Nacho Montes de Oca | Putin y el regreso silencioso a la URSS
Luego de diezmar 21 almacenes de Wildberries, Ucrania acaba de comenzar a demoler también a la cadena Ozon. Y la consecuencia directa es que Vladímir Putin firme un decreto para amenazar a los empresarios rusos: si una empresa no consigue proteger sus instalaciones de los drones ucranianos o demora demasiado su reconstrucción, el Estado puede tomar temporalmente el control de sus activos.
El decreto, firmado el lunes 24 de agosto de 2026, entró en vigor al día siguiente. Alcanza infraestructura de energía, industria, comunicaciones, transporte y logística y permite intervenir bienes físicos, financieros e incluso derechos formales de propiedad. Reuters informó que la medida apunta a instalaciones consideradas críticas para la seguridad nacional y la estabilidad económica.
La medida fue presentada por el Kremlin como una forma de resguardar infraestructura crítica. Pero contiene una señal mucho más profunda: ahora la incapacidad de una empresa privada para protegerse de la guerra puede convertirse en un argumento para que el Estado se quede con su administración. En otras palabras, una compañía puede ser atacada por Ucrania y terminar pagando un costo extra al perder el control sobre sus propios activos.
La medida despertó resistencias en Rusia. Euronews recogió la reacción del abogado Sergei Uchítel, que advirtió que la palabra "temporal" no debe tomarse literalmente: en la práctica, la dirección externa le quita a la empresa el control de su estrategia y termina forzándola a vender en condiciones que difícilmente pueden calificarse de voluntarias. Un directivo de un holding agroindustrial ruso, hablando de forma anónima con Forbes Rusia, fue más lejos: calificó el decreto de instrumento para quitar grandes activos bajo el pretexto de una supuesta infracción de seguridad.
El gobierno insiste en que no se trata de una nacionalización y que el mecanismo será aplicado de manera selectiva. El primer viceprimer ministro Denis Manturov sostuvo que no buscan imponer una administración estatal masiva. Pero el problema está precisamente en la amplitud de la definición: el decreto alcanza no solo refinerías o instalaciones militares, sino también infraestructura logística, comunicaciones y otras instalaciones.
La pregunta, entonces, ya no es cuántas empresas puede confiscar el Kremlin, sino cuántas pueden considerarse realmente seguras de no terminar bajo control estatal.
El momento elegido tampoco es casual. Ucrania amplió su campaña de drones contra la infraestructura económica rusa mucho más allá de las zonas cercanas al frente: durante el primer semestre de 2026, impactaron refinerías rusas al menos 194 veces, 11 veces más que en el mismo período de 2025, según cálculos del Financial Times retomados por Euronews. Los almacenes de Wildberries fueron alcanzados 21 veces en 16 regiones desde mediados de julio, y en apenas tres días Ozon sufrió ataques contra 6 instalaciones logísticas distintas.
Ese es el verdadero significado de la medida. Putin no está restaurando la Unión Soviética ni pretende abolir de un día para otro la propiedad privada. Está construyendo algo diferente: un sistema en el que la propiedad privada sobrevive, pero pierde gradualmente su independencia frente al Estado; donde los empresarios pueden conservar sus fortunas mientras acepten las reglas del Kremlin; y donde la economía de mercado funciona cada vez más subordinada a las necesidades de una guerra que ya modificó la relación entre poder, dinero y propiedad.
El decreto es la señal de que ese proceso se está acelerando porque la guerra está obligando al Estado ruso a asumir funciones que antes pertenecían al sector privado. Y cuanto más golpea Ucrania, más argumentos obtiene el Kremlin para ampliar su intervención.
No existe un decreto que anuncie el regreso al comunismo ni una nacionalización general del sistema productivo. Sin embargo, la combinación de confiscaciones, intervención estatal, contratos obligatorios para la defensa, controles sobre el capital, restricciones laborales y rehabilitación de símbolos soviéticos alinea un patrón difícil de ignorar. Ese proceso comenzó antes de febrero de 2022, pero la invasión de Ucrania lo aceleró hasta convertir la propiedad privada en una cuestión cada vez más subordinada a la seguridad nacional.
Un informe del estudio jurídico NSP, difundido en 2025, contabilizó 102 empresas privadas confiscadas entre 2023 y junio de 2025, con activos valuados en 3,9 billones de rublos, unos 50.000 millones de dólares y cerca del 2% del PIB ruso. Recuentos posteriores, realizados con metodologías diferentes, elevaron considerablemente el valor de los activos transferidos al Estado desde el comienzo de la invasión.
Uno de los instrumentos centrales es el Decreto Presidencial N.º 302, que permite colocar activos de inversores de países considerados "inamistosos" bajo "administración temporal" de Rosimushchestvo, la agencia federal de bienes estatales. A ese mecanismo se suman demandas judiciales que cuestionan privatizaciones de los años noventa y causas por corrupción, extremismo o vínculos financieros con el exterior.
La lista de activos intervenidos atraviesa casi toda la economía. En energía, el Estado tomó el control de las filiales rusas de la alemana Uniper y la finlandesa Fortum. También modificó por decreto la estructura del proyecto de gas natural licuado Sakhalin-2, valuado en más de 12.000 millones de dólares integrado además por Shell, Mitsui y Mitsubishi.
En consumo masivo, el Kremlin intervino Danone Rusia y la cervecera Baltika, propiedad de Carlsberg. La justicia transfirió al Estado Makfa, uno de los mayores productores de pasta y harina, y las plantas rusas de vodka del grupo ucraniano Global Spirits, cuyo fundador fue acusado de financiar el terrorismo. En la industria pesada, las operaciones alcanzaron siderúrgicas, químicas y otras compañías relevantes para el complejo militar. En infraestructura, el aeropuerto de Domodédovo pasó al Estado por decisión judicial. Su caso ilustra un modelo que combina confiscación y posterior venta de activos.
La aceleración resulta evidente. El relevamiento de NSP ubicó el total en 3,9 billones de rublos hasta junio de 2025. En junio de 2026, The Moscow Times estimó que las empresas transferidas al Estado desde la invasión alcanzaban 6,5 billones de rublos, unos 89.700 millones de dólares. Parte de esos activos incluye fábricas de municiones, proveedores de acero y químicos y empresas logísticas vinculadas al esfuerzo bélico.
Pero el dato más importante no es solamente cuánto dinero cambió de manos. Es quién puede volver a recibirlo. Muchas empresas confiscadas no permanecen necesariamente bajo propiedad estatal de manera permanente. Pueden ser administradas por el Estado y luego vendidas o transferidas a empresarios considerados confiables. Danone es un ejemplo: quedó temporalmente bajo la gestión de un sobrino del checheno Ramzan Kadyrov y luego fue vendida con fuertes pérdidas para la compañía francesa. El Ministerio de Finanzas, dirigido por Antón Siluánov, impulsó además la venta de compañías estatizadas.
Aquí aparece una de las diferencias fundamentales con la Unión Soviética. El objetivo no parece ser eliminar al empresario privado, sino eliminar su autonomía. El Kremlin puede quitar una empresa a un propietario y entregársela a otro que comprenda que su patrimonio depende, en última instancia, de su relación con el poder.
El garrote llegó acompañado de una zanahoria. El mismo lunes, el Ministerio de Finanzas propuso extender los plazos para el pago de impuestos y seguros de Wildberries y de los vendedores en la plataforma, golpeados por los bombardeos contra sus depósitos. Castigar a quien no invierte en su propia defensa y aliviar a quien ya fue víctima de la guerra es, en los hechos, la misma lógica de lealtad condicionada.
El empresario sigue siendo propietario, puede obtener enormes beneficios y puede incluso ampliar su patrimonio, pero la seguridad de esos activos depende cada vez más de su utilidad económica y de su obediencia política. La redistribución de la propiedad produce, de ese modo, una nueva capa de empresarios vinculados al esfuerzo bélico y al Kremlin: una "aristocracia de guerra".
El caso de Vadim Moshkovich permite comprender hasta dónde llegó esta transformación. En junio de 2026, las autoridades informaron la confiscación de activos por 7.590 millones de dólares vinculados con el fundador de Rusagro, que es uno de los principales grupos agrícolas del país, figura entre los mayores productores de carne de cerdo y azúcar y controla más de 800.000 hectáreas productivas. Moshkovich, detenido desde marzo de 2025, enfrenta cargos de fraude, quiebra intencional, lavado de dinero y soborno, que niega.
La dimensión del caso muestra que la ofensiva ya no se limita a empresas extranjeras ni a industrias directamente relacionadas con la guerra. La propiedad privada rusa también puede quedar expuesta cuando el poder considera que existen razones suficientes para intervenirla.
El antecedente de Serguéi Petrov, fundador de la concesionaria Rolf, responde a una tendencia similar. Siendo diputado, Petrov no votó a favor de la anexión de Crimea en 2014. Las autoridades presentaron las expropiaciones de sus empresas en 2023 y 2024 por decretos de Putin como un asunto de seguridad económica, mientras Petrov la atribuyó a su posición crítica frente al Kremlin.
Las estimaciones acumuladas deben leerse con cautela. Algunas contabilizan empresas, otras participaciones accionarias y otras incluyen ventas forzadas. La cifra de 148.500 millones de dólares de expropiaciones desde 2000 es una estimación maximalista. Pero incluso con esas precauciones, el cambio respecto del pasado es evidente.
Durante las dos primeras décadas del gobierno de Putin, las expropiaciones fueron selectivas y estuvieron orientadas principalmente a disciplinar políticamente a la élite. El caso fundacional fue Yukos. En 2003, Mijaíl Jodorkovski fue detenido después de financiar a la oposición y los principales activos de su petrolera terminaron absorbidos por Rosneft.
En 2014, el Estado tomó el control de Bashneft, que estaba en manos de Vladímir Yevtushenkov. Ese mismo año, Pável Dúrov dejó VKontakte después de denunciar presiones para entregar al FSB datos de usuarios vinculados con las protestas del Euromaidán. En aquella etapa, el Kremlin todavía tendía a proteger la inversión extranjera y concentraba buena parte del castigo en empresarios rusos que desafiaban su autoridad. Los activos estratégicos solían terminar en compañías estatales como Rosneft o Gazprom.
Desde 2022, la lógica se amplió. La nacionalidad del propietario pasó a convertirse también en un factor de riesgo. El Decreto 302 habilitó represalias contra activos de empresas de países considerados "inamistosos", entre ellos Alemania, Finlandia, Francia y Dinamarca, cuyos gobiernos sancionaron a Rusia o apoyaron a Ucrania.
También cambió el tipo de empresa buscada. Antes predominaban el petróleo, el gas y los minerales. Ahora aparecen cervecerías, lácteas, fabricantes de alimentos y concesionarios de automóviles. El objetivo combina abastecimiento interno, generación de ingresos y una narrativa política según la cual Rusia puede reemplazar las marcas occidentales.
El dato que introduce el nuevo decreto es todavía más inquietante: ahora una empresa rusa puede perder el control de sus activos no porque su propietario haya cometido un delito o sea extranjero, sino porque el Estado considere insuficientes sus medidas de seguridad frente a la guerra.
Eso cambia la naturaleza del riesgo empresarial. Cuando la propiedad deja de estar protegida por reglas previsibles y depende de decisiones políticas, el empresario se comporta de otra manera. Reduce inversiones de largo plazo, sacar capital, buscar activos líquidos o dedicar más recursos a construir relaciones con el poder. La confiscación fortalece al Estado en el corto plazo, pero puede debilitar los incentivos que necesita una economía moderna para crecer en el largo plazo.
Se genera así una paradoja: cuanto más eficaz es el Kremlin al apropiarse de activos privados, mayor es la inseguridad que desalienta la creación de nuevos activos privados. Y cuanto menor es la inversión y la productividad, mayor es la necesidad estatal de intervenir, subsidiar y dirigir la economía.
Aquí aparece una pregunta que puede ser más importante que la comparación con la propia Unión Soviética: ¿está Putin avanzando hacia un capitalismo al estilo chino, con un Estado dirigista, pero sin comunismo?
La comparación tiene sentido, aunque solo hasta cierto punto. China demostró que un Estado autoritario puede conservar mercados, propiedad privada, empresas competitivas y capital extranjero mientras mantiene bajo control sectores estratégicos y dirige buena parte de la inversión. Rusia parece moverse en una dirección similar en cuanto a la relación entre Estado y mercado: no necesita abolir el capitalismo para subordinarlo.
Pero existen diferencias categóricas. El modelo chino se construyó durante décadas alrededor de una estrategia económica de largo plazo, con un sector privado poderoso coexistiendo con empresas estatales y el Partido Comunista manteniendo el control político. Rusia, en cambio, está llegando a una forma de capitalismo de Estado empujada por la guerra, las sanciones, la necesidad de movilizar recursos e inseguridad económica creciente. La dependencia rusa de China también es mucho mayor que la inversa. China es hoy el principal socio comercial de Rusia y se convirtió en una de las principales vías de supervivencia económica de Moscú frente a las sanciones.
Por eso quizá sea más preciso hablar de una rusificación del modelo de capitalismo de Estado que de una simple copia de China. Moscú conserva el mercado, pero incrementa la intervención; mantiene empresarios, pero reduce su autonomía; preserva la propiedad privada, pero amplía las circunstancias en las que el Estado puede asumir su control. Y, a diferencia de China, no parece estar buscando solamente maximizar crecimiento y competitividad: necesita además financiar una guerra y una estructura de seguridad cada vez más costosa.
Esta transformación tampoco requiere que Moscú sea dueño de todo. La Ley de Medidas Especiales en la Esfera Económica, aprobada en 2022, permite al gobierno imponer contratos de defensa y modificar sus condiciones. El paralelo con el Gosplán soviético sirve para explicar una mayor subordinación de la producción privada a las prioridades estatales, pero no significa que Rusia haya recuperado una planificación central completa.
La diferencia es importante. En la Unión Soviética, el Estado era propietario de los medios de producción y decidía formalmente la asignación de recursos. En la Rusia actual, una empresa puede continuar siendo privada y operar con precios de mercado, pero el Estado tiene una capacidad creciente para decidir qué debe producir, con qué prioridad y para quién.
Las reformas laborales habilitaron jornadas más largas, trabajo nocturno y restricciones a vacaciones en empresas vinculadas con contratos estatales. Algunas normas también facilitan la intervención de compañías que incumplen obligaciones de defensa. El resultado es una economía en la que el Estado puede ordenar prioridades productivas sin asumir formalmente la propiedad de todas las empresas.
El aparato judicial se convirtió, además, en un instrumento de disciplina económica y política. El artículo 275.1 castiga la cooperación con extranjeros u organizaciones internacionales cuando las autoridades consideran que puede perjudicar la seguridad nacional. La pena puede llegar a ocho años de prisión. Una ley promulgada en 2024 amplió además la confiscación de bienes para determinadas condenas relacionadas con la difusión de información que el Estado califica de falsa sobre las Fuerzas Armadas.
El control se extiende al espacio digital. La ley del "internet soberano" permite centralizar el tráfico y reforzar la capacidad estatal para controlar la red. Sin embargo, afirmar que Rusia criminalizó de manera general el uso de VPN sería excesivo: las restricciones se concentran en bloquear servicios, prohibir publicidad y sancionar determinados usos vinculados con contenidos prohibidos.
También cambió el control sobre las divisas. En octubre de 2023, el gobierno obligó temporalmente a algunos exportadores a repatriar ingresos y vender parte de sus divisas. En conjunto, estas medidas recuerdan controles soviéticos, pero operan dentro de una economía que conserva propiedad privada, precios de mercado y vínculos comerciales internacionales.
La magnitud de la transformación aparece cuando se observa cuánto dinero necesita el Estado para sostenerla. SIPRI estimó que el gasto militar ruso alcanzó unos 16 billones de rublos en 2025, equivalentes al 7,5% del PIB. Para 2026, el presupuesto inicial redujo la previsión a 14,9 billones de rublos, o 6,3% del PIB, aunque el propio instituto advirtió que las cifras podían modificarse durante el año. Si se suman defensa y seguridad nacional, la proporción se acerca al 40% del gasto federal.
Por eso hay que aclarar que las confiscaciones no financian por sí solas la guerra. Las confiscaciones aportan recursos, castigan la deslealtad y redistribuyen propiedad, pero no constituyen la principal fuente de financiación del esfuerzo bélico.
Su función puede ser más política que la financiera; el Estado obtiene activos, demuestra a toda la clase empresarial dónde se encuentra el límite de la autonomía privada. El Kremlin no necesita que cada empresario crea en su ideología. Necesita que los principales empresarios sepan que desafiarlo puede tener un costo patrimonial.
El tercer nivel de esta transformación es simbólico. Rusia no está regresando al comunismo, sino combinando nostalgia soviética con una tradición imperial anterior. El discurso oficial reivindica la victoria de la URSS sobre el nazismo y, al mismo tiempo, el "mundo ruso" o Russkiy Mir: la idea de una comunidad histórica y cultural que trasciende las fronteras actuales de la Federación.
La justificación de la invasión reúne esas dos ideas. La retórica de la "desnazificación" remite a la Gran Guerra Patria. Los textos y discursos de Putin sobre la "unidad histórica" de rusos y ucranianos apelan, en cambio, a la Rus de Kiev y al Imperio zarista.
En 2022, el Kremlin creó el Movimiento de los Primeros, una organización juvenil inspirada en los pioneros soviéticos. Los manuales escolares fueron unificados para justificar la guerra, las escuelas incorporaron las clases semanales de "Conversaciones sobre lo Importante" y volvió el entrenamiento militar básico para adolescentes.
En 2023 se inauguró una estatua de Félix Dzerzhinski, fundador de la Cheka, frente a la sede del Servicio de Inteligencia Exterior en Moscú. No fue repuesta en la plaza Lubianka: se trató de una copia de menor tamaño del monumento retirado en 1991. La precisión importa porque el gesto fue una rehabilitación simbólica, no una restauración literal del paisaje soviético.
La figura de Stalin también recibió un tratamiento más favorable en discursos públicos y materiales educativos. La bandera roja aparece junto a la tricolor rusa, los símbolos ortodoxos y las referencias a generales zaristas. Incluso en el frente. Memorial, la organización que documentaba la represión soviética y el Gulag, fue liquidada por la justicia rusa a fines de 2021, antes de la invasión. También reaparecieron expresiones como "quinta columna" y "enemigos del pueblo".
La mezcla no es casual. Putin no necesita elegir entre Stalin y los zares. Utiliza de cada período aquello que le resulta útil. De la era soviética toma la disciplina, la vigilancia, la persecución de la disidencia, el cierre informativo, la presión sobre la fuerza laboral y una estética de sacrificio colectivo. Del zarismo recupera una apología imperial: la idea de un centro ruso con derechos históricos sobre espacios vecinos. Del capitalismo, la propiedad privada y la posibilidad de acumular riqueza, siempre que permanezca dentro de los límites establecidos por el Kremlin.
El resultado es un régimen híbrido. Utiliza símbolos soviéticos para legitimar el control interno y una retórica imperial para explicar la expansión territorial, mientras mantiene mecanismos capitalistas para producir riqueza y atraer recursos.
La sustitución de marcas occidentales refuerza esa combinación. Moskvich volvió a producirse en la antigua planta de Renault en Moscú, aunque los primeros modelos se basaron en vehículos de la automotriz china JAC. El ejemplo resume una paradoja central: la retórica de autosuficiencia convive con una nueva dependencia tecnológica y comercial de Asia.
Rusia tampoco alcanzó una autarquía comparable con la soviética. Reorientó comercio, capital y tecnología hacia China, India, Turquía y Asia Central. Más que un nuevo Telón de Acero, se observa un cambio de bloque y una sustitución parcial de dependencias occidentales por dependencias asiáticas. Allí aparece otra contradicción. Cuanto más intenta Moscú reducir su dependencia de Occidente, mayor puede ser su dependencia de China. La Rusia actual necesita mercados, tecnología, componentes industriales y canales comerciales internacionales que la Unión Soviética intentó producir dentro de su propio bloque.
La nostalgia soviética tampoco significa necesariamente que los rusos quieran recuperar el socialismo. En 2021, el 63% de los encuestados por el Centro Levada decía lamentar la desaparición de la URSS. La cifra era especialmente alta entre las generaciones mayores, aunque también existía interés entre jóvenes que nunca vivieron bajo el sistema soviético.
Ese dato no prueba que la propaganda haya fabricado la nostalgia sino expresar algo mucho más amplio: la memoria de una época de estabilidad, seguridad social y pertenencia a una superpotencia. Esa memoria puede transmitirse por la familia, la escuela, los medios y las organizaciones estatales. Los manuales unificados, el Movimiento de los Primeros y las clases de "Conversaciones sobre lo Importante" orientan la memoria hacia una lectura patriótica del pasado.
El paralelo soviético, sin embargo, tiene límites claros. La URSS restringía severamente la emigración, mientras que la Rusia actual permitió una salida masiva después de 2022. Las estimaciones oscilan entre 500.000 y un millón de personas, según el período y la metodología. Muchos fueron profesionales jóvenes y trabajadores tecnológicos.
El Ministerio de Desarrollo Digital reconoció que cerca del 10% de los trabajadores informáticos se había marchado durante el primer año de guerra. El Kremlin respondió con beneficios fiscales, facilidades de crédito y exenciones frente a la movilización, no con un cierre total de las fronteras.
Esta diferencia es decisiva. Una economía de guerra necesita soldados, pero también ingenieros, programadores, científicos, empresarios y trabajadores calificados. El Estado puede obligar a una fábrica a producir municiones, pero no puede ordenar fácilmente que una economía genere innovación si pierde a una parte de sus trabajadores más productivos o si las empresas temen invertir. Por eso el modelo tiene un límite estructural. La redistribución de activos funciona mientras existan empresas extranjeras, propietarios vulnerables o bienes atractivos para transferir. Ese stock no es infinito.
La guerra exige además un gasto militar elevado durante años. La inseguridad jurídica, la fuga de capitales, los controles cambiarios y el aislamiento tecnológico pueden sostener la movilización en el corto plazo, pero desalientan la inversión y reducen la productividad. A fines de 2025, empresarios rusos pidieron al Kremlin que limitara la ola de nacionalizaciones, según reportes de Kommersant retomados por The Moscow Times.
El problema es que la economía puede soportar durante un tiempo una combinación de confiscación, gasto público y movilización militar. Lo mucho más difícil es convertir ese mecanismo en un modelo permanente de crecimiento.
Y allí aparece la pregunta que probablemente determinará el verdadero legado económico de la guerra: ¿qué ocurrirá cuando termine?
Mientras exista una guerra, el Kremlin puede justificar el sacrificio, la intervención estatal y la subordinación de la producción a objetivos militares como una necesidad excepcional. Pero si la guerra termina, deberá decidir qué hacer con la estructura que construyó.
Puede devolver autonomía a las empresas, reducir controles y volver a atraer inversión. Pero también puede mantener los mecanismos creados durante la guerra y convertir la excepción en norma.
Si opta por lo segundo, el resultado no será la restauración de la URSS. Será algo diferente: una economía de guerra permanente, con propiedad privada subordinada al poder político, una nueva aristocracia empresarial dependiente del Kremlin, una fuerte presencia estatal en sectores estratégicos y una combinación de nacionalismo imperial y memoria soviética como legitimación ideológica.
Ese sistema podría ser estable durante bastante tiempo. Pero tendría que resolver una contradicción que ni siquiera la propaganda puede eliminar: un Estado que quiere controlar cada vez más la economía necesita, al mismo tiempo, que esa economía siga siendo productiva, innovadora y capaz de generar riqueza.
El Kremlin busca proyectar la imagen de un imperio autosuficiente, pero todavía necesita capital, tecnología y comercio internacional. Puede confiscar una empresa extranjera, pero no puede confiscar indefinidamente la inversión que todavía no existe. Puede obligar a producir más armas, pero no puede ordenar por decreto que aumente la productividad. Puede reemplazar una marca occidental por una rusa, pero si esa marca depende de tecnología china, simplemente habrá cambiado una dependencia por otra.
La contradicción central queda así expuesta. Putin no está reconstruyendo exactamente la Unión Soviética. Está haciendo algo más pragmático y, en ciertos aspectos, más sofisticado: está desmontando pieza por pieza la autonomía del capitalismo ruso y utilizando en su lugar aquello que necesita de cada etapa de la historia del país.
La URSS le ofrece los instrumentos de control. El zarismo le proporciona la narrativa imperial. El capitalismo le permite conservar empresarios, mercados y mecanismos de generación de riqueza. Y China le ofrece, quizás, un modelo intermedio: un Estado capaz de dirigir el capitalismo sin necesidad de abolirlo.
Pero hay una diferencia fundamental. China llegó a ese modelo después de décadas de reformas diseñadas para hacer crecer su economía. Putin está llegando al suyo bajo la presión de una guerra que consume recursos, destruye infraestructura y obliga al Estado a intervenir cada vez más.
Existe, además, un espejo mucho menos favorable que el chino: el de las expropiaciones "por razones de seguridad o soberanía" que Hugo Chávez impulsó en Venezuela desde mediados de la década de 2000. Aquel proceso también prometía disciplinar a un sector privado indisciplinado sin abolir el mercado, y terminó, en cambio, en fuga de capital, desinversión sostenida y colapso de la producción.
El decreto sobre infraestructura atacada por drones corre un riesgo similar: una definición tan amplia de lo que cuenta como negligencia que termina funcionando, en la práctica, como una expropiación discrecional. La pregunta de fondo, entonces, no es solo si Rusia se parece más a Pekín o a la URSS, sino si terminará pareciéndose más a Caracas.
Por eso el verdadero regreso no está en las banderas rojas, las estatuas de Dzerzhinski o los uniformes militares. Está en una transformación mucho menos visible: la idea de que en Rusia la propiedad puede seguir siendo privada, pero su seguridad depende cada vez más de la voluntad del Estado o de los humores del líder.
La guerra, que comenzó como una operación para ampliar el poder de Rusia sobre Ucrania, está produciendo así otra transformación: cada vez hay menos espacios de la economía que puedan considerarse completamente privados y cada vez más razones para que el Estado entre en ellos.
La pregunta ya no es si Putin puede restaurar la URSS. Es si puede conducir a Rusia de regreso a un pasado idealizado que, en la realidad, potencie los resultados negativos que ya le produjo una guerra sin una victoria a la vista. El "¡Exprópiese!" de Chávez suena como un eco de ultratumba para las decisiones de Putin que, en lugar de reconstruir un legado imperial, pueden conducir a Rusia a un abismo.