Alfonso Hernández Ortiz | Venezuela y la necesidad incómoda de negociar
En política existen verdades incómodas que pocos se atreven a expresar públicamente. Una de ellas es que los conflictos políticos profundos rara vez terminan mediante la derrota absoluta de una de las partes. La historia demuestra que incluso los enfrentamientos más intensos suelen resolverse a través de procesos de negociación, concesiones mutuas y acuerdos imperfectos. A mi juicio, Venezuela ha llegado nuevamente a ese punto de inflexión donde resulta necesario discutir seriamente la posibilidad de una negociación política integral que permita abrir una ruta de reconstrucción institucional y reconciliación nacional.
Sé perfectamente que para muchos venezolanos la sola palabra negociación genera rechazo. No es difícil entender por qué. Durante años se han producido diálogos fallidos, mesas de conversaciones estériles, mediaciones internacionales inconclusas y acuerdos que terminaron sin resultados tangibles para la población. Sin embargo, una cosa es cuestionar negociaciones mal diseñadas y otra muy distinta es rechazar la negociación como instrumento político. Desde mi punto de vista, confundir ambos conceptos constituye un error estratégico. La negociación no es una muestra de debilidad. Es, en muchos casos, la única vía racional para evitar escenarios de mayor sufrimiento colectivo.
La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas. En Sudáfrica, las negociaciones entre el gobierno del apartheid y el liderazgo encabezado por Nelson Mandela permitieron desmontar uno de los sistemas de segregación más brutales del siglo XX sin desencadenar una guerra civil generalizada. Durante años, ambas partes se consideraron enemigos irreconciliables. Había presos políticos, violencia, desconfianza y profundas heridas sociales. Sin embargo, comprendieron que ninguna de las partes podía imponer una victoria total sin arrastrar al país hacia una catástrofe. Mandela entendió que la construcción de una democracia requería sentarse con quienes habían sido sus carceleros. El gobierno sudafricano comprendió que la perpetuación indefinida del régimen era insostenible. El resultado fue una transición imperfecta, pero históricamente exitosa.
Chile ofrece otra referencia relevante. La salida del régimen de Augusto Pinochet no se produjo mediante una insurrección armada ni por una intervención extranjera. Se construyó a través de acuerdos graduales entre sectores de la oposición democrática y actores vinculados al poder militar. Muchos consideraron insuficientes aquellas concesiones. Otros las calificaron de excesivas. Sin embargo, la transición permitió recuperar instituciones democráticas y crear condiciones para la estabilidad política y el crecimiento económico durante décadas. La negociación no significó olvido ni impunidad automática. Significó reconocer que el futuro exigía mecanismos de convivencia política.
La propia transición española después de la muerte de Francisco Franco constituye quizás uno de los ejemplos más estudiados por la ciencia política contemporánea. Las fuerzas democráticas y sectores provenientes del franquismo comprendieron que la confrontación permanente podía poner en riesgo la estabilidad del país. El llamado pacto de transición permitió construir nuevas instituciones, aprobar una constitución democrática y sentar las bases de la España moderna. Aquellos acuerdos fueron duramente criticados por sectores radicales de ambos extremos ideológicos. Sin embargo, la historia ha demostrado que fueron fundamentales para evitar una nueva fractura nacional.
Henry Kissinger sostenía que la estabilidad internacional rara vez surge de la imposición absoluta y que los acuerdos sostenibles requieren reconocer los intereses fundamentales de todos los actores involucrados. Más allá de las controversias que rodean su figura, su análisis sobre el equilibrio político conserva vigencia. Del mismo modo, el politólogo estadounidense Samuel Huntington explicó en The Third Wave que muchas transiciones democráticas exitosas fueron producto de pactos entre sectores reformistas del régimen y sectores moderados de la oposición. Por su parte, Guillermo O’Donnell, uno de los grandes teóricos de las transiciones políticas latinoamericanas, demostró que los procesos de apertura suelen avanzar cuando los actores comprenden que los costos de la confrontación permanente superan los beneficios potenciales de una victoria total.
Los venezolanos tampoco somos ajenos a esta discusión. Durante años hemos visto fracasar mesas de diálogo, negociaciones suspendidas, mediaciones internacionales y acuerdos que terminaron generando más frustración que esperanza. Buena parte de esa desconfianza tiene fundamentos reales. En numerosos episodios, el régimen utilizó las negociaciones para ganar tiempo, aliviar presiones nacionales e internacionales, dividir a la oposición y mejorar su posición política. Paralelamente, sectores minoritarios de una falsa oposición, hoy ampliamente identificados por la ciudadanía como alacranes, obtuvieron cuotas de poder, beneficios particulares y espacios de representación política de espaldas a la voluntad mayoritaria expresada por los venezolanos. Esa realidad explica por qué muchos ciudadanos observan cualquier propuesta de negociación con escepticismo e incluso con indignación. Sin embargo, reconocer esos errores no debería impedirnos discutir si existe una forma distinta de construir una salida política que responda verdaderamente a los intereses del país y no a los intereses de quienes se benefician de la prolongación indefinida del conflicto.
Sin embargo, también es cierto que después de más de dos décadas de confrontación política permanente, Venezuela continúa atrapada en una crisis de legitimidad, institucionalidad y gobernabilidad que ninguna estrategia ha logrado resolver. Mientras el régimen conserva el control del aparato estatal, millones de venezolanos siguen enfrentando las consecuencias de la crisis económica, la migración forzada, el deterioro institucional y la pérdida progresiva de oportunidades. El conflicto permanece abierto y el país continúa pagando sus costos.
Por ello, considero necesario explorar una negociación política seria y transparente que permita destrabar el conflicto venezolano. No hablo de nuevas fotografías, comunicados ambiguos o reuniones destinadas a ganar tiempo. Hablo de una negociación con mediación internacional creíble, cronograma verificable y objetivos concretos. Una negociación orientada a la reconstrucción institucional del país mediante un Tribunal Supremo de Justicia independiente, un Consejo Nacional Electoral verdaderamente autónomo, garantías efectivas para todas las fuerzas políticas, observación internacional calificada y el establecimiento de fechas claras para elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales competitivas. Una negociación donde exista respeto efectivo a los resultados electorales, mecanismos de verificación internacional y garantías suficientes para que los venezolanos vuelvan a confiar en que el voto puede producir cambios reales.
En este contexto, el papel de Donald Trump podría resultar más relevante de lo que muchos imaginan. Durante años se ha debatido la posibilidad de soluciones de fuerza o escenarios de máxima presión. Sin embargo, desde una perspectiva pragmática, la verdadera contribución de Washington podría consistir en facilitar un espacio donde las partes se sienten finalmente a negociar.
Puede parecer improbable imaginar un encuentro entre los principales actores políticos venezolanos. Pero también parecían improbables las conversaciones entre Nelson Mandela y Frederik Willem de Klerk en Sudáfrica. Mandela negoció con quienes lo mantuvieron veintisiete años en prisión. De Klerk negoció con quien durante décadas fue considerado el principal enemigo del régimen. En Chile, figuras como Patricio Aylwin entendieron que la transición exigía acuerdos con sectores vinculados al poder militar heredado de Augusto Pinochet. En España, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Felipe González comprendieron que la construcción democrática requería sentarse a dialogar incluso con quienes representaban proyectos políticos profundamente enfrentados. Ninguno de ellos renunció a sus principios. Comprendieron simplemente que había momentos en los que el futuro de una nación debía colocarse por encima de las heridas del pasado.
No se trata de renunciar a principios, olvidar responsabilidades ni ignorar las profundas diferencias existentes. Se trata de reconocer una realidad elemental: los países no pueden permanecer indefinidamente atrapados en conflictos sin salida. Venezuela necesita recuperar instituciones, reconstruir la economía, generar confianza para la inversión, facilitar el retorno de millones de migrantes y ofrecer esperanza a una generación que ha crecido en medio de la incertidumbre. Ninguno de esos objetivos será alcanzable si la política continúa funcionando exclusivamente bajo la lógica de vencedores y vencidos.
Durante años hemos vivido esta tragedia no solo desde la teoría política, sino también desde la experiencia personal. Millones de venezolanos nos vimos obligados a abandonar nuestro país, nuestras familias, nuestros proyectos de vida y buena parte de nuestros sueños. Aprendimos a vivir entre aeropuertos, fronteras, videollamadas y despedidas. Vimos partir amigos, colegas, estudiantes y familiares. Hemos celebrado cumpleaños a distancia, acompañado duelos desde otros países y observado cómo una generación completa crecía lejos de la tierra donde nació. Por eso nos resulta imposible observar el debate sobre la negociación únicamente como un ejercicio académico o estratégico. Detrás de cada discusión política existen seres humanos concretos, familias separadas y millones de personas que todavía esperan la posibilidad de reencontrarse con su país.
Como venezolano, aspiro regresar algún día a una Venezuela libre, democrática e inclusiva. Una Venezuela donde las oportunidades no dependan de la ideología de las personas ni de su identidad partidista. Una Venezuela donde las instituciones funcionen, donde la ley se respete, donde la justicia sea independiente y donde disentir no implique persecución ni exclusión. Una Venezuela donde los ciudadanos no tengan que escoger entre sus convicciones y su futuro. Tal vez por eso considero que la negociación no debe verse como una concesión a los actores políticos, sino como una oportunidad para millones de venezolanos que siguen esperando reconstruir sus vidas y recuperar la esperanza de volver a casa.
Después de más de dos décadas de autoritarismo, pobreza, persecución, exilio y fractura social, Venezuela ya conoce suficientemente bien las causas de su tragedia. El desafío de nuestro tiempo consiste en recuperar la democracia, restablecer el Estado de Derecho y reconstruir las instituciones que permitan a los venezolanos volver a desarrollar sus proyectos de vida en libertad, dignidad y paz.
Habrá responsabilidades que deberán ser establecidas por la justicia. Habrá víctimas que merecen verdad, reparación y reconocimiento. Habrá quienes deban rendir cuentas por las decisiones que condujeron a Venezuela a una de las crisis más profundas de su historia republicana. Ninguna democracia sólida puede edificarse sobre la impunidad. Pero tampoco puede construirse sobre la perpetuación indefinida del conflicto. En algún momento será necesario sustituir la lógica de la confrontación permanente por la lógica de la reconstrucción nacional. Será necesario comprender que la justicia y la reconciliación no son conceptos incompatibles. Por el contrario, ambas serán indispensables para cerrar heridas y construir un futuro distinto.
Porque al final, el mayor triunfo no será que una parte derrote a la otra. El mayor triunfo será que los venezolanos podamos reencontrarnos con nuestro país.
Y cuando llegue ese día, la historia no recordará a quienes prolongaron el conflicto. Recordará a quienes tuvieron la visión, la responsabilidad y el coraje de ayudar a que Venezuela volviera a encontrarse consigo misma.
Autor: Alfonso Hernández Ortiz
Politólogo, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales