Nacho Montes de Oca | Haití, Bukele y Prince: el laboratorio para la guerra sin responsables
Cuatro técnicos salvadoreños secuestrados por una pandilla muestran algo más grande que una emboscada: un modelo en el que Estados Unidos paga, la ONU legitima, una empresa privada dispara, el país destruido cubre la factura y los soldados los ponen los países pobres.
El domingo 18 de octubre, cuatro militares salvadoreños volvían a su base en un blindado después de comprar comida en un mercado de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe. Eran aerotécnicos. Su trabajo en Haití era evacuar heridos, no pelear. Formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión que el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en septiembre de 2025 para reemplazar a la fallida misión liderada por Kenia. El vehículo fue atacado con cientos de ráfagas y explosivos hasta incendiarse. Los cuatro salieron vivos y fueron capturados por las pandillas.
Bukele habló cuatro días después. Dijo que los secuestrados "no son combatientes" y lanzó una advertencia que recorrió la región: "Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes". El jueves envió 100 soldados de fuerzas especiales y anunció otros 100 para esa misma noche. El principal sospechoso es la facción de Wilson Joseph, alias Lanmò Sanjou, uno de los hombres más buscados por el FBI. El presidente salvdoreño dio su mensaje en un video, rodeado de soldados y prometió pelear.
Detrás de la épica hay un dato menos vistoso. El Wall Street Journal reveló que el gobierno salvadoreño busca negociar la liberación antes de recurrir a una respuesta militar más severa, y que nadie ha pedido rescate.
La GSF tiene entre 1.100 y 1.500 efectivos sobre el terreno, aunque la ONU la autorizó hasta 5.500. Es parte de un entramado aún más grande. Jamaica aporta la infantería pesada y el mando táctico; Chad, uno de los contingentes africanos más numerosos, custodia infraestructuras críticas y patrulla las zonas rojas con blindados; Guatemala se encarga de recuperar y sostener las calles secundarias una vez que las bandas retroceden, además de custodiar convoyes humanitarios; y Mongolia ostenta el liderazgo militar de toda la misión, con un rol de planificación de inteligencia y coordinación multinacional. La ONU extendió su mandato hasta el 31 de marzo de 2027, lo que añade una presión política: la misión tiene plazo, y el plazo se acerca.
¿Contra quién pelea esa fuerza? Ese enemigo se llama Viv Ansanm, “Vivir Juntos” en criollo. Nació en septiembre de 2023, cuando dos federaciones de pandillas que se mataban entre sí, el G9 y el G-Pèp, dejaron de pelear para atacar juntas al Estado. Un medio haitiano, Le Relief, la describe como una alianza de unos 27 grupos armados. El centro antiterrorista de Estados Unidos (NCTC) calcula que controla más del 90 % de Puerto Príncipe, que sus miembros son probablemente miles y que se nutre del reclutamiento forzado, incluso de menores. La encabeza como vocero Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, un expolicía de élite sancionado por la ONU desde 2022. Washington la declaró organización terrorista en mayo de 2025, ofreció 5 millones de dólares por su captura y lo acusó formalmente en agosto de ese año.
Su poder no es solo de fuego. Según InSight Crime, apenas formada, la alianza coordinó ataques contra edificios del gobierno y cerró los aeropuertos y puertos, lo que dejó al entonces primer ministro Ariel Henry varado en el extranjero y terminó forzando su renuncia. Dentro de la coalición están los 400 Mawozo, que en 2021 secuestraron a 17 misioneros y los retuvieron 62 días, y la facción Lanmò Sanjou, con un complejo fortificado de más de 6.500 metros cuadrados, según una investigación de Redactario. Las bandas se arman con fusiles comprados en Florida, y dispersan a sus hombres en barrios densos. WLRN calculó que fueron responsables de unos 5.600 homicidios en 2024. Quien llega a esa ciudad enfrenta una guerra, no un problema de orden público.
Aquí empieza lo que importa. Los soldados oficiales de Bukele no están solos. Comparten barrios con otros salvadoreños que cobran de una empresa privada. Según Infobae, Erik Prince, fundador de la firma de mercenarios Blackwater, contrató a unos 200 exmilitares salvadoreños mediante su empresa Vectus Global, para entrenar a la policía haitiana en guerra de drones. Otros reportes hablan de un equipo de unos 200 contratistas de varios países, entre ellos estadounidenses, europeos y salvadoreños, así que la cifra exacta no está clara. La Jornada y la BBC informan que, tras el secuestro, la fuerza de la ONU y la “Task Force” de Prince combatieron juntas por primera vez. La Task Force es una unidad especial creada por el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, que opera con apoyo de Vectus. Un país manda a sus soldados a una misión de la ONU, y sus excompañeros operan al lado como mercenarios. El Estado salvadoreño no controla a los segundos, aunque comparten idioma, uniforme y enemigo.
Prince llegó en marzo de 2025. Según Reuters, dijo tener un contrato por diez años con el gobierno local y que, cuando el país se estabilice, ayudaría a diseñar el cobro de impuestos a las mercancías que cruzan la frontera con República Dominicana. El diario dominicano El Caribe informó que el acuerdo inicial era por un año y 50 millones de dólares. Los términos reales siguen siendo opacos. Quien controla las aduanas controla la caja de un Estado quebrado, y por eso ese punto del contrato preocupa tanto a los críticos.
Su método es el dron. Son aparatos comerciales modificados con explosivos, que sobrevuelan barrios de casas de chapa y se mueven entre edificios y vehículos mientras un operador sigue a su objetivo por video en vivo. La CNN contabiliza más de 2.000 ataques contra búnkeres de pandillas. La organización Human Rights Watch (HRW) documentó 141 ataques entre marzo de 2025 y enero de 2026, con al menos 1.243 muertos y 738 heridos. Entre los muertos hubo 43 civiles adultos y 17 niños. Los vecinos dijeron a HRW que los drones son "una fuente constante de terror" y que temen salir de sus casas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo en octubre que los ataques eran desproporcionados y probablemente ilegales. Vectus, la policía haitiana y el Departamento de Estado no respondieron a los pedidos de comentarios de Reuters.
La Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), que mide la violencia con informes trimestrales, completa el cuadro. En el primer trimestre de 2026 murieron 1.642 personas y otras 745 resultaron heridas. Más del 69% cayeron en operaciones de fuerzas de seguridad contra las pandillas, a veces con apoyo de una empresa militar privada, y en ejecuciones sumarias con participación policial.
De esos muertos, 196 no tenían vínculo con las bandas. En informes anteriores la proporción rondaba el 61 y el 62 %. En el reporte más reciente, de julio a octubre, ONU Noticias la baja al 52 %, pero aun así cuenta al menos 148 civiles sin vínculo con las pandillas muertos o heridos por fuego de las fuerzas de seguridad. La imagen no es lineal, aunque sí consistente: una parte enorme de las víctimas ya no cae por la mano de las bandas.
Hay que ser justo con el otro lado. Las bandas matan, y mucho. En 2025 hubo más de 8.100 muertos entre enero y noviembre, según datos de la ONU. Cuando se sienten acorraladas, castigan a las comunidades. En Kenscoff, una zona de montaña al sur de la capital, incendiaron aldeas acusadas de cooperar con las tropas extranjeras y mataron al menos 47 civiles. Y el boletín International Intrigue informó que un dron de Vectus mató por error a policías haitianos. Lo que muestran las cifras no es que la violencia nació con los contratistas, sino que su llegada coincidió con un fuerte peso de las operaciones estatales en la mortalidad, sin que nadie responda por esos muertos.
Esa falta de responsables es el corazón del asunto. Vectus recibió una licencia del Departamento de Estado para exportar sus servicios a Haití, según el encargado de negocios estadounidense ante una comisión del Senado. Pero un funcionario dijo a AP que el gobierno de Trump no participó en la contratación, y el Departamento de Estado aseguró que no le paga a Prince. Washington autoriza, pero no contrata. Haití contrata, pero no controla. Prince dispara, pero no responde ante ningún tribunal. Y en julio, Reuters informó que funcionarios estadounidenses veían con buenos ojos estrechar lazos con la firma. Cada eslabón señala al siguiente.
¿Y qué gana Estados Unidos? Pone dinero, no soldados. Según el Washington Post, gastó 970 millones de dólares en la misión de Kenia en Haití. A eso se suman unos 300 millones en 2026 para la GSF, hasta cerca de 1.270 millones. Su motivación tiene dos caras.
La primera motivación es la migración. El 27 de julio, la administración Trump terminó el Estatus de Protección Temporal (TPS), el permiso que dejaba vivir y trabajar legalmente en el país a quienes no podían volver a casa, y dejó a unos 330.000 haitianos expuestos a la expulsión, según HRW. Se planean dos vuelos semanales a Cap-Haïtien, y un cálculo de la revista Reason sostiene que a ese ritmo tardarían más de tres décadas. No se deporta a un país cuyos aeropuertos y rutas controlan las bandas.
Mientras exista un estado de violencia crítica esas deportaciones están condicionadas. La comunidad haitiana en los EE.UU. fue desde la campaña electoral de 2025 unos de los emblemas de la denostación de los inmigrantes con su episodio más controversial el 10 de septiembre, cuando Trump afirmó “En Springfield, se están comiendo a los perros. La gente que llegó se está comiendo a los gatos... se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí”. Luego se probó que la afirmación era una mentira, pero aun así le dio a la salida forzada de los haitianos una urgencia mayor. Si no se logra estabilizar el destino de las deportaciones, puede anotarse como un fallo del presidente y de su política de expulsiones.
La segunda razón es la droga. En diciembre de 2025, la oficina antidrogas de la ONU (UNODC) informó de un decomiso récord de 1.045 kilos de cocaína en aguas haitianas, y otro cargamento de 1.156 kilos fue interceptado en Amberes, procedente de Cap-Haïtien. Las armas viajan en sentido contrario, según el Departamento de Estado.
Según informes de la ONU y la DEA, el colapso institucional y el poroso litoral de la isla facilitan que redes criminales muevan anualmente toneladas de droga sudamericana mediante pistas clandestinas y puertos controlados por pandillas, lo que ha llevado a que el gobierno estadounidense mantenga a Haití en su lista de principales países de tránsito de drogas ilícitas por 36 años consecutivos.
Ese doble interés-revertir la migración y cortar la ruta de la cocaína- explica por qué la Casa Blanca no presenta a Haití como un caso aislado, sino como el eslabón más débil de una doctrina continental. Trump la bautizó el 7 de marzo de 2026 en su club de Doral, Florida, frente a líderes de unos doce países: el Escudo de las Américas. Dijo que juntos “Vamos a acabar con ellos”. Su brazo operativo es la Coalición Anticártel de las Américas, una alianza militar contra el narcoterrorismo con Argentina, Ecuador, Paraguay, Panamá, República Dominicana y El Salvador entre sus miembros
El presidente dominicano, Luis Abinader, contó que Haití estuvo en la agenda. Poco después, Washington levantó el embargo de armas que mantenía sobre Guatemala desde 1977 por violaciones a los derechos humanos.
Un análisis de la Universidad George Mason concluye que el Escudo se aparta del enfoque policial y plantea militarizar la lucha antidrogas, y se pregunta si institucionaliza la campaña militar de EE.UU. contra supuestas lanchas del narcotráfico en el Caribe. Haití encaja en ese molde: un Estado fallido al que se envían tropas ajenas bajo la etiqueta de seguridad hemisférica. Hay un contrapeso. Un columnista dominicano apunta que, a diferencia de Venezuela o Cuba, en Haití hay poco interés de inversores estadounidenses. Pero el negocio no tiene por qué ser Haití. Puede ser el modelo.
Y ese modelo tiene un detalle que se repite: el país que sufre la guerra termina pagándola. Haití no tiene dinero para financiar drones, así que ofrece lo único que le queda, el dinero que aun genera el control de su frontera. La guerra se paga con el futuro del Estado.
Algo parecido pasó en Venezuela, con otra ideología y otros acreedores. El país llegó a acumular unos 150.000 millones de dólares de deuda externa, una décima parte con China. Pekín le prestó más de 60.000 millones desde 2007, casi siempre con la promesa de cobrar en petróleo, y según un análisis de La República de Colombia, más del 80 % del crudo que Venezuela exportó en 2025 terminó, directa o indirectamente, en China. Cuba, por su parte, enviaba asesores de seguridad a cambio de petróleo, según la revista Expansión. Ese antecedente por izquierda le da mas sustento a la idea de naturalizar la práctica en el presente.
Tras el cambio de administración en Caracas, a comienzos de 2026, Ámbito informó que Washington dijo que los ingresos del crudo irán a una cuenta en Qatar que controlará, lo que, según un experto citado por el medio, le daría influencia sobre qué acreedor cobra y cuándo. Las diferencias son grandes: los acreedores venezolanos eran Estados y el haitiano es una empresa, y Venezuela pagaba por su supervivencia, no por una guerra. Pero la lógica se parece. Cuando un país no puede sostenerse solo, entrega su principal fuente de ingresos, sea el petróleo o la aduana, a quien le presta fuerza o dinero. Quien controla ese flujo gana además la capacidad de condicionar las decisiones del Estado. Esa hipótesis es el riesgo que señalan los críticos del contrato de Prince con Haití y el dinero que fluye desde Washington.
Ese esquema tiene antecedentes que explican por qué el experimento no es nuevo, pero sí más perfeccionado. Después del 11-S, Estados Unidos subcontrató en Irak y Afganistán a Blackwater, DynCorp y Triple Canopy. En 2007, guardias de Blackwater mataron a 17 civiles en la plaza Nisour, de Bagdad, y fue una de las masacres más sonadas de esa guerra. Vale citar esas muertes porque repiten el esquema de combate sin consecuencias directas para el contratante y métodos prohibidos para las fuerzas oficiales, pero con acciones alineadas con sus objetivos.
En la República Democrática del Congo, según AFP, hay paramilitares extranjeros que respaldan al gobierno contra la guerrilla M23, y fuentes vinculan a Prince con ellos. Según Reuters, en 2025 acordó ayudar a asegurar y gravar la riqueza mineral del país, empezando por el cobre de Katanga, mientras Washington negociaba con Kinshasa minerales a cambio de seguridad.
En los años ochenta, Reagan financió a la Contra nicaragüense por canales opacos, en el escándalo Irán-Contra, donde su gobierno vendió armas en secreto a Irán para pagar una guerra que el Congreso había prohibido. En ese esquema también existió una empresa conocida como “The Enterprise”, que se financiaba con esos dividendos para contratar Organizaciones privadas dentro de EE. UU., como Civilian Military Assistance según Reporte de la Comisión Tower de 1987.
Según InSight Crime, en la actualidad las empresas de Prince buscan negocios en Ecuador, Perú y El Salvador. Ecuador negó haber firmado un acuerdo con él. Este patrón de búsqueda se enlaza con los objetivos de la Doctrina Donroe formulada por la Casa Blanca para la región.
Lo nuevo en Haití es la combinación. No hay un solo contratista ni misión, sino tres capas superpuestas. Arriba, la bandera de la ONU. En el medio, soldados de Chad, Jamaica, Guatemala y El Salvador, cuyos gobiernos reciben de la ONU la tarifa estándar de unos 1.428 dólares mensuales por soldado, según esa entidad, y que cuentan con equipo estadounidense. Abajo, una empresa privada con drones y sin supervisión judicial. Si algo sale mal, cada nivel tiene a quién culpar.
Detrás de todo esto hay un fracaso previo. La misión de estabilización de la ONU, conocida como MINUSTAH, operó entre 2004 y 2017. Cascos azules nepaleses contaminaron un río y la epidemia de cólera mató a más de 10.000 haitianos. La ONU negó su responsabilidad durante años. Hubo además cientos de denuncias de abuso sexual, y los acusados fueron repatriados sin juicio. Después vino la misión de Kenia, autorizada en 2023, que costó casi mil millones y dejó a Haití peor. Cada fracaso hizo más aceptable el siguiente formato, hasta que la privatización dejó de parecer una anomalía.
El resultado es un país que se deshilacha por todos lados. Hay 1,5 millones de desplazados, 740.000 de ellos niños, según la Organización Internacional para las Migraciones y BINUH. Unos 5,7 millones de personas están en crisis alimentaria y 1,9 millones en fase de emergencia, a un paso de la hambruna. Según UNICEF, uno de cada 13 niños menores de cinco años sufre desnutrición aguda (7,4 %, frente al 5,1 de 2023), y 93.873 corren riesgo de morir. Hay 1.606 escuelas cerradas y 243.000 alumnos sin aulas. Menos del 40 % de los centros de salud de Puerto Príncipe funcionan. Entre el 30 y el 50 % de los miembros de las bandas son menores. La economía lleva siete años de recesión y, según el Banco Mundial, el 36,4 % vive con menos de 2,15 dólares al día. A ese Haití se lo llena de drones antes que de escuelas, hospitales o jueces.
Por eso el caso salvadoreño sirve de palanca. Cuatro técnicos secuestrados abren una pregunta que va más allá de ellos: quién responde cuando una guerra se tercerizó en tantos pasos que ya no tiene autor, y quién la paga cuando el país que la sufre ya no tiene con qué. La hipótesis de que Haití funciona como campo de pruebas no se apoya en una confesión, porque ningún gobierno usa la palabra “experimento”. Se apoya en un patrón: financiamiento sin soldados, legitimidad sin control, tecnología sin supervisión, ganancias privadas y muertos sin dueño.
Los cuatro técnicos salvadoreños no eran combatientes. Eran la prueba de que, en este modelo, hasta los que no pelean terminan pagando la factura. Si el modelo funciona para quienes lo diseñan, Haití no será la excepción. Será el manual.