Carlos J. Sarmiento Sosa | “Moral y luces”: la reinstitucionalización moral de la venezolanidad

Hoy todos hablamos de “reinstitucionalización” del Estado venezolano, incluyendo a los Estados Unidos y sus planes de estabilización para Venezuela; y políticos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, informes internacionales, coincidimos en que hay que rescatar el Tribunal Supremo de Justicia, recomponer el Ministerio Público, devolver la autonomía al Poder Electoral y reconstruir los contrapesos que el chavismo‑madurismo se encargó de demoler, y una gran mayoría exige elecciones libres y competitivas. Pero hay una pregunta que flota en el aire: ¿con quiénes se va a hacer esa reinstitucionalización cuando, durante más de un cuarto de siglo, se ha corroído la “venezolanidad” como cultura cívica, se ha degradado la escuela y ha adoptado la corrupción como forma de vida?

Simón Bolívar lo vio con claridad en Angostura: “moral y luces son nuestras primeras necesidades”. No hablaba solo de instituciones, sino de carácter colectivo: de una venezolanidad capaz de sostener una República sobre virtudes cívicas y educación, no sobre clientelas y montoneras, advirtiendo que “un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción” lo que materializó proponiendo un “Poder Moral” encargado de velar por las costumbres y la formación de los ciudadanos.

Dos siglos después, la frase cobra vida al observar que la venezolanidad ha sido moldeada maléficamente por más de dos décadas de desgobierno, y el resultado es una combinación explosiva de instituciones destruidas y ciudadanos desmoralizados, y ello induce a pensar que pocas veces se asume que la verdadera tarea es reinstitucionalizar moralmente la venezolanidad: recomponer los hábitos, los reflejos, las expectativas éticas de un pueblo que ha tenido que sobrevivir entre la pobreza inducida, la corrupción sistémica y el colapso educativo. En este sentido, la Venezuela que describen Transparencia Internacional y los informes sobre la crisis educativa no es solo un país con malos indicadores; es una sociedad a la que se le ha arrancado buena parte de sus “moral y luces” para someterla a los designios dictatoriales. Hay que mantener al pueblo en la ignorancia para hacer al nuevo ciudadano, mal dijo a principios del siglo XXI uno de los progenitores de la destrucción institucionalque, afortunadamente, la historia sepultó en vida.

Venezuela es el tercer país más corrupto del mundo según el Índice de Percepción de  la Corrupción 2025: 10 puntos sobre 100, puesto 180 de 182 países evaluados. No es un dato técnico, es un diagnóstico moral: “la corrupción generalizada y las actividades ilícitas han disparado la pobreza y socavado el Estado de derecho”, como ha señalado Transparencia Internacional. Redes cleptocráticas, miles de millones de dólares objeto de procesos por corrupción, oro y petróleo como botín de grupos internos y aliados externos, una economía informal que premia al vivo y castiga al honesto.

Al mismo tiempo, la escuela pública se cae a pedazos. Salarios docentes que no cubren ni el transporte, maestros que se van del país o cambian de oficio o sirven de vendedores ambulantes en la economía informal. Informes recientes describen escuelas sin agua ni electricidad, sin comedores funcionando, con padres que deben aportar comida y materiales para que sus hijos puedan asistir. Gremios y medios hablan de una deserción docente que ronda el 70%, y de cientos de miles de niños y adolescentes fuera del sistema escolar en los últimos años. Sin maestros, sin aulas, sin libros y con hambre, ¿de qué “luces” se habla? ¿Con qué cultura cívica se va a levantar un nuevo Estado?

El resultado es evidente: la crisis venezolana no es solo macroeconómica ni institucional, es una crisis de “moral y luces” en el sentido más crudo del término. La captura del sistema de justicia, el uso pernicioso del derecho como arma de persecución, la normalización del “bachaqueo” y de los “negocios” con lo público, la huida masiva de docentes y profesionales, todo eso ha erosionado el suelo ético y cultural sobre el que se supone que debería apoyarse cualquier reinstitucionalización del Estado. En anteriores ocasiones he sostenido que la corrupción ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en la estructura misma del poder, y que la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo ha destruido las garantías básicas de los ciudadanos frente al abuso.

Por eso, limitarse a hablar de “buen gobierno corporativo”, de “reformas de gobernanza” o de “diseños institucionales” sin poner en el centro la reinstitucionalización moral de la ciudadanía es repetir el mismo error de siempre: creer que cambiando leyes y organigramas cambiaremos la realidad. Gatopardismo en acción.

Reinstitucionalizar moralmente a la ciudadanía no es un lujo “valórico” ni un capítulo opcional al final de los acuerdos políticos; es la condición de posibilidad de todo lo demás. Significa, ante todo, reconstruir la escuela como espacio de dignidad: salarios que permitan vivir de enseñar, infraestructura mínima decente, contenidos que formen en pensamiento crítico y no en propaganda, programas masivos de recuperación de la lectura, la escritura, la historia y la Constitución.

Por otra parte, hay que explicar, en lenguaje sencillo, los derechos humanos, qué es un juez independiente, qué hace un fiscal, qué límites tiene el poder de un presidente o de un alcalde, y cómo puede reclamar un ciudadano cuando esos límites se violan. En “Amnistía en Venezuela: entre el olvido necesario y la impunidad inadmisible” insistí en “la necesidad de divulgar el derecho, de explicarlo en términos cotidianos para que lo comprenda quien no es abogado, porque para ejercer los derechos hay que conocerlos”.

Y significa, sobre todo, recuperar la noción de virtud cívica: que el venezolano común vuelva a considerar vergonzoso lo que hoy muchos consideran normal —el soborno, el atajo, el “raspado” del presupuesto, el uso del cargo para vengarse del adversario—. Que se entienda que “no robar” y “no dar falso testimonio” no son mandatos piadosos, sino los cimientos del crédito, del contrato y de la confianza sin los cuales no hay economía que funcione ni democracia que resista. Como recogieron los Diez Mandamientos —no matar, no robar, no dar falso testimonio—, ciertas prohibiciones mínimas son la base de cualquier convivencia civilizada; y trasladadas al terreno cívico, se traducen en probidad, respeto a la vida y veracidad institucional.

¿Es viable una reinstitucionalización de las instituciones sin maestros, sin jueces respetados, sin periodistas libres, sin una masa crítica de ciudadanos que crea, de verdad, que obedecer la ley es mejor negocio que violarla? Esa es la discusión que falta en muchos documentos de transición: se habla del diseño del Tribunal Supremo, pero no del tipo de cultura que hace posible que ese Tribunal funcione; se habla de normas anticorrupción, pero no de la educación moral que impide que la corrupción sea socialmente tolerable. En “Lineamientos para la transición del sistema de justicia en Venezuela” propuse que toda reforma judicial debía ir acompañada de una reforma de la Escuela de la Magistratura y de la Escuela Nacional de Fiscales, centrada en derechos humanos, debido proceso y ética pública; esa misma lógica debe extenderse ahora al conjunto de la ciudadanía.

No se trata de renunciar a la justicia transicional, ni a las reformas constitucionales, ni a la reinstitucionalización del Estado. Al contrario: se trata de anclarlas en un proyecto explícito de reinstitucionalización moral de la ciudadanía venezolana. Que cada reforma de ley tenga su correlato pedagógico; que cada comisión de la verdad vaya acompañada de procesos de educación cívica; que cada depuración institucional venga con un debate público sobre qué se considera aceptable y qué no en la vida cotidiana. Como ha mostrado la experiencia comparada en el Cono Sur y en otros procesos, las transiciones que no abordan de frente la cultura de la impunidad terminan reproduciendo, bajo nuevas formas, viejas prácticas de abuso.

Fuentes

Simón Bolívar, Discurso de Angostura (15 de febrero de 1819), en particular los pasajes sobre el “Poder Moral” y la frase “moral y luces son nuestras primeras necesidades”.

Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2025 para las Américas y fichas país de Venezuela (posición 180 de 182, 10/100 puntos).

Transparencia Venezuela e Infobae, reportajes sobre la corrupción sistémica y el legado económico e institucional del chavismo‑madurismo.

Informes y notas de prensa sobre la crisis educativa en Venezuela: Deutsche Welle, BBC Mundo y otros medios, en relación con el éxodo de docentes, el colapso de la escuela pública y la deserción escolar.

Artículos y documentos de organizaciones y medios venezolanos sobre reinstitucionalización y reconstrucción institucional: Acceso a la Justicia, Revista SIC, La Gran Aldea, Version Final y otros.

Carlos Sarmiento Sosa. El Nacional: “Amnistía en Venezuela: entre el olvido necesario y la impunidad inadmisible” y “Lineamientos para la transición del sistema de justicia en Venezuela”.