Beatriz Becerra | La solución no es regar Ceuta de millones

Nadie sabe cuántos menores no acompañados llegaron a Ceuta el 30 de julio de 2026. Nadie sabe cuántos han salido, cuántos permanecen escondidos o en la calle, sin comida ni protección, sin que su nombre aparezca en ningún registro.

Lo único que sabemos a ciencia cierta por el presidente Vivas es que hoy Ceuta tutela a mil cien niños y adolescentes, cuando su capacidad para "contingencia crítica migratoria" es de noventa.

Sin embargo, a pesar de no saber ni quiénes ni cuántos ni para qué, el Gobierno de España ha respondido (otra vez) sacando el talonario para zanjar el asunto y continuar las vacaciones. Veinticinco millones de euros que no resuelven nada, que sólo aplazan, maquillan y convierten una crisis migratoria en una transferencia bancaria que sustituye a la política.

Treinta millones en apenas semanas, sin que exista detrás ninguna estrategia que no sea la ya conocida de fortalecer al adversario político que el propio Ejecutivo dice combatir: Vox.

Pero el principio que debe gobernar cualquier decisión sobre un menor extranjero no acompañado es, siempre, su interés superior. Y ese interés empieza, cuando sea jurídica y materialmente posible, por localizar a su familia y favorecer el reencuentro, no por convertirlo en una ficha de un reparto administrativo entre gobiernos autonómicos.

No se trata de repartir menores. Lo sostuve cuando Cataluña convirtió la acogida en un mercadeo de cupos y lo sostengo ahora que se pretende convertir a Ceuta en apenas una emergencia presupuestaria.

El objetivo no puede ser distribuir cargas administrativas entre comunidades autónomas, sino proteger a niños. Como declara la propia Unicef, al otro lado de la frontera, en Marruecos, hay familias que buscan desesperadamente a sus hijos e hijas, mientras que en Ceuta hay niños de diez y doce años que piden teléfonos para poder llamar a sus madres y decirles que están bien.

España ya cuenta con un sistema de acogida temporal en familias, tutelado por la Administración, capaz de ofrecer a esos menores algo que ningún macrocentro puede darles: una vida normalizada mientras dura su situación.

Construir nuevos CETI, como parece ser la respuesta automática de este Gobierno ante cualquier presión migratoria, no soluciona nada. Al contrario. Cronifica el problema y convierte una emergencia en una infraestructura permanente costosa, ineficiente y nutritiva para el populismo incendiario.

Hay mejores usos para veinticinco millones de euros.

Es imperativo reforzar de manera inmediata los equipos de identificación y determinación de la edad, hoy desbordados en Ceuta.

Además, ese dinero debería financiar la cooperación técnica con Marruecos para la búsqueda familiar, porque sin ella no hay reencuentro posible.

También debe blindar la protección jurídica de esos menores desde el primer día, y no sólo cuando la presión mediática lo exige.

Y, por supuesto, ha de reforzar el acompañamiento psicológico y los servicios sociales que hoy sostienen, con medios insuficientes, una tarea que corresponde al Estado español en su conjunto, no a una ciudad de ochenta mil habitantes.

El marco europeo tampoco ayuda. La UE sigue sin una política común de asilo y acogida de menores que merezca ese nombre, y la Directiva de condiciones de acogida, por sólida que sea sobre el papel, descarga toda su exigencia sobre los Estados de frontera exterior sin ofrecerles instrumentos reales de reparto de la responsabilidad.

Ceuta soporta, otra vez, el peso de ser una frontera española que, a todos los efectos, es europea.

Ceuta avisó, y no sólo una vez. Juan Jesús Vivas ha explicado que, en la quincena previa a la entrada masiva, alertó "de manera reiterada" al Gobierno central de una situación "verdaderamente alarmante" y solicitó la activación de la Ley de Seguridad Nacional. La respuesta del jefe de gabinete de Pedro Sánchez fue que se trataba de algo habitual en verano y que no se preocupara.

Parece que el presidente del Gobierno de España no le cogió el teléfono al presidente del gobierno de Ceuta.

Que esas advertencias no desencadenaran ninguna respuesta preventiva no es un detalle burocrático, sino la prueba de que el fallo no fue de información, sino de respeto y voluntad política para escuchar a quien gobierna sobre el terreno.

Pedro Sánchez pisó Ceuta hora y media el 31 de julio de 2026. Al día siguiente voló a La Mareta, donde seguirá hasta el 25 de agosto. No ha creado un mando único, pese a que Ceuta lo pidió desde el primer día. Tampoco ha convocado el Comité de Situación que sí activó en 2021 ante una entrada ocho veces menor.

Lo único que articuló en pleno furor epistolar fue una videoconferencia urgente con los titulares europeos de Interior.

Y allá que fue el ministro Marlaska. A rendir cuentas a Bruselas antes que a los representantes de la soberanía popular, y a vender con todo su cuajo una vergüenza internacional como un éxito de gestión porque supuestamente han salido casi todos los que entraron.

Porque Marruecos, que los dejó pasar incumpliendo todas sus obligaciones fronterizas, los mandó de vuelta.

Hay algo inconmensurable en el deshonor en el que, como fango de pantano, patalea el juez Fernando Grande-Marlaska. "Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad", ha afirmado sin rebozo. Ninguna democracia parlamentaria resiste esa frase en boca de un ministro del Interior. Gobernar es, precisamente, responder.

Yo quiero que me respondan los responsables, donde corresponde: en el Congreso y el Senado, que para eso está la Diputación Permanente. Además de desgañitarse pidiendo dimisiones por doquier, ¿por qué el Partido Popular, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, no ha hecho ya esa petición de comparecencia urgente?

Me voy a permitir contribuir a este empeño armando una humilde batería de preguntas para esa sesión:

¿No existían alertas? ¿No había informes? ¿No hubo avisos del gobierno de Ceuta? ¿No existía seguimiento de inteligencia? ¿No había señales en redes sociales?

Y, si no hubo ningún aviso, ¿por qué el Gobierno cesó a la responsable de comunicación de Seguridad Nacional en cuanto trascendió la cifra real de entradas en Ceuta?

Si Sánchez, Marlaska y/o Robles afirmaran en sede parlamentaria que nada de eso existió, la conclusión será tan devastadora como definitiva.