta con un sistema regional de protección de derechos humanos.
La definición adoptada por su Asamblea Parlamentaria en 2012 surgió de controversias sobre presos políticos en Armenia y Azerbaiyán, dos antiguas repúblicas soviéticas, ante los desacuerdos sobre quiénes debían ser reconocidos como tales.
Estos cinco criterios no son acumulativos. Es decir, basta con que una persona cumpla uno de ellos para que pueda ser considerada presa política conforme a esta definición. Citaremos literalmente la resolución:
a) Si la detención ha sido impuesta en violación de alguna de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos (CEDH), en particular la libertad de pensamiento, conciencia y religión; la libertad de expresión e información; y la libertad de reunión y asociación.
b) Si la detención ha sido impuesta por razones exclusivamente políticas, sin relación con ningún delito.
c) Si, por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas en relación con el delito por el cual la persona ha sido declarada culpable o del que se sospecha que es responsable.
d) Si, por motivos políticos, la persona es detenida de manera discriminatoria en comparación con otras personas.
e) Si la detención es el resultado de un procedimiento manifiestamente injusto y existen indicios de que dicha injusticia está relacionada con motivaciones políticas de las autoridades.
Un debate a la venezolana
La resolución europea permite abordar un problema que está presente en el debate entre nosotros: la tendencia a identificar como presos políticos únicamente a personas de una determinada corriente ideológica.
Estos criterios se concentran en las circunstancias de la detención y permiten examinar incluso casos en los que existen acusaciones penales o condenas. Esto abre una discusión sobre personas que participaron anteriormente en el gobierno y posteriormente fueron encarceladas tras conflictos con las autoridades.
La definición permite reconocer posibles violaciones de sus derechos, y esto es lo clave, sin prejuzgar su inocencia ni eliminar eventuales responsabilidades por actuaciones anteriores.
Una conversación áspera
Luego de tantos años de represión e impunidad, que incluyeron 17 meses de terrorismo de Estado, este es un debate cargado de emociones. Para quienes han sufrido directamente la represión, o han acompañado durante años a sus víctimas, puede resultar difícil aceptar que personas vinculadas anteriormente al poder sean reconocidas bajo la misma categoría que quienes fueron perseguidos por enfrentarlo. En algunos casos, incluso, pueden existir señalamientos sobre la participación de esas personas en las políticas represivas que hoy denunciamos.
Precisamente por la complejidad de este debate, necesitamos una perspectiva de derechos humanos que nos permita evaluar cada situación con criterios consistentes, independientemente de nuestras simpatías, antipatías o experiencias personales.
El principio de universalidad nos exige defender las mismas garantías para todas las personas, incluyendo aquellas con las que tenemos profundas diferencias o cuyos actos anteriores cuestionamos. Y esto puede ser particularmente complicado en una sociedad como la nuestra, donde las heridas siguen abiertas y los victimarios continúan en el poder.
Esta dificultad me recordó una escena de la serie Bajo asedio (Palacio), estrenada recientemente en Netflix. Sus ocho capítulos recrean la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, realizada por el M-19 en noviembre de 1985, el sangriento enfrentamiento, el trágico saldo y la lucha de los familiares de las personas que finalmente resultaron desaparecidas.
Uno de los personajes principales es el abogado Eduardo Umaña, quien acompaña a quienes exigían saber el destino de sus seres queridos. Umaña presenta en una asamblea a la hermana de la guerrillera Irma Franco, quien tiene evidencias de que su familiar habría sido detenida con vida durante la operación, lo que constituía un elemento probatorio clave de las irregularidades en la actuación del Ejército.
En la reunión, otro familiar se levanta para rechazar que su hijo sea vinculado con comunistas y se retira furiosamente junto a otras personas. Ante ello, Umaña se mantiene firme y expresa: “Los desaparecidos son desaparecidos sin importar su ideología”.
Uno de los retos más difíciles de una futura reconciliación venezolana será aprender a reconocer los derechos de quienes anteriormente contribuyeron a vulnerarlos. Eso exigirá instituciones capaces de proteger a todas las personas y de investigar las responsabilidades de cada una, sin privilegios ni excepciones, dando respuestas efectivas a los reclamos de las víctimas y sus familiares.
Y aquí queremos subrayar algo: reconocer estos derechos no implica avalar la impunidad. Lejos estoy del “borrón y cuenta nueva”. La justicia que necesitamos deberá ser suficientemente independiente para garantizar ambas cosas.
Artículo publicado en Tal Cual