Nacho Montes de Oca | Deportar masivamente: ¿y después qué?
El domingo 20 de septiembre, un agente de ICE disparó a Wilber Rafael Garcés Pérez, repartidor venezolano de 28 años, quien pasó del hospital a custodia federal. Mientras el gobierno lo acusó de huir de un operativo con orden de expulsión, su defensa aclaró que era solicitante de asilo con permiso laboral.
Medios internacionales como el New York Times y The Guardian situaron el hecho en una serie: más de 20 personas tiroteadas por agentes migratorios desde enero de 2025; al menos seis muertes, tres de ellas de ciudadanos estadounidenses.
Esos disparos no son un accidente aislado. Es el último eslabón visible de una política que detiene más rápido de lo que puede expulsar, y que en el camino deja muertos bajo custodia, civiles abatidos y una factura que ya no cabe en el presupuesto de ICE.
En marzo de 2025, dos meses después de la investidura, un agente mató a Ruben Ray Martinez, ciudadano de 23 años nacido en San Antonio, en South Padre Island. Videos de cámaras corporales difundidos un año después por el Departamento de Seguridad Pública de Texas pusieron en duda la versión inicial de que el joven había embestido deliberadamente a los oficiales.
En enero de 2026, en Minneapolis, agentes federales mataron a Renee Good y, semanas después, a Alex Pretti, ambos ciudadanos norteamericanos de 37 años: ella al volante durante un operativo; él, enfermero de cuidados intensivos, mientras filmaba a los agentes.
En julio, Lorenzo Salgado Araujo, mexicano que no era el objetivo de la redada, murió a tiros en Houston mientras iba de camino al trabajo. ProPublica documentó más de 170 detenciones de ciudadanos estadounidenses en los primeros meses de la ofensiva, muchas por confusión de identidad o por “obstrucción” en protestas.
Estados Unidos está descubriendo que detener a más inmigrantes es bastante más fácil que deportarlos y que el costo material y político de la campaña migratoria es excesivo. El problema es que se está generando una factura que ya no se limita al presupuesto de ICE: alcanza al mercado laboral, la recaudación fiscal, la actividad de las empresas, la seguridad pública, el sistema judicial, las comunidades y, ahora también, al comportamiento electoral de una población decisiva en numerosos distritos.
Luego está la diferencia entre detenciones y deportaciones. En agosto de 2026, ICE realizó casi 51.000 arrestos, el tercer récord mensual consecutivo. Sin embargo, las deportaciones se mantuvieron alrededor de 1.200 por día. Reuters atribuyó la brecha a una combinación de procesos judiciales, personas con reclamos migratorios pendientes, dificultades para conseguir vuelos y problemas para que algunos países acepten a los deportados. Más de tres cuartas partes de los arrestos recientes correspondieron además a personas sin antecedentes criminales.
El dato no es menor porque muestra el principal problema de la estrategia: el Estado puede aumentar rápidamente las detenciones, pero transformar esas detenciones en expulsiones exige mucho más. Hay que identificar a la persona, alojarla, garantizarle el debido proceso, resolver eventuales recursos, conseguir transporte y obtener la aceptación del país de destino. Cuando cualquiera de esos pasos se demora, el detenido permanece dentro del sistema y aumenta el costo.
El problema, entonces, no es solamente cuánto cuesta deportar a una persona, sino cuánto cuesta construir y mantener la maquinaria necesaria para deportar a cientos de miles o millones. Cada arresto abre un expediente, exige alojamiento, personal, transporte, abogados, jueces, controles y, finalmente, un país dispuesto a recibir a esa persona. Si la capacidad de expulsión crece mucho más lentamente que la de detención, el Gobierno no elimina el problema: lo acumula dentro de un sistema cada vez más grande y costoso.
La propia evolución de los arrestos muestra además un cambio en el perfil de la operación. El Deportation Data Project, asociado a investigadores de Stanford, UCLA y Berkeley, encontró que los arrestos de ICE aumentaron fuertemente durante junio y julio de 2026 y que en julio solo el 27% de los arrestos que terminaron en ingreso a centros de detención correspondió a personas con condenas criminales. Allí reside uno de los problemas políticos del programa que prometía concentrarse en la criminalidad importada.
Eso introduce una primera paradoja. Cuanto más se amplía la red de control, mayor es la cantidad de personas que entra en el sistema y menor puede ser la proporción de detenidos que realmente corresponde a los objetivos de mayor riesgo criminal. Un análisis de UCLA sobre los arrestos entre enero de 2024 y febrero de 2026 encontró que las personas sin condenas, sin cargos pendientes y sin afiliación conocida a pandillas pasaron a constituir el mayor grupo de detenidos. La proporción de quienes tenían condenas por delitos violentos o dos o más delitos graves cayó del promedio mensual del 28% durante la administración Biden al 12% bajo Trump, aunque el número absoluto de arrestos de ese grupo aumentó 35% mientras el total de arrestos creció 200%.
México encabeza las detenciones con más de 200.000 arrestos, seguido de Guatemala, Honduras y un salto histórico de venezolanos tras la revocación masiva de permisos temporales y parole.
Comunidades asiáticas registraron un crecimiento porcentual aún más pronunciado. ICE y el Departamento de Seguridad Nacional insisten en que priorizan “los peores de los peores”, pero los datos de la propia agencia, una vez separados las condenas reales de los cargos pendientes, muestran que la estrategia se ha extendido a trabajadores, solicitantes de asilo y residentes con trámites activos. El acceso a fianza se desplomó y muchos aceptan “salida voluntaria” para escapar del hacinamiento.
El segundo problema es económico. La administración puede presentar cada deportación como una reducción de un gasto potencial, pero la persona expulsada también es un trabajador, un consumidor y, en muchos casos, un contribuyente. El American Immigration Council calculó que en 2022 los hogares de inmigrantes indocumentados pagaron US$ 46.800 millones en impuestos federales y otros 29.300 millones en impuestos estatales y locales. También aportaron 22.600 millones a la Seguridad Social y 5.700 millones a Medicare. Esos números son anteriores a la actual campaña de deportaciones, pero permiten dimensionar lo que desaparece de la economía cuando se expulsa masivamente a esa población.
La diferencia entre arrestar y expulsar también cambia la discusión sobre el costo. Una detención no representa el final de una operación sino el comienzo de una cadena de gastos que puede prolongarse durante semanas o meses. Y cuanto mayor sea la distancia entre la cantidad de personas incorporadas al sistema y la capacidad efectiva de expulsarlas, mayor será la factura que debe absorber el Estado antes de que exista cualquier supuesto ahorro asociado a la deportación.
El mismo estudio estimó que la deportación de toda la población indocumentada reduciría el PIB estadounidense entre 4,2% y 6,8%, equivalente a entre US$ 1,1 y 1,7 billones medidos en dólares de 2022. La comparación resulta especialmente gráfica: la economía estadounidense se contrajo 4,3% durante la Gran Recesión de 2007-2009. El cálculo es un escenario hipotético de deportación masiva, no una medición del daño ya producido por las operaciones actuales, y por eso debe ser leído como una estimación de escala, no como una pérdida ya ocurrida.
El peso de este factor importa porque una deportación masiva no retira únicamente a una persona de un registro migratorio: retira horas de trabajo, consumo, alquileres, compras y aportes tributarios de la economía estadounidense. El ahorro que pueda producir la expulsión de una persona debe compararse, por lo tanto, con los ingresos fiscales y la actividad económica que esa misma persona generaba mientras permanecía en el país. Esa es la razón por la que los modelos económicos pueden encontrar un efecto fiscal negativo incluso cuando el objetivo declarado de la política es reducir costos.
Wharton ofrece un cálculo distinto y más directamente relacionado con políticas de deportación escalonadas. Su modelo estimó que una política de cuatro años aumentaría el déficit primario en unos US$ 270.000 millones antes de los efectos económicos y en 350.000 millones después de incorporarlos. Una política de diez años elevaría el déficit en US$ 861.800 millones, o 986.800 millones al incorporar los efectos dinámicos.
A esas cifras habría que sumar unos 170.000 millones ya asignados en 2025 para seguridad fronteriza, control interior y deportaciones. El modelo calcula además que el PIB sería 1% menor en 2034 bajo el escenario de cuatro años y 3,3% menor bajo el de diez años; para 2054, la diferencia llegaría a 4,9% en el escenario más prolongado. El salario promedio también caería entre 0,5% y 1,7%, según el escenario.
El efecto sobre el empleo ya puede observarse a escala local. Brookings analizó las ciudades donde más aumentaron los arrestos de ICE y encontró que el empleo terminó 0,43% por debajo de la proyección esperada seis meses después de la intensificación de los operativos y 0,69% por debajo once meses después. El estudio calcula que, por cada arresto adicional utilizado como indicador del shock de aplicación, se asociaron aproximadamente cuatro empleos menos. En una ciudad de tres millones de trabajadores, el efecto de seis meses equivaldría a unos 13.000 puestos. Y aproximadamente la mitad de los empleos perdidos correspondería a trabajadores nacidos en Estados Unidos.
Una investigación anterior de Brookings había estimado una pérdida de unos 668.000 empleos en las 86 ciudades que registraron los mayores aumentos de arrestos. Allí se habían producido unos 52.000 arrestos adicionales, pero la caída del empleo alcanzó a sectores y trabajadores que no estaban directamente involucrados con las personas detenidas. La explicación propuesta por los investigadores incluye tanto la falta repentina de mano de obra como la reducción del consumo: cuando una comunidad deja de salir, comprar o contratar servicios por temor a los operativos, también pierden empleo quienes nunca estuvieron en la mira de ICE.
La construcción, la agricultura, la gastronomía y el cuidado de personas son particularmente vulnerables porque dependen en proporciones importantes de trabajadores inmigrantes. El American Immigration Council estimó que casi 14% de los trabajadores de la construcción son indocumentados. En ese sector, una expulsión masiva no significa solamente menos trabajadores: significa proyectos demorados, menor oferta de viviendas e infraestructura y mayores costos de reemplazo.
Ese fenómeno ya tiene nombre entre economistas de FWD.us y el Center for American Progress: lo llaman el "Impuesto ICE". Se traduce en un alza del 14,5% en el precio de alimentos y productos agrícolas, del 10,7% en el cuidado de salud a domicilio y del 6,1% en construcción y vivienda. En Oxnard, California, un estudio determinó que las redadas redujeron la fuerza laboral agrícola entre un 20% y un 40%, con pérdidas directas de cosechas de entre US$ 3.000 y 7.000 millones por productos que se pudrieron en el campo. En Chicago, el temor a las redadas provocó una caída del 9% en ventas minoristas y del 10% en visitas a restaurantes, con un drenaje de más de US$ 1.260 millones en ingresos privados. En Mineápolis la pérdida económica global rondó los US$ 700 millones.
La consecuencia tampoco queda confinada a los empleadores que pierden trabajadores. Cuando desaparece rápidamente una parte de la fuerza laboral de un sector, la empresa enfrenta una decisión entre reducir producción, pagar más para conseguir reemplazos o trasladar el aumento de costos al consumidor. En sectores como alimentos, construcción, gastronomía y cuidado de personas, donde la mano de obra representa una parte importante del costo final, una política migratoria puede terminar convirtiéndose también en una política de precios.
Existe además un efecto fiscal que suele quedar escondido detrás de la discusión sobre cuánto cuesta detener y deportar. Los inmigrantes indocumentados no solo pagan impuestos; también gastan dentro de Estados Unidos. El American Immigration Council estimó que, después de impuestos, esos hogares disponían en 2022 de unos US$ 256.800 millones de poder adquisitivo. Una deportación masiva elimina también ese consumo. El mismo análisis calcula que existen alrededor de 4 millones de familias de estatus migratorio mixto y 8,5 millones de ciudadanos estadounidenses que tienen familiares indocumentados, incluidos 5,1 millones de niños ciudadanos.
Ese dato modifica además la naturaleza del problema. La deportación de una persona indocumentada no afecta solamente a quien pierde su estatus migratorio: puede reducir los ingresos de un hogar donde viven ciudadanos estadounidenses, cambiar las condiciones de vida de sus hijos y disminuir el consumo de familias que permanecen legalmente en el país. La política migratoria, en otras palabras, produce efectos económicos que atraviesan la frontera entre inmigrantes y ciudadanos.
El propio sistema de jubilaciones estadounidense siente el golpe: según cálculos de Wharton y del American Immigration Council, la salida forzada de trabajadores indocumentados le cuesta al fondo de la Seguridad Social entre US$ 22.600 y 25.700 millones anuales en aportaciones no percibidas, y al Medicare entre US$ 5.700 y 6.400 millones al año.
El propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció públicamente que el endurecimiento de la política migratoria y la consiguiente pérdida de mano de obra es una de las razones fundamentales detrás de la desaceleración del crecimiento económico del país, lo que ha llevado al banco central a mantener tasas de interés elevadas pese a la presión de Trump para bajarlas.
La cuestión, por lo tanto, tampoco termina cuando el avión despega. En muchos casos comienza otra factura: familias separadas, reducción abrupta de ingresos y presión sobre comunidades locales. Según el estudio citado, el ingreso de esos hogares podría caer en promedio 62,7%, unos 51.200 dólares anuales, cuando se produce la expulsión del miembro indocumentado.
Hay además un costo que no aparece en las cuentas del Tesoro: la capacidad del Estado para mantener la seguridad. Una investigación publicada en agosto de 2026 en American Economic Review estudió el programa Secure Communities y encontró que el aumento del temor a la deportación redujo la probabilidad de que víctimas hispanas denunciaran delitos a la policía. Los investigadores calcularon que una caída de 10% en las denuncias estaba asociada con un aumento de 7,9% en los delitos cometidos contra hispanos. El resultado no significa que toda política migratoria produzca automáticamente ese efecto, pero muestra un mecanismo relevante: si una víctima teme que acudir a la policía pueda exponerla a inmigración, el Estado pierde información que necesita para prevenir y perseguir delitos.
El costo humano agrega otra dimensión. Reuters calculó que 50 personas murieron bajo custodia de ICE desde el comienzo del segundo mandato de Trump hasta junio de 2026. La tasa de mortalidad pasó a un fallecimiento cada 1.630 detenidos, frente a uno cada 3.848 durante el período 2009-2024. La población bajo custodia llegó a unos 70.000 detenidos. Expertos consultados por Reuters señalaron como factores el hacinamiento, la atención médica insuficiente y la presencia de personas con enfermedades crónicas; ICE y el Departamento de Seguridad Interior sostienen que proporcionan atención médica, aunque los datos públicos tienen limitaciones.
Hasta aquí, la cuenta puede expresarse en dólares, empleos, detenidos o personas fallecidas. Pero existe otra consecuencia más difícil de medir: la percepción que esta política genera entre quienes no son objeto directo de una deportación, pero viven, trabajan o tienen familiares dentro de las comunidades afectadas.
Cuando el costo de la aplicación migratoria deja de estar concentrado en los inmigrantes indocumentados y alcanza a ciudadanos, empresas y gobiernos locales, la discusión deja de ser exclusivamente migratoria y se convierte en un problema político nacional.
La presión también se trasladó fuera de las fronteras estadounidenses. Más de 25.000 personas fueron afectadas por el mecanismo de deportación hacia terceros países, es decir, países que no eran necesariamente aquellos de los que provenían.
Al menos más de 25.000 personas a terceros países con los que no tienen ningún vínculo, mediante acuerdos firmados con naciones como la República Centroafricana, Eswatini, Guinea Ecuatorial, Ruanda o Palau. Una investigación conjunta de Forbidden Stories y del Comité de Relaciones Exteriores del Senado reveló que Washington destinó US$ 410 millones a este programa, de los cuales 81 millones fueron pagos directos a los gobiernos receptores. A Ruanda se le pagaron US$ 7,5 millones más 600.000 dólares en vuelo militar para trasladar a solo siete personas, un costo superior al millón de dólares por migrante.
Pese al gasto millonario, apenas entre 300 y 400 personas terminaron efectivamente reubicadas en los países más lejanos, y varios casos derivaron en las llamadas "deportaciones circulares", en las que el gobierno debe pagar un segundo vuelo de emergencia para repatriar a alguien que había enviado semanas antes.
Dentro de esta misma estrategia se inscribe el traslado de venezolanos y salvadoreños al CECOT, la megacárcel de máxima seguridad de El Salvador, tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Washington pagó US$ 4,7 millones a El Salvador por ese convenio. Mientras los venezolanos recluidos fueron devueltos a su país en junio de 2025 por orden judicial, los salvadoreños deportados seguían presos e incomunicados en 2026 pese a que el 89,5% no tenía condenas por delitos violentos, lo que llevó a Human Rights Watch a presentar denuncias por desaparición forzada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En septiembre de 2026 un tribunal de apelaciones ordenó suspender las deportaciones a terceros países por violar el debido proceso, un fallo que la Casa Blanca apeló ante la Corte Suprema.
Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han documentado además casos que rozan directamente el principio de no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un lugar donde su vida corra peligro. Afganos que colaboraron con las fuerzas armadas estadounidenses, como el excolaborador conocido como "Zia", fueron arrestados en trámites rutinarios de residencia y estuvieron a punto de ser deportados pese a contar con aprobación de la embajada de Estados Unidos en Kabul.
Opositores rusos como Leonid Melekhin fueron devueltos a Moscú y terminaron presos por cargos de "justificación del terrorismo" tras ser interceptados por el Servicio Federal de Seguridad ruso al aterrizar. Algunos fueron enviados al frente a poco de ser repatriados. Activistas cubanos que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021 fueron deportados en masa a México, despojados de documentos y dinero, expuestos a la extorsión de cárteles o a una eventual devolución a Cuba, donde arriesgan penas de hasta 20 años de prisión.
La utilización de esa herramienta terminó además en la Justicia: un tribunal federal de apelaciones determinó en septiembre que los deportados debían disponer de una oportunidad significativa para cuestionar si el tercer país era seguro antes de ser expulsados. El episodio muestra nuevamente el límite administrativo y jurídico de una política que intenta acelerar un proceso que, por definición, está sometido a procedimientos legales.
Y queda un último costo, mucho más difícil de contabilizar: el político. La población latina que en 2024 permitió al Partido Republicano mejorar notablemente su desempeño histórico entre los hispanos no constituye un bloque homogéneo ni tiene una posición única sobre inmigración. Pero las encuestas de 2026 muestran un movimiento que merece ser observado porque puede modificar el comportamiento electoral en distritos competitivos.
En julio, el Pew Research Center encontró que entre los votantes hispanos registrados 49% decía que votaría por el candidato demócrata a la Cámara de Representantes y 26% por el republicano, mientras 24% estaba indeciso o apoyaba a otro candidato. Pew advirtió que se trataba de una fotografía temprana y que la participación en las elecciones de medio término suele ser mucho menor que en las presidenciales, por lo que esos porcentajes no pueden traducirse directamente en cantidad de bancas. Pero es un indicio significativo.
La señal política no proviene solamente de encuestas. La representante republicana María Elvira Salazar, una de las figuras latinas de MAGA, cuestionó públicamente la política migratoria de Trump y sostuvo que la estrategia podía estar alejando a hispanos que habían respaldado al presidente en 2024. En paralelo, una encuesta Reuters/Ipsos mostró que el apoyo a las acciones migratorias de Trump había caído al 39%, desde 50% a comienzos de 2025.
Según America's Voice y encuestas de CNBC, la ciudadanía conecta de forma directa las deportaciones masivas con el encarecimiento de la comida, el cuidado infantil y la vivienda. Las encuestas de la Escuela Kennedy de Harvard muestran que solo el 31% de los estadounidenses respalda deportar a inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales que ya tienen trabajo y arraigo, lo que sugiere que la política, lejos de consolidar el respaldo que buscaba, se ha convertido en uno de los principales lastres electorales del oficialismo.
La importancia de este dato no está en convertir una encuesta en una predicción electoral, sino en observar un cambio de contexto. En 2024, el Partido Republicano mejoró su desempeño entre los hispanos, pero esa mejora no convirtió al electorado latino en un bloque republicano.
Se trata de un electorado heterogéneo, cuya conducta puede variar según la economía, la inmigración, la edad, el lugar de residencia, el origen familiar y la participación efectiva en las elecciones de medio término. Por eso, un deterioro del respaldo latino no necesariamente implica una derrota electoral, pero sí puede modificar los márgenes en distritos donde pocos puntos separan a los candidatos.
Una encuesta bipartidista de BSP Research y Shaw & Co., realizada entre 1.353 votantes latinos registrados en siete estados competitivos, mostró en septiembre una diferencia de 56% a 29% en la papeleta genérica para la Cámara entre candidatos demócratas y republicanos. El sondeo también encontró que la inflación y el precio de la gasolina seguían entre las principales preocupaciones, mientras que la inmigración continuaba siendo un asunto importante.
Eso no permite anticipar el resultado de las elecciones de noviembre. Sí permite identificar un mecanismo político: si la aplicación de las deportaciones alcanza a trabajadores, familiares, ciudadanos naturalizados o comunidades enteras, el impacto deja de ser exclusivamente migratorio y puede trasladarse al comportamiento de ciudadanos que sí tienen derecho a votar.
El tamaño de ese efecto dependerá de participación, composición de cada distrito, candidatos, economía y muchos otros asuntos. Pero la posibilidad de que la política migratoria modifique las preferencias o la movilización de votantes latinos ya aparece en los datos de 2026 y merece ser considerada como uno de los costos potenciales de la estrategia.
La paradoja final es que una política concebida para demostrar capacidad de control puede terminar exhibiendo precisamente sus límites. ICE puede detener decenas de miles de personas en un mes, pero no puede deportarlas al mismo ritmo; puede sacar trabajadores del mercado, pero no necesariamente reemplazarlos sin costos; puede aumentar el presupuesto, pero también aumentar el déficit; puede ampliar la cooperación policial, pero si genera miedo puede reducir las denuncias; y puede convertir la inmigración en una bandera política, pero también hacer que sus consecuencias entren directamente en el bolsillo y en la decisión electoral de ciudadanos estadounidenses.
Lo que comenzó como una promesa de seguridad fronteriza se ha convertido, para muchos estadounidenses, en una operación costosa que detiene a trabajadores de largo arraigo, dispara a ciudadanos y deja una factura que se pagará durante años en impuestos, precios más altos y un sistema de detención que, según los propios números de mortalidad, no logra siquiera garantizar la vida de quienes retiene.
Un viejo proverbio dice: “Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede hacer realidad”. Durante años se exigió una expulsión masiva como la solución final. Hoy, la realidad de 2026 demuestra que el deseo se está cumpliendo, pero su costo es bestial: balas, ciudadanos detenidos por error, exilios cuestionables y un enorme agujero económico.
Como advirtió el escritor mexicano Carlos Fuentes: "Hay cosas que deseamos y son hermosas, pero si se realizan, destruyen". Estados Unidos está descubriendo que la parte más difícil no es detener a una persona: es afrontar todo lo que ocurre después.