Carlos J. Sarmiento Sosa | ¿Más requisitos, peores magistrados?

Durante más de un siglo, Venezuela tuvo constituciones que no establecieron para los magistrados de sus tribunales supremos las rigurosas condiciones que hoy suelen presentarse como garantía indispensable de una justicia independiente e idónea. Hubo, además, largos períodos de dictadura, gobiernos de fuerza, intervenciones militares y sistemas políticos poco respetuosos de la autonomía judicial. Sin embargo, en esas mismas etapas ejercieron la magistratura juristas de reconocida autoridad intelectual, probidad y prestigio.

La pregunta es inevitable: ¿qué ocurrió? ¿Cambió moralmente el venezolano? ¿Se volvió menos apto para juzgar? ¿O hemos depositado en la Constitución una confianza excesiva, suponiendo que la acumulación de requisitos formales puede producir jueces independientes y excelentes?.

Una historia imperfecta

Las constituciones venezolanas del siglo XIX y de buena parte del XX fueron relativamente lacónicas al regular las condiciones para acceder a los máximos tribunales. La Constitución de 1811 exigía para los ministros de la Corte Suprema, entre otros elementos, tener treinta años, reunir condiciones de vecindad, concepto y probidad, y ser abogados recibidos en el Estado. La Constitución de 1819 requería ser ciudadano activo, no estar suspendido como abogado y tener treinta años.

Durante la vigencia de la Constitución de 1824, en el marco de la Gran Colombia, se exigía estar instruido en la ciencia del derecho, ser ciudadano natural de la República y haber cumplido treinta y cinco años. En 1830, 1857 y 1858, los textos fueron menos detallados. La Constitución de 1864, al crear la Alta Corte Federal, tampoco incorporó un catálogo particularmente exigente de condiciones profesionales.

En 1874 y 1881 aparecieron requisitos más definidos, como la nacionalidad por nacimiento y la edad mínima de treinta años. Para la Corte de Casación, la Constitución de 1881 llegó a exigir la condición de abogado en ejercicio y seis años de práctica. Pero, en términos generales, la Constitución no pretendía sustituir la valoración política e institucional de la persona por una lista interminable de credenciales.

En 1947, al sustituirse la Corte Federal y de Casación por la Corte Suprema de Justicia, se exigía ser venezolano por nacimiento, abogado y mayor de treinta años. La Constitución de 1961 mantuvo esa fórmula esencial y dejó a la ley la posibilidad de establecer requisitos como el ejercicio profesional, la judicatura o la docencia universitaria en materia jurídica.

No eran constituciones ingenuas ni lo eran quienes las hacían. Éstos tampoco suponían que la edad o el título de abogado fueran suficientes para garantizar la justicia. Pero entendían, aunque fuera de manera imperfecta, que la magistratura no depende únicamente de condiciones objetivas verificables en un expediente.

Los juristas en tiempos difíciles

La historia contradice la idea de que los buenos magistrados sólo pueden surgir de sistemas constitucionales técnicamente refinados. Durante la larga dictadura de Juan Vicente Gómez, por ejemplo, la Corte Federal y de Casación estuvo integrada por juristas como José Ignacio Arnal, Arminio Borjas Pérez, Pedro Manuel Arcaya, Emilio Constantino Guerrero, Alejandro Urbaneja, Tomás Mármol, Enrique Tejera y Carlos León.

El dato no debe interpretarse como una absolución del gomecismo pues fue un régimen autoritario, represivo y contrario a las libertades políticas. Pero precisamente por eso el fenómeno resulta relevante: aun en un sistema de poder concentrado pudieron existir jueces y magistrados de categoría intelectual y, en ciertos casos, de dignidad personal. En este sentido, Arcaya, ministro de la Corte Federal y de Casación entre 1909 y 1913, en sus memorias dejó testimonio de que los funcionarios del gobierno respetaban la investidura de los jueces de la Corte.

El mismo período produjo otras figuras, como Julio Horacio Rosales, Félix S. Angulo Ariza, Tulio Chiossone y Hugo Ardila Bustamante. Algunos desarrollaron carreras judiciales prolongadas, que habían iniciado durante el gomecismo y que culminaron en la República Civil nacida el 23 de enero de 1958; otros fueron profesores, autores de obras jurídicas y referentes de generaciones enteras de abogados. Angulo Ariza, por ejemplo, permaneció vinculado al Poder Judicial durante décadas y su Cátedra de Enjuiciamiento Criminal fue estudiada por numerosas promociones; y Borjas Pérez, legó sus famosos Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano a múltiples generaciones de abogados, magistrados y jueces.

La República Civil tampoco estuvo exenta de graves deficiencias. La designación partidista, el reparto de cargos, la corrupción y la falta de independencia fueron problemas reconocidos a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1969, que condujo a la partidización de la función judicial. Sin embargo, esa misma etapa contó con magistrados como Luis Loreto, José Román Duque Sánchez, José Gabriel Sarmiento Núñez, René De Sola, José Santiago Núñez Aristimuño, Luis H. Farías Mata, Román J. Duque Corredor, Josefina Calcaño de Temeltas, Alirio Abreu Burelli y otros reconocidos juristas de amplia autoridad académica y profesional, que se distinguieron por su independencia y autonomía a la hora de producir un fallo, ni se arrodillaban ante el poder.

La conclusión no puede ser que el sistema anterior funcionaba bien. No funcionaba bien y eso lo sabemos quienes ejercimos la profesión de San Ivo en la República Civil. Era un Poder Judicial políticamente vulnerable y, en distintos momentos, susceptible a actos de corrupción, o sometido a las instancias partidistas o gubernamentales. Lo que debe reconocerse es algo diferente: incluso dentro de instituciones deficientes podían identificarse personas capaces de preservar una conciencia profesional y una cultura jurídica, tal como lo detallé en mi obra El desempeño del sistema judicial venezolano en el marco histórico 1810-2010 (EJV, 2015).

La ilusión constitucional de 1999

Lo cierto es que la Constitución de 1999 reaccionó frente a la crisis acumulada del Poder Judicial. Su diagnóstico era correcto: la justicia debía ser gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita y sin formalismos inútiles.

También incorporó garantías importantes: autonomía funcional, financiera y administrativa; concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial; participación ciudadana en la selección; incompatibilidades para impedir el activismo político partidista; responsabilidad por error judicial; justicia de paz y mecanismos alternativos de solución de controversias.

En cuanto a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la Constitución elevó considerablemente las exigencias. Se establecieron condiciones de nacionalidad, edad, título de abogado, reconocida honorabilidad y experiencia profesional, académica o judicial. El propósito era evidente: impedir que la máxima instancia judicial quedara en manos de improvisados o de simples operadores partidistas.

Pero la historia posterior demostró que una buena construcción normativa no basta. El propio proceso constituyente de 1999 debilitó desde el comienzo la institucionalidad que pretendía reconstruir. La Asamblea Nacional Constituyente, extralimitándose en la labor que le había sido asignada por el pueblo en el referendum, arbitrariamente intervino el Poder Judicial, creó una Comisión de Emergencia Judicial, suspendió jueces y permitió designaciones sin concursos ordinarios. Luego, el régimen de transición reorganizó, a la conveniencia de Hugo Chávez, el Tribunal Supremo de Justicia.

Como se observa, el problema no fue la ausencia de requisitos. Por el contrario, la normativa constitucional era mucho más ambiciosa que la de épocas anteriores. El problema fue que los actores encargados de aplicarla no estaban sometidos a una cultura institucional que hiciera efectivos esos requisitos, y perseguían otros objetivos, como someter a los magistrados y jueces, el control total de la justicia.

La experiencia venezolana dejó así una paradoja: mientras la Constitución de 1999 multiplicaba las garantías de idoneidad, excelencia, transparencia e independencia, el sistema político encontraba mecanismos para controlar el procedimiento de selección y convertir la formalidad constitucional en una apariencia.

El expediente no produce independencia

Un magistrado no se vuelve independiente por acumular quince años de ejercicio profesional, haber sido profesor universitario o presentar una trayectoria aparentemente intachable. Esas condiciones pueden ser necesarias, pero no son suficientes.

La independencia judicial es, ante todo, una disposición moral e institucional. Supone la capacidad de resistir al gobierno, al partido, al grupo económico, al bufete influyente, a la prensa y a la opinión pública cuando la decisión jurídica exige hacerlo. También exige un sistema que proteja al juez independiente y sancione al juez venal, sin importar su filiación política.

El fracaso está en confundir selección técnica con independencia. Un comité puede verificar títulos, publicaciones y años de experiencia; pero no puede garantizar, por sí solo, la fortaleza de carácter de quien habrá de decidir bajo presión. Tampoco puede asegurar que el designado no convierta sus conocimientos en instrumentos de subordinación política. Ya lo advirtió recientemente Carlos Ayala Corao al referirse al riesgo de que los magistrados a designarse en Venezuela resulten de una repartición por cuotas.

Durante el siglo XX, Venezuela tuvo jueces notables pese a la precariedad de los mecanismos formales. Después de 1999, tuvo normas más completas y, sin embargo, produjo un Tribunal Supremo cada vez más dependiente del poder político. La explicación no pareciera estar en un supuesto deterioro moral de todos los venezolanos, sino en la destrucción de los incentivos institucionales que protegían la independencia.

La verdadera previsión

La lección no es eliminar los requisitos constitucionales. La edad, la nacionalidad, la formación jurídica, la experiencia y la honorabilidad siguen siendo filtros razonables, y otros recomendados por los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura (“P-1985”) y han sido complementados por informes del Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados y los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial (“P-2002”). Lo que debe rechazarse es la ilusión de que una lista más larga de condiciones produce automáticamente mejores magistrados.

Ramón Escovar León ha señalado, con acierto, la importancia de un baremo que permita comparar trayectorias distintas con criterios conocidos y méritos verificables, sin convertir la selección en una simple suma de puntos; pero, además, a quienes constitucionalmente corresponda la selección de magistrados deberían tomar en consideración las recomendaciones contenidas en los citados Principios Básicos y los Principios de Bangalore y colocarlas al lado de las exigencias constitucionales y legales. Porque, como expresé el 27 de septiembre de 2025, en un artículo publicado en El Nacional, cuando la justicia se subordina, la libertad se extingue.

La historia venezolana muestra que el país no careció de juristas eminentes por falta de requisitos constitucionales. Careció, muchas veces, de instituciones capaces de protegerlos. Y cuando esas instituciones se deterioraron, ni los concursos, ni los comités, ni las exigencias profesionales pudieron impedir que la magistratura fuese ocupada por personas políticamente dependientes.

La pregunta, por tanto, no es si los venezolanos se volvieron moralmente peores. La pregunta correcta es qué sistema de poder hizo más rentable la obediencia que la independencia.

La Constitución puede exigir idoneidad. Sólo una cultura institucional puede producir autoridad judicial.