Beatriz Becerra | ¿Puede aplicarse a Pedro Sánchez el delito de traición?

Lo que el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional ha puesto sobre la mesa obliga a formular hoy en la sede de la soberanía nacional una pregunta que afecta al núcleo mismo del deber de un presidente del Gobierno.

Presidente, ¿ha sido leal con España?

El documento remitido a la Audiencia Nacional sostiene que la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio no fue simplemente una explosión migratoria espontánea.

Describe una operación planificada en la que participaron fuerzas de seguridad marroquíes, con agentes uniformados y personas de paisano, que guiaron y monitorizaron los movimientos. Y señala como finalidad colapsar el sistema de control fronterizo español y eliminar la capacidad de respuesta española.

El objetivo último sería la reivindicación territorial de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

Añade, además, un dato particularmente inquietante. La Policía ya había emitido el 29 de julio una alerta de riesgo extremo ante la posibilidad de entradas marítimas coordinadas.

En su entrevista del lunes en la SER, Pedro Sánchez aseguró de una manera innecesariamente taxativa que no existía ninguna información aportada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el CNI u otros servicios de inteligencia que apuntara a una participación marroquí.

El martes, EL ESPAÑOL adelantó en exclusiva ese informe policial, que sostiene justamente lo contrario respecto de la actuación de fuerzas de seguridad marroquíes.

Y entonces reapareció Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, requiriendo de madrugada al director general de la Policía que confirmara si el informe existía y desde cuándo estaba en poder del cuerpo.

Si Marlaska no conocía el informe, tenemos un problema gravísimo de coordinación y dirección de la seguridad del Estado. Si lo conocía, tenemos un problema político todavía mayor.

Y si el Gobierno pretende poner en cuestión las conclusiones de una unidad especializada de la Policía Nacional, tendrá que explicar por qué esa unidad trasladó sus conclusiones a la Audiencia Nacional.

Aún falta el informe de la Guardia Civil, a quien la juez María Tardón también requirió información para determinar si en los hechos podían identificarse indicios de un delito contra la independencia del Estado.

No vamos a conocer, desde luego, los informes de inteligencia del CNI, faltaba más. La información clasificada tiene precisamente esa condición para proteger fuentes, métodos y seguridad nacional.

Pero que los informes del CNI no puedan revelarse no significa que el Gobierno no los tuviera. Y, además, competencialmente le correspondía a la Policía Nacional hacerlos, como ante la juez acaba de certificar que hizo.

La inteligencia no puede utilizarse como coartada cuando conviene y como secreto de Estado cuando incomoda. Y, si de inteligencia hablamos, hay dos ejes esenciales sobre los que pivota el caso.

Los teléfonos de Sánchez, Marlaska y Robles fueron infectados por Pegasus en mayo de 2021, inmediatamente después de la anterior gran crisis de Ceuta.

Nadie sabe el volumen de datos con los que se hizo Rabat, ni las características de los mismos, pero cada vez adquiere más envergadura esta gran cuestión de seguridad nacional cuya legitimidad es palmaria. Y es que el Gobierno volcó todos sus esfuerzos en enterrar el caso, especialmente en Bruselas.

Lo que los españoles hemos visto y seguimos viendo en Ceuta, más de un mes después del asalto, es que la frontera de nuestro país ha sido puesta a prueba por una potencia extranjera hostil.

Y que lo ha hecho con una operación de contrainteligencia clásica, aumentada en precisión y eficiencia por las lecciones de guerra híbrida, en dos fases perfectamente delineadas, como se detalla en las páginas que ya tiene la Audiencia Nacional.

Jóvenes fuertes bien equipados, a nado; hordas de hombres, mujeres, niños y hasta personas con discapacidad, por tierra. Utilizando a sus ciudadanos empobrecidos como carne de cañón, sin disparar un tiro.

Lo que los españoles hemos visto y seguimos viendo es una pequeña ciudad española enfrentándose a una situación límite desde la instrumentalización y el abandono.

Un territorio valiente, numantino, prodigio de multiculturalidad y respeto, cercado y ocupado por un país hostil que ha enviado al equivalente a su población a desocuparlos o rendirse. La cuenta de Mohamed VI es uno por uno.

Lo que los españoles hemos visto y seguimos viendo es un presidente autonómico sosteniendo, con una dignidad extraordinaria, una posición que nunca hubiera debido tener que defender en solitario.

En el acto institucional del Día de Ceuta, el presidente Juan Jesús Vivas reclamó conocer la verdad sobre lo sucedido, y lanzó un mensaje que debería resonar hoy en el Congreso: Marruecos tiene que respetar a España y nuestra integridad territorial es intocable. Esa es exactamente la cuestión.

Lo que toda España expresó ayer en miles de municipios es su apoyo incondicional a Ceuta, que es su espejo. Y si algo se oyó en esas concentraciones, además de vivas a Vivas y a los caballas, fue la palabra traidor.

¿Quién traicionó a quién?

¿Traicionó Marruecos la confianza de España? ¿Traicionaron los hechos el relato de Sánchez? ¿Traicionó el Gobierno a Ceuta interiorizando los intereses de su relación con Marruecos hasta el punto de confundirlos con los intereses nacionales?

El Código Penal llama traición a determinadas formas de ponerse al servicio de una potencia extranjera contra los intereses de España.

El artículo 584 castiga al español que, para favorecer a una potencia extranjera, procure, falsee, inutilice o revele información clasificada susceptible de perjudicar la seguridad o la defensa nacional.

El artículo 582 contempla facilitar al enemigo la entrada en España, pero dentro del marco específico del delito de traición.

¿Qué ocurre cuando un presidente antepone la preservación de sus intereses propios a la defensa de los intereses, la seguridad y la integridad territorial del Estado que gobierna?

¿Es o no traición como quiebra del deber de lealtad del gobernante hacia aquello que está obligado a proteger?

La propia Constitución contempla expresamente la acusación por traición contra el presidente y los miembros del Gobierno.

El artículo 102 establece que, si se trata de traición o de cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, la acusación puede plantearse por iniciativa de una cuarta parte del Congreso y con aprobación de la mayoría absoluta.

Hoy Pedro Sánchez comparece ante el Congreso, y, en realidad, sólo debería responder a un puñado de preguntas.

¿A quién ha estado protegiendo este Gobierno cuando España necesitaba ser protegida?

Presidente, ¿ha sido leal con España?

¿Y ahora qué, presidente? ¿Activamos el 102?