Luis Zué Hernández | La delgada línea entre la justicia social y la superioridad moral

Estimado lector, bienvenido a los últimos años de la segunda década del siglo XXI: una época marcada por la polarización y por sociedades atrapadas en disputas permanentes que, con demasiada frecuencia, desplazan la búsqueda de soluciones a los problemas de una humanidad instalada en la tan proclamada “era de la información”.

Para muchos, las reivindicaciones sociales afrontan dificultades ante el avance de posiciones conservadoras. Sin embargo, algunos de sus defensores no siempre parecen dispuestos a ejercer la autocrítica necesaria frente a los errores cometidos por líderes que se han presentado como representantes del progresismo. El desplazamiento electoral de un extremo al otro y sus consecuencias pueden interpretarse también como la respuesta de ciudadanos desencantados que, al votar, terminan eligiendo entre opciones que perciben como imperfectas y, en ocasiones, optando por el candidato “menos malo”.

En esta realidad invertida encontramos casos tan emblemáticos como desconcertantes. Uno de ellos es el de la Venezuela posterior a Maduro.

Para la opinión pública internacional, lo ocurrido durante la madrugada del 3 de enero en Caracas se convirtió en un nuevo motivo de polarización. Por un lado, están quienes denuncian la ruptura del orden internacional y la violación del principio de soberanía por parte de Estados Unidos. Por otro, quienes consideran legítima y necesaria la extracción del dictador por parte de Washington, pese a las objeciones jurídicas y políticas que una operación de ese tipo puede suscitar.

A esta disputa se sumaron numerosos analistas, algunos de los cuales redujeron el episodio a una explicación centrada casi exclusivamente en los intereses estratégicos de Estados Unidos y en su supuesto propósito de apropiarse de las riquezas minerales con las que la Divina Providencia habría bendecido a la antigua “tierra de gracia”.

Mientras tanto, lejos de esas batallas ideológicas libradas en las redes sociales, una amplia mayoría de la población venezolana, agotada por años de deterioro económico y por la precariedad de los servicios básicos, encontró inicialmente en aquel episodio una esperanza concreta: la posibilidad de iniciar una transición hacia la democracia y emprender la reconstrucción institucional del país. La magnitud exacta de ese respaldo puede ser objeto de debate, pero resulta difícil ignorar que amplios sectores de la sociedad recibieron la noticia con alivio o expectativa.

La reacción en las redes sociales, espacio predilecto de los analistas de uno y otro extremo, nos llevó a formular una pregunta sencilla: ¿dónde estaba tanta gente preocupada por el petróleo cuando “Superbigote” autorizaba o toleraba la represión de nuestras protestas pacíficas?

En aquellas manifestaciones no se exigían privilegios ni imposibles. Se reclamaban necesidades elementales: poder comprar los alimentos básicos, acceder a servicios públicos funcionales o abrir el grifo para cepillarse los dientes y encontrar ese recurso que en Venezuela llegó a considerarse un lujo: el agua.

Los defensores de la justicia social critican con dureza las actuaciones de la administración Trump, pero algunos de ellos parecen mirar hacia otro lado cuando la situación de la actual Premio Nobel de la Paz les recuerda que, en siete ocasiones, ha tenido que “abortar su misión” de ejercer un derecho tan básico como estar en su propio país. La crítica no debería dirigirse contra quienes cuestionan una intervención concreta, sino contra la aplicación selectiva de los principios: exigir coherencia no implica aprobar automáticamente las decisiones de Washington.

Es aquí donde aparece la delgada línea que da título a este artículo.

Una cosa es defender la justicia social, denunciar los abusos de poder y exigir respeto por los derechos humanos. Otra muy distinta es convertir esas causas en una credencial de superioridad moral desde la cual se observan las tragedias ajenas con distancia ideológica. La defensa de una causa justa no garantiza, por sí sola, que todas las posiciones adoptadas en su nombre sean justas o acertadas.

Los venezolanos hemos vivido una profunda inestabilidad emocional, sin importar dónde nos encontremos. Primero experimentamos esperanza al ser testigos de lo ocurrido el 3 de enero; después volvimos a sentirnos decepcionados al observar a la “dictadora de repuesto” en la sala plenaria de las Naciones Unidas, en Nueva York, o fotografiándose junto a quien durante años fue presentado por buena parte de ese mismo discurso como el gran explotador capitalista y responsable de todos los males de la humanidad. Para algunos venezolanos, esas imágenes simbolizaron una contradicción; para otros, una oportunidad diplomática. En cualquier caso, revelaron la distancia entre las expectativas de la población y los cálculos de la política internacional.

Casi tres décadas de revolución nos han convertido en una sociedad profundamente afectada, dividida y fragmentada. Recorremos el mundo contando nuestras experiencias y, con frecuencia, somos recibidos como personas exageradas que ven señales de destrucción en todas partes. Esa percepción no siempre nace de la mala fe: también puede ser consecuencia de la distancia entre quienes observan la crisis desde fuera y quienes han vivido sus efectos cotidianos.

Se nos cuestiona por pensar distinto, precisamente a partir de una experiencia que nos marcó. Se habla de diversidad, pero en algunos espacios esta parece aceptarse solo cuando todos comparten las mismas ideas. Se defiende la pluralidad siempre que las opiniones no se aparten demasiado del discurso establecido por determinados sectores progresistas, que repiten consignas semejantes en distintos lugares del mundo. No se trata de negar la existencia de diferencias dentro de esos sectores, sino de señalar que, en ciertos debates, el margen de discrepancia parece reducirse de manera preocupante.

Así surge una paradoja: quienes durante años denunciaron la intolerancia pueden terminar reproduciendo nuevas formas de intolerancia; quienes reivindican la diversidad pueden descalificar a quienes piensan diferente; y quienes defienden la empatía pueden olvidar que esta, para ser auténtica, no debería depender de la ideología de quien sufre.

La solidaridad y la empatía se debilitan con demasiada frecuencia. Basta con que la víctima no encaje en nuestra narrativa, que quien denuncia no pertenezca al bando correcto o que la tragedia ocurra en el lugar equivocado para que el silencio parezca una respuesta aceptable. No todo silencio responde a indiferencia: a veces obedece a desconocimiento, prudencia o desacuerdo sobre las soluciones. Pero cuando se condenan unos abusos y se relativizan otros por razones ideológicas, la incoherencia deja de ser accidental y se convierte en un problema moral.

Tal vez el problema no sea la justicia social, sino el momento en que comenzamos a utilizarla para decidir quién merece nuestra solidaridad y quién no.

Cuando la defensa de una causa deja de estar acompañada por la capacidad de cuestionarnos, deja de ser una búsqueda de justicia y empieza a parecerse peligrosamente a una forma de superioridad moral. La autocrítica no debilita una causa; puede ser precisamente lo que le permita conservar su legitimidad.

Ese puede ser uno de los grandes males de nuestro tiempo: hemos aprendido a indignarnos mucho, pero no necesariamente a comprender mejor. La indignación puede llamar la atención sobre una injusticia, pero rara vez basta para entender sus causas, evaluar sus consecuencias o construir una respuesta duradera.

En estos tiempos convulsos, la justicia social parece confundirse cada vez más con la superioridad moral. Y mientras ambas se mezclan, millones de personas siguen esperando algo mucho más sencillo que otra batalla ideológica: que alguien, por una vez, las escuche.

Luis Eduardo Zué Hernández | Internacionalista, especialista en análisis político, marketing político y gestión de crisis internacionales. Fue funcionario diplomático de la Cancillería venezolana y se desempeñó como Gerente de Proyectos de Cooperación Internacional de la Fundación Konrad Adenauer en Chile. Actualmente es académico universitario, desde donde combina la docencia, el análisis político y la reflexión sobre los desafíos de Venezuela, América Latina y el escenario internacional