Carlos J. Sarmiento Sosa | Los jueces del terror
El debate sobre la inconstitucionalidad de los tribunales de terrorismo, planteado por Perkins Rocha, no es un tecnicismo jurídico. Es la prueba de que el Estado de Derecho ha sido reemplazado desde comienzos del siglo XXI: el juez natural fue sustituido por el juez al servicio del poder mediante artimañas producto de torticeras interpretaciones jurídicas y, en complicidad con la cúspide del sistema judicial, se crearon tribunales ad hoc para perseguir a quienes piensen o actúen en oposición al régimen opresor.
En las dictaduras, la represión no se sostiene solo con armas ni con retórica: necesita del sistema judicial. No cualquier juez, sino un dócil amanuense —el mujiquita que describía Gallegos— dispuesto a hacer de la Constitución un utensilio para servir al poder. Poco a poco, silenciosa y progresivamente (aunque a veces con estridencia cuando se trata de banalizar o demonizar la actuación de los escasos jueces independientes e imparciales), la injusticia se convierte en un engranaje más que se transforma en el punto de apoyo de los mandones de turno.
El debate sobre la inconstitucionalidad de los tribunales de terrorismo, planteado por Perkins Rocha, no es un tecnicismo jurídico. Es la prueba de que el Estado de Derecho ha sido reemplazado desde comienzos del siglo XXI: el juez natural fue sustituido por el juez al servicio del poder mediante artimañas producto de torticeras interpretaciones jurídicas y, en complicidad con la cúspide del sistema judicial, se crearon tribunales ad hoc para perseguir a quienes piensen o actúen en oposición al régimen opresor.
De esta manera, en 2012, el Tribunal Supremo de Justicia, usurpando atribuciones del Poder Legislativo, creó mediante una simple resolución administrativa una jurisdicción especial en materia de terrorismo con competencia nacional. No hubo ley. No hubo debate parlamentario. No hubo control democrático. Solo una mera decisión administrativa que dio origen a tribunales que hoy concentran los procesos más sensibles del país. Una violación grosera y flagrante del derecho del ciudadano a ser juzgado por su juez natural: la garantía de que nadie sea juzgado sino por tribunales previamente establecidos por la ley, competentes, independientes e imparciales.
El resultado, como ilustra Perkins Rocha, es jurídicamente insostenible: tribunales sin base legal, jueces sin independencia y procesos sin legitimidad constitucional, una violación descarada de los derechos humanos.
Pero toda estructura necesita rostros y jueces serviles. Y ahí aparece como por arte de magia la sedicente titular del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo, cuya figura ha quedado asociada a casos que concentran las peores violaciones al debido proceso en Venezuela: desapariciones forzadas, juicios reiniciados arbitrariamente, audiencias telemáticas sin garantías, defensores públicos impuestos y condenas máximas sin pruebas.
No se trata de imputar la comisión de delitos a una persona, sino de entender la función que cumple la funcionaria judicial aludida, pues ella no es la causa del problema: es el producto de un perverso sistema diseñado para emitir decisiones alineadas con los intereses del poder político.
Así se observa que los tribunales de terrorismo —creados al margen de la Constitución— consolidaron un circuito cerrado donde la detención, el procesamiento y la condena responden a una lógica de control político, no a la verificación de hechos punibles. La etiqueta de “terrorismo” dejó de ser una categoría jurídica para convertirse en una herramienta: justifica la excepción permanente, restringe garantías y blinda decisiones. En ese contexto, el juez deja de ser garante de derechos para convertirse en administrador del castigo. Se trata de tribunales ad hoc inconstitucionales desde su origen, repudiados incluso por el derecho internacional.
En el Tercer Reich, la justicia fue subordinada a la voluntad del Führer. Juristas como Hans Frank y operadores judiciales como Roland Freisler sostuvieron en distintos contextos, bajo la misma idea, que la voluntad del Führer estaba por encima de la ley escrita y era fuente directa del Derecho —el llamado Führerprinzip— y que el juez debía plegarse a ella. Pero lo cierto es que cuando el tribunal deja de obedecer la ley y se rinde a los pies del poder, la toga se convierte en un uniforme más del régimen, que solo se diferencia en su confección de las vestimentas de los organismos de represión del Estado.
La gravedad de los efectos de la actuación judicial en adoración a la dictadura no está solo en la situación de los perseguidos políticos, sino en la destrucción de la ciudadanía. Porque cuando los tribunales se crean sin ley, cuando los jueces se designan “digitalmente”, vale decir “a dedo” y sin transparencia, y cuando las decisiones siguen directrices políticas, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y se convierte en objeto del poder punitivo del Estado.
La solución no puede ser reformar superficialmente la organización judicial ni cambiar la denominación de los juzgados y tribunales, ni desaparecer los de terrorismo como pareciera que se pretende hacer mediante el traslado de supuestos e inexistentes procesos por terrorismo a tribunales penales ordinarios en el interior del país, agravando la situación de los procesados al alejarlos de sus domicilios., como informan las RRSS. Lo que procede es la nulidad de los tribunales de terrorismo —por su origen inconstitucional—, unos órganos judiciales que violaron y violan el debido proceso, el derecho a la defensa y todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho.
Ningún sistema represivo es eterno. Pero los daños que sus operadores dejan en la justicia no se repararán con la celeridad que amerita ni con el unánime deseo de la sociedad civil de contar con un sistema judicial digno. Cualquier reforma debe sustituir un modelo creado para castigar y garantizar independencia judicial, selección por méritos, inamovilidad y debido proceso disciplinario, conforme a los Principios Básicos de la ONU sobre la Independencia de la Judicatura.
Por eso, una justicia transicional con amplia participación de organizaciones de la sociedad civil debe jugar un papel preponderante en la reforma de la organización judicial, construyendo un modelo que excluya a los jueces que practican la proskynesis ante los amos del poder y que solo abra espacio a jueces independientes e imparciales.
Fuentes:
Perkins Rocha. La inconstitucionalidad de los tribunales de terrorismo en Venezuela. EL NACIONAL 14-03-2026.
Carlos Sarmiento Sosa. Lineamientos para la transición del sistema de justicia en Venezuela. EL NACIONAL 14-03-2026.