Asdrúbal R. Oliveros | La banca antinatura
Hemos construido una banca antinatura: un sistema financiero que funciona bien como plataforma transaccional, pero al que la política económica le impide prestar como se debe.
Venezuela tiene hoy una banca que puede captar depósitos, procesar pagos, hacer operaciones cambiarias, ofrecer aplicaciones cada vez más sofisticadas y cobrar comisiones por sus servicios, pero que encuentra enormes dificultades para cumplir la función económica que históricamente justifica la existencia de un sistema bancario: transformar ahorro en crédito. No es una exageración. Al cierre de julio de 2026, la cartera de crédito del sistema rondaba los US$4.000 millones y equivalía aproximadamente a 3,6% del PIB. Es una mejora importante frente al 0,65% del PIB que representaba a comienzos de 2021, pero sigue siendo un nivel extraordinariamente bajo para una economía que necesita financiar capital de trabajo, inventarios, maquinaria, vivienda, vehículos, consumo e inversión. Hemos construido, en la práctica, una banca antinatura: un sistema financiero que funciona razonablemente bien como plataforma transaccional, pero al que la política económica le impide desarrollar plenamente su función de intermediación.
La explicación principal está en la política de encaje legal. El encaje es un instrumento normal de política monetaria y prudencial: obliga a los bancos a mantener una parte de los depósitos como reservas y limita, por tanto, cuánto pueden transformar en préstamos. El problema venezolano no es la existencia del encaje, sino su magnitud y, sobre todo, la función que ha terminado cumpliendo. Con un encaje de 73% sobre las obligaciones netas en moneda nacional, después de haber llegado incluso a 85% en años anteriores, Venezuela mantiene uno de los esquemas más restrictivos de la región. Eso significa que una parte extraordinariamente elevada de los recursos captados por los bancos queda inmovilizada, reduciendo drásticamente la materia prima con la que se construye el crédito.
Pero hay algo todavía más importante: el encaje venezolano hace tiempo dejó de ser solamente un instrumento bancario. En esencia, se convirtió en un instrumento de política cambiaria. La lógica del BCV es relativamente sencilla. Si los bancos expanden el crédito, crean capacidad adicional de gasto en bolívares; una parte de esos bolívares termina, directa o indirectamente, demandando divisas y presionando el tipo de cambio. La respuesta ha sido restringir el multiplicador bancario para evitar que esa liquidez llegue al mercado cambiario. Dicho de manera más sencilla: como el Gobierno teme que los bolívares prestados por los bancos terminen comprando dólares, limita la capacidad de los bancos para prestar.
Se puede entender la lógica, pero entenderla no significa compartirla. El problema fundamental es que se está utilizando al sistema financiero para contener desequilibrios que no se originan en la banca. La presión sobre el tipo de cambio venezolano tiene raíces fiscales, monetarias e institucionales mucho más profundas. Cuando el sector público genera bolívares por encima de la capacidad de absorción de la economía, cuando la inflación deteriora persistentemente la demanda de moneda local y cuando la oferta de divisas no acompaña el crecimiento de la liquidez, la presión cambiaria termina apareciendo. Restringir el crédito puede disminuir temporalmente uno de los canales a través de los cuales esos bolívares llegan al mercado, pero no corrige el desequilibrio que los creó.
Se encarece el crédito
Esta distinción es particularmente relevante en el momento actual. La semana pasada hubo una reunión entre el BCV y representantes de la banca en la que se anunciaron cambios que apuntan nuevamente hacia un endurecimiento de las condiciones financieras. Entre las medidas planteadas está un fuerte aumento del costo asociado a los déficits de encaje, además de ajustes al alza en las tasas mínimas activas y pasivas. No son cambios menores. Cuando un banco sabe que un déficit de encaje puede generar una penalización mucho más costosa, la respuesta racional es aumentar sus colchones de liquidez, reducir riesgos y ser todavía más selectivo a la hora de prestar. Si a eso se añade un incremento de las tasas mínimas, el resultado previsible es una combinación particularmente poco favorable para la economía real: menos crédito y más caro.
Estas decisiones tampoco pueden analizarse de manera aislada. Todo indica que el BCV está anticipando una mayor ejecución de gasto público durante los próximos meses y, en consecuencia, un incremento de los bolívares en circulación. Al mismo tiempo, la asignación de divisas prevista para septiembre baja hacia unos US$1.400 millones, por debajo de lo liquidado en promedio durante el trimestre anterior. La combinación es delicada: más bolívares potencialmente buscando cobertura y una menor oferta de dólares para absorber esa demanda. El Banco Central parece estar preparándose para ese escenario reforzando los mecanismos de absorción monetaria, encareciendo el incumplimiento del encaje y tratando de mantener bajo control la expansión del crédito.
El problema, como casi siempre ocurre con este tipo de estrategia, está en el costo. Para intentar proteger el frente cambiario se vuelve a sacrificar el crédito, precisamente cuando la economía venezolana necesita financiamiento para crecer. Y aquí vale la pena detenerse porque a veces hablamos del crédito como si fuera simplemente otra fuente de liquidez. No lo es. El crédito permite trasladar recursos a través del tiempo: hace posible que una empresa compre hoy la maquinaria que pagará con la producción de los próximos años, que un comerciante aumente inventarios antes de una temporada de mayor demanda, que una industria financie capital de trabajo durante su ciclo productivo o que una familia compre una vivienda sin tener que acumular previamente el 100% de su valor.
El crédito como motor de expansión
Por eso existe una literatura económica extensa que relaciona el desarrollo financiero con el crecimiento y la productividad. Los trabajos clásicos sobre intermediación financiera muestran que el aporte del crédito no ocurre únicamente porque aumenta la cantidad de recursos disponibles para invertir, sino también porque mejora su asignación. Un sistema bancario funcional evalúa proyectos, compara riesgos, analiza capacidad de pago y dirige recursos hacia actividades con posibilidades de generar retornos. Investigaciones del FMI, del Banco Mundial y del Banco de Pagos Internacionales han encontrado durante décadas una relación importante entre profundidad financiera, productividad e inversión, aunque también sabemos que expansiones excesivas del crédito pueden generar burbujas y crisis. Esa última advertencia es válida, pero resulta casi irónica aplicada a Venezuela: con una cartera bancaria alrededor de 3,6% del PIB, nuestro problema no es que tengamos demasiado crédito, sino que tenemos extraordinariamente poco.
La escasez de crédito tiene además efectos que no siempre aparecen en las estadísticas agregadas. Una empresa que no consigue financiamiento probablemente no cierre al día siguiente, pero comienza a operar por debajo de su potencial. Compra menos inventario, posterga una maquinaria, reduce una expansión, exige anticipos a sus clientes o utiliza sus utilidades corrientes para financiar proyectos que deberían ejecutarse con recursos de largo plazo. En una economía de estas características, las empresas terminan creciendo al ritmo que les permite su caja y no al ritmo que justificarían sus oportunidades de negocio.Así han operado las empresas en Venezuela en los últimos 8 años. Eso reduce productividad, limita la inversión y hace mucho más lenta cualquier recuperación.
La restricción del crédito como fuente de desigualdad
También genera un problema de competencia y desigualdad empresarial. Las compañías grandes, con patrimonio acumulado, ingresos en dólares o acceso a financiamiento internacional pueden adaptarse mejor a un sistema con poco crédito. Las empresas pequeñas, los nuevos emprendimientos y quienes tienen buenos proyectos pero poco capital propio quedan en una posición mucho más complicada. Una de las funciones económicas más importantes de la intermediación financiera es precisamente separar, al menos parcialmente, la posibilidad de invertir de la riqueza que ya posee quien quiere hacerlo. Cuando el crédito prácticamente desaparece, esa separación también desaparece: quien tiene capital puede crecer; quien tiene una buena oportunidad pero no tiene recursos propios debe esperar.
Una banca transaccional
En los últimos años, además, esta restricción ha ido modificando el propio modelo de negocio bancario venezolano. El reciente aumento de las tarifas bancarias es una buena muestra. Mi lectura cuando se anunció fue que se estaba buscando darle oxígeno al sistema sin tocar de manera sustancial el encaje. Si la banca tiene dificultades para generar ingresos intermediando, la alternativa es permitirle generar más ingresos por transacciones, pagos, transferencias, operaciones cambiarias y servicios. Eso puede mejorar la rentabilidad y es comprensible desde el punto de vista de la supervivencia del sistema, pero consolida una estructura que debería preocuparnos: una banca cada vez más transaccional y cada vez menos intermediadora.
No tengo nada contra una banca transaccionalmente eficiente. Todo lo contrario. Venezuela necesita mejores sistemas de pago, más digitalización, mayor integración financiera internacional y un mercado cambiario bancario más profundo. El problema aparece cuando esa función deja de complementar la intermediación y comienza a sustituirla. Una economía moderna no necesita solamente instituciones que permitan mover dinero rápidamente de una cuenta a otra; necesita instituciones capaces de transformar ahorro en inversión. La banca puede encontrar maneras de sobrevivir cobrando por mover dinero, pero una economía difícilmente puede alcanzar tasas sostenidas de inversión y crecimiento si no desarrolla mecanismos eficientes de financiamiento.
El crecimiento del crédito es insuficiente
La paradoja se vuelve todavía más evidente cuando observamos que el crédito sí ha registrado una recuperación importante en los últimos años. La cartera pasó de menos de US$300 millones a comienzos de 2021 a alrededor de US$4.000 millones actualmente. Pero cuando se parte de una base extraordinariamente deprimida, los porcentajes de crecimiento pueden impresionar y, aun así, dejar al sistema en niveles mínimos. Decir que el crédito ha aumentado con fuerza es correcto; concluir de allí que Venezuela ya tiene un sistema financiero normal sería un error. Una cartera equivalente a 3,6% del PIB sigue siendo demasiado pequeña para acompañar las necesidades de inversión de una economía del tamaño de la venezolana. En américa Latina, el promedio de la relación crédito/PIB está en el orden del 30%, así que la distancia es enorme.
Perspectiva negativa para el crédito
Además, las nuevas medidas del BCV pueden ralentizar esa recuperación. Un aumento significativo de la penalización por déficit de encaje introduce un incentivo muy poderoso para que las instituciones mantengan liquidez excedentaria. Desde la perspectiva individual de cada banco es completamente racional: ante una sanción potencialmente muy costosa, es preferible prestar menos que arriesgarse a incumplir. Desde la perspectiva agregada, sin embargo, el resultado puede ser perverso, porque una regulación diseñada para asegurar el cumplimiento monetario termina profundizando la contracción de la intermediación financiera.
El ajuste de las tasas agrega otra capa al problema. En condiciones normales, una mayor tasa activa podría permitir que el precio del crédito reflejara mejor la inflación, el riesgo y el costo de oportunidad del dinero. Pero Venezuela no opera bajo condiciones normales. Cuando simultáneamente existe un encaje extraordinariamente elevado, fuertes penalizaciones por déficit y restricciones sobre la capacidad de expansión de la cartera, el aumento de las tasas no necesariamente genera más oferta de crédito. Puede simplemente encarecer el poco crédito disponible y llevar a los bancos a concentrarlo todavía más en clientes de bajo riesgo y alta capacidad de pago.
No se va a la raíz del problema
En el fondo estamos utilizando el balance de los bancos para corregir un problema que debería resolverse principalmente en el balance del sector público. Si aumenta el gasto fiscal y eso produce una expansión importante de liquidez, la respuesta de largo plazo no puede consistir en permitir que esos bolívares entren a la economía por una puerta y luego tratar de encerrarlos en las bóvedas de los bancos por otra. Es una estrategia costosa y conceptualmente contradictoria. El Estado expande liquidez y posteriormente obliga al sistema financiero a inmovilizar recursos para neutralizar parte de esa expansión, trasladando el costo hacia empresas y hogares que encuentran menos financiamiento.
Esto tampoco significa que el BCV deba reducir mañana el encaje de 73% a niveles normales de manera abrupta. Hacerlo en una economía con inflación elevada, expectativas cambiarias frágiles y una oferta de divisas que todavía depende de manera importante de mecanismos administrados podría provocar un aumento considerable de la liquidez y terminar rápidamente sobre el mercado cambiario. Ese riesgo existe y sería irresponsable ignorarlo. Pero reconocerlo no implica aceptar que el encaje extraordinario deba convertirse en una característica permanente del modelo económico venezolano.
Otro diseño de política es posible
Lo razonable sería comenzar a construir una estrategia gradual de normalización financiera vinculada a objetivos macroeconómicos claros. La reducción del encaje debería acompañar una mayor disciplina fiscal, una desaceleración sostenida de la inflación, un mercado cambiario más profundo, una oferta de divisas menos dependiente de intervenciones puntuales y mejores instrumentos de política monetaria para absorber excesos de liquidez sin descansar casi exclusivamente sobre los bancos. Venezuela necesita que el BCV pueda administrar la cantidad de dinero sin tener que mantener permanentemente asfixiado el canal del crédito.
También necesitamos volver a discutir qué sistema financiero queremos. La reconstrucción económica del país requerirá crédito hipotecario, financiamiento de vehículos, capital de trabajo, préstamos para pequeñas y medianas empresas, financiamiento agrícola, crédito para inversión y mercados de capitales más profundos. Nada de eso aparecerá espontáneamente si la arquitectura monetaria sigue tratando al crédito como una amenaza que debe mantenerse bajo control. El crédito puede generar riesgos y debe ser regulado, pero también es una infraestructura fundamental para el crecimiento.
Después de años de encajes extraordinarios hemos llegado a una situación curiosa: tenemos bancos que tecnológicamente pueden mover dinero en segundos, pero una economía donde conseguir financiamiento continúa siendo excepcional. Hemos mejorado las aplicaciones, los sistemas de pago y las operaciones cambiarias mientras mantenemos severamente restringida la capacidad de transformar depósitos en préstamos. Esa contradicción explica el título de esta columna. No se trata de defender a los bancos ni de pedir crédito indiscriminado; se trata de entender que hemos terminado diseñando un sistema financiero al que se le dificulta cumplir su función económica fundamental.
Puedo entender lo que el Banco Central intenta hacer frente a los próximos meses. Si espera mayor gasto público, más bolívares circulando y una oferta de divisas que en septiembre baja hacia US$1.400 millones, tiene razones para preocuparse por la presión sobre el tipo de cambio y la brecha cambiaria. Lo que cuestiono es que sigamos utilizando el crédito como una de las principales variables de ajuste. Cada vez que aparece una amenaza cambiaria, apretamos un poco más a la banca; cada vez que aumenta la liquidez, restringimos un poco más la intermediación. El dólar puede sentir algún alivio, pero la economía real paga la factura.
Después de tantos años aplicando esta receta, deberíamos empezar a preguntarnos si el costo acumulado no es ya demasiado alto. Venezuela necesita estabilidad cambiaria, por supuesto, pero también necesita inversión, productividad y empresas capaces de financiar su crecimiento. No podemos pretender conseguir una cosa destruyendo sistemáticamente las condiciones necesarias para la otra. La estabilidad macroeconómica sostenible no consiste en mantener quieto el tipo de cambio a cualquier precio, sino en construir un entorno en el que la moneda, el crédito, la inversión y la actividad económica puedan convivir sin que uno tenga que ser sacrificado para sostener al otro. Mientras eso no ocurra, seguiremos teniendo una banca que existe, funciona y procesa miles de millones de transacciones, pero que permanece limitada para hacer aquello que debería estar en el centro de su razón de ser: prestar para que la economía pueda crecer.
Texto tomado de sus redes sociales.