Carlos J. Sarmiento Sosa | Terremoto de Caracas de 1967: reconstrucción, responsabilidad e institucionalidad

El terremoto del 29 de julio de 1967 fue una tragedia humana y urbana y, al mismo tiempo, un antes y un después en la estructura institucional venezolana sobre prevención sísmica, reconstrucción habitacional y responsabilidad técnica. Su impacto no se agotó en la destrucción material: activó investigaciones oficiales, comisiones gubernamentales y un proceso de aprendizaje estatal que culminó en la creación de la Fundación venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS).

I. Planteamiento histórico

Venezuela disfrutaba aún del despertar democrático del 23 de enero de 1958 cuando la dictadura fue desalojada del poder para dar paso a una Junta Cívico Militar de Gobierno que condujo al país a la transición democrática con las elecciones celebradas ese mismo año, en las cuales el pueblo eligió en comicios libres y competitivos, sin trampas ni triquiñuelas, a Rómulo Betancourt para que presidiera la República hasta 1963, cuando, también en elecciones igualmente libres, fue ungido Raúl Leoni para un nuevo período constitucional.

A partir de 1964, el Presidente Leoni conducía el país en términos de progreso económico para sus habitantes, con obras públicas y con planes de financiación para la adquisición de viviendas con plazos de hasta 20 años. Las ciudades iban mejorando sus estructuras urbanas y el agro recibían el apoyo gubernamental; y en lo político, la gestión gubernamental enfrentaba los embates de un Frente Armado de Liberación Nacional que anticipaba su derrota militar, como la infligida por las Fuerzas Armadas venezolanas a la dictadura castrocomunista cubana en mayo de 1967, en aquel episodio conocido como la invasión de Machurucuto.

En lo social, el 24 de julio de ese mismo año, Caracas acababa de celebrar los 400 años de su fundación por Diego de Losada, en un clima de júbilo cívico y fervor cultural, con fiestas populares y banquetes de gala y hasta una reina de belleza titulada Miss Cuatricentenario, ignorando que, apenas horas después, el 29, la ciudad vería trastocada su alegría por un violento terremoto que, en cuestión de horas, hizo que la euforia se transformara en tristeza colectiva.

A las 8:05 de la noche del 29 de julio de 1967, Caracas y el litoral central fueron sacudidos por un sismo de gran intensidad que dejó centenares de muertos, miles de heridos y daños materiales cuantiosísimos, poniendo en evidencia la fragilidad de la expansión urbanística, con estructuras cuya resistencia sísmica no siempre correspondía al nivel de riesgo existente.

Más allá de la dimensión humana, el terremoto alteró el modo en que el Estado venezolano entendía la gestión del riesgo y la reconstrucción de viviendas; y la coincidencia del sismo con la conmemoración del cuatricentenario reforzó la carga histórica y política del evento, al convertirlo en una ruptura visible de la modernidad urbana que la capital estaba intentando proyectar, con lo cual el desastre se convirtió en un problema de orden público, de ingeniería, de derecho y de política habitacional.

II. Respuesta estatal

La responsable reacción del Estado fue esencialmente de emergencia: control del pánico, orientación a la población, atención de heridos y estabilización del orden social. La comunicación oficial, según FUNVISIS, incluyó llamados a la calma y a seguir recomendaciones básicas de seguridad, mientras la ciudadanía permanecía en plazas y espacios abiertos durante largas e interminables noches.

La dimensión administrativa de la crisis reveló un modelo con capacidad de respuesta. El Ejecutivo asumió la conducción política de la emergencia, delegando la coordinación técnica en comisiones ad hoc y ad honorem en dependencias ministeriales especializadas, con el objeto de socorrer a la población afectada e investigar y determinar las causas de los daños y prever las consecuencias.

III. Investigaciones y asignación de responsabilidades

Recuerda FUNVISIS que, por disposición presidencial se crearon dos comisiones para examinar los efectos del sismo: una, por resolución del Ministerio de Obras Públicas (MOP), se enfocó en investigar las causas de las fallas en varios edificios del Área Metropolitana de Caracas y el litoral central; la otra, por decisión del Ministerio de Minas e Hidrocarburos (MMH), estudió las causas, características y consecuencias del evento sísmico. Esa doble vía fue jurídicamente significativa porque distingue entre la investigación de la causalidad física del fenómeno y la responsabilidad por las fallas estructurales.

En ese marco, el Estado trató de establecer si los daños obedecían exclusivamente a la fuerza del sismo o si también existían deficiencias de diseño, construcción, supervisión o regulación, lo que jurídicamente era necesario para el establecimiento de responsabilidades, por lo que puede decirse que el evento telúrico funcionó como un laboratorio institucional para revisar el estándar de seguridad de la edificación urbana.

IV. Papel del Colegio de Ingenieros

El Colegio de Ingenieros de Venezuela apareció como un actor técnico de relevancia inmediata, al punto de que, muy rápidamente, se conformaron comisiones de ingenieros para evaluar los daños en la zona urbana de Caracas, lo que muestra una respuesta profesional y pericial. La evaluación estructural de edificios, el diagnóstico de fallas constructivas y la elaboración de criterios para la reconstrucción exigían precisamente el concurso de esos profesionales.

En un sentido institucional, el CIV contribuyó a traducir el desastre en categorías técnicas comprensibles para el Estado: vulnerabilidad estructural, calidad de materiales, comportamiento sísmico y necesidad de normas más exigentes.

V. La investigación por la presunta comisión de delitos penales

Los organismos de investigación policial y los tribunales de instrucción de la época iniciaron de inmediato las pesquisas con el objeto de determinar la posible comisión de hechos delictivos que pudieron dar origen a la muerte de cientos de ciudadanos o causar heridas de distinta naturaleza y, en su momento, los tribunales penales establecieron responsabilidades. Se contaba con un Poder Judicial que, en líneas generales, gozaba de buen prestigio, así como con la Policía Técnica Judicial, que destacaba por su profesionalidad.

VI. Reconstrucción y crédito habitacional

Como respuesta inmediata al terremoto, el Estado aprobó la Ley de Medidas Especiales para atender las consecuencias del Sismo del 29 de Julio de 1967, mediante la cual creó un fondo de asistencia destinado a la reconstrucción y reparación de viviendas e inmuebles dañados, y permitió reorganizar deudas, suspender ejecuciones hipotecarias y aliviar la carga de muchas familias que habían perdido su hogar o lo habían visto gravemente afectado.

Para coordinar las ayudas y canalizar los recursos públicos y privados hacia la recuperación, la ley estableció una Junta de Asistencia Financiera, encargada de analizar los casos, autorizar las operaciones y trabajar conjuntamente con una comisión consultiva integrada por varios ministros.

En ese esquema, el MOP y el Banco Obrero (BO), que gozaban de credibilidad, tuvieron un papel central, porque la ley, por una parte, encomendó al MOP declarar la habitabilidad o no de los inmuebles dañados, determinar qué reparaciones correspondían y señalar cuáles debían demolerse; y por la otra, asumir, junto con el BO, la remodelación y reconstrucción de las zonas más afectadas, lo que lo convirtió en una pieza clave de la respuesta técnica y urbanística del Estado frente al desastre.

VII. Evolución institucional posterior

Como resultado de esas investigaciones, se planteó ante el Ejecutivo Nacional la necesidad de crear una institución especializada en el estudio e investigación de los eventos sísmicos. Esa propuesta cristalizó en la creación de FUNVISIS, formalizada en 1972, lo que constituyó un paso jurídicamente relevante, pues así el Estado convirtió una tragedia en una política pública permanente de conocimiento, prevención y alerta.

La evolución institucional posterior mostró, por tanto, una secuencia clara: desastre, investigación, diagnóstico técnico, propuesta de institucionalización y creación de un organismo especializado. Este proceso es una ilustración de cómo el derecho aprende de la catástrofe y produce estructuras más duraderas de buen gobierno del riesgo. En el caso venezolano, FUNVISIS encarnó esa transición desde la reacción coyuntural hacia la producción estable de conocimiento sismológico. Había un gobierno democrático y, por demás, responsable.

VIII. Epílogo

El terremoto de Caracas de 1967 no solo devastó edificios y cobró vidas; también puso a prueba la calidad de la democracia venezolana de entonces. Un Estado que venía de consolidar su transición institucional, con un sistema político aún joven pero funcional, reaccionó con responsabilidad: creó comisiones de estudio, activó instrumentos financieros extraordinarios, se apoyó en cuerpos técnicos competentes y dio origen a una institucionalidad científica como FUNVISIS, llamada a perdurar más allá de la emergencia.

A la luz del tiempo transcurrido, aquella respuesta revela una cultura jurídica en la que la tragedia no fue pretexto para el autoritarismo, sino ocasión para reforzar la prevención, la investigación y la protección de los afectados. El diseño de la Ley de Medidas Especiales, la actuación del MOP y del BO, el rol del Colegio de Ingenieros y la intervención de una Junta de Asistencia Financiera configuran un cuadro de Estado que, con sus limitaciones, intentó estar a la altura del desastre.

En la Venezuela contemporánea, marcada por nuevas crisis y por un deterioro institucional notorio, revisar ese episodio obliga a preguntarse qué se perdió en el camino cuando Caracas y el Litoral central nuevamente vuelven a ser víctimas de devastadores terremotos en casi 60 años: cuántas capacidades técnicas, cuánta seriedad normativa y cuál sentido de responsabilidad pública se han destruido desde entonces.

El terremoto de 1967, mirado desde hoy, es algo más que una memoria sísmica: es un espejo incómodo sobre el que se proyecta la distancia entre aquel Estado democrático que aprendió de la catástrofe y el país actual que, careciendo de brújula, requiere con urgencia instituciones capaces de convertir el dolor en políticas de reconstrucción y en garantías efectivas de los derechos humanos.

Fuentes:

FUNVISIS, reseña histórica del terremoto de Caracas de 1967, con detalle de las comisiones creadas por disposición presidencial.

FUNVISIS, reportaje histórico sobre el terremoto de Caracas de 1967, con mención de la fecha, magnitud y daños principales.

El terremoto de Caracas de 1967: 50 años después, Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, con referencia al papel del Colegio de Ingenieros de Venezuela.

WIKIPEDIA.