Alfonso Hernández Ortiz | Venezuela: los futuros posibles de una transición incierta

La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero alteró el equilibrio político venezolano, pero no disolvió las estructuras que durante décadas concentraron el poder. Delcy Rodríguez ejerce la presidencia encargada, Jorge Rodríguez participa en las negociaciones institucionales y Diosdado Cabello conserva un papel en el aparato político y de seguridad. Al mismo tiempo, Washington negocia directamente con Caracas, la oposición discute sus vías de participación y millones de ciudadanos esperan que el cambio llegue a sus salarios, sus servicios públicos y sus derechos. En mi opinión, confundir esta reorganización con una transición democrática ya consumada sería apresurado. El problema no es solamente quién ocupa Miraflores, sino quién controla las instituciones, quién puede disputar el gobierno y ante quién deben rendir cuentas quienes lo ejercen.

Peter Schwartz, en The Art of the Long View, ofrece una herramienta para evitar esa confusión. Su planificación por escenarios distingue fuerzas relativamente previsibles de incertidumbres críticas y examina cómo su interacción puede producir futuros diferentes. No pretende adivinar lo que ocurrirá. Busca poner a prueba las decisiones actuales ante posibilidades plausibles. En Venezuela identifico dos incertidumbres que atraviesan todo el proceso, hasta dónde aceptarán los actores que conservan el poder unas reglas que permitan perderlo y hasta dónde sostendrá Washington la exigencia democrática cuando entre en tensión con sus intereses estratégicos. A partir de ellas podemos examinar alternativas, reconocer señales y, sobre todo, preguntar qué decisiones acercan o alejan cada desenlace.

Washington, la estabilidad y los incentivos

La cooperación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha convertido la estabilización en el lenguaje dominante de la relación bilateral. Petróleo, deuda, seguridad y recuperación económica ocupan un lugar central. Marco Rubio ha descrito una secuencia de estabilización, recuperación y transición, razonable en su intención de evitar un vacío de poder, pero no exenta de contradicciones. Una economía que se recupera puede facilitar la apertura política, aunque también puede aportar recursos y reconocimiento a quienes administran el Estado sin obligarlos a modificar las reglas. A mi criterio, el dato políticamente significativo no es que Washington converse con Delcy, sino que los acuerdos económicos puedan avanzar con más rapidez que las garantías electorales.

No hace falta suponer pactos secretos para advertir esa tensión. Delcy necesita gobernabilidad, inversiones y reconocimiento exterior, mientras Estados Unidos busca resultados propios. Esos intereses pueden coincidir durante un tiempo sin que sus protagonistas compartan una visión del desenlace. El verdadero examen llegará cuando una reforma electoral, una decisión judicial independiente o una candidatura competitiva altere los equilibrios que hoy permiten negociar. Allí se sabrá si la estabilidad es un puente hacia la democracia o una condición que termina justificando su aplazamiento.

Las señales que deja el poder

Amy Webb, en The Signals Are Talking, propone observar señales emergentes, conectarlas y distinguir patrones persistentes de acontecimientos aislados. Su enfoque fue desarrollado para anticipar transformaciones tecnológicas y sociales, no para explicar específicamente la política venezolana, pero su lógica resulta útil. Un anuncio de apertura no basta para demostrar una transformación, importa comprobar si se repite, se institucionaliza y resiste cuando afecta a quienes gobiernan. Por eso conviene seguir la composición del Consejo Nacional Electoral, la independencia de los tribunales, las condiciones de trabajo de los medios y la actuación de los organismos de seguridad.

La liberación de presos políticos y la flexibilización de restricciones pueden representar avances reales, pero una concesión reversible no equivale a un derecho garantizado. Las advertencias de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas sobre estructuras represivas persistentes obligan a mirar más allá del discurso. Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello ocupan espacios distintos dentro del chavismo, sin que podamos afirmar con certeza cómo evolucionarán sus acuerdos internos. La señal decisiva no será un supuesto enfrentamiento entre ellos, sino la aparición de instituciones capaces de limitar a cualquiera de los tres.

La oposición, la ciudadanía y la legitimidad

Las conversaciones de Jorge Rodríguez con el sector vinculado a Dinorah Figuera y a la Asamblea Nacional elegida en 2015 pueden abrir caminos para reformas judiciales y garantías políticas. Pero la legitimidad electoral de origen de aquel Parlamento no sustituye por sí sola la representación de la Venezuela actual. Los partidos que actúan dentro del país, los dirigentes que negocian y quienes permanecen fuera de esas conversaciones necesitan reglas comunes, no solamente reconocimiento de sus interlocutores internacionales. María Corina Machado, con su liderazgo y su propuesta de elecciones en julio de 2027, introduce una exigencia temporal concreta, aunque esa fecha no constituye una convocatoria oficial. Su eventual regreso y su capacidad de construir alianzas deberán evaluarse por las garantías de participación y por su contribución a una alternativa de gobierno.

Hay además una sociedad que no puede quedar reducida a espectadora. Sindicatos, gremios, universidades, organizaciones no gubernamentales, pensionados y movimientos vecinales tienen demandas que ninguna mesa política puede absorber por completo. Desde mi experiencia en la administración pública y la universidad venezolana, sé que la distancia entre los acuerdos de las élites y la vida cotidiana suele ser decisiva. Una transición que no llegue a los servicios públicos, el empleo, los salarios y la protección de derechos corre el riesgo de perder legitimidad, incluso si logra importantes acuerdos diplomáticos.

Petróleo, instituciones y límites de la recuperación

Donella Meadows y sus colaboradores, en The Limits to Growth, utilizaron la dinámica de sistemas para estudiar las relaciones entre crecimiento, recursos, restricciones y efectos de retroalimentación. Su modelo no fue diseñado para pronosticar transiciones políticas. Su enseñanza aplicable aquí es otra, mejorar una variable no garantiza que el conjunto funcione. Una expansión petrolera puede elevar los ingresos fiscales, pero si persisten la discrecionalidad, la fragilidad judicial y la falta de controles, esos recursos pueden fortalecer tanto la provisión de servicios como la concentración del poder.

Por eso la pregunta relevante no es únicamente cuánto petróleo producirá Venezuela, sino quién administrará los ingresos, cómo se adjudicarán los contratos y qué mecanismos permitirán vigilar el gasto. La recuperación exige infraestructura, capacidad administrativa, seguridad jurídica y diversificación productiva. La diáspora puede aportar conocimientos, inversión y vínculos internacionales, pero necesita reglas confiables para participar. Y los organismos multilaterales pueden acompañar la asistencia, la verificación de derechos y la reconstrucción, sin reemplazar la responsabilidad política de las instituciones venezolanas.

Los relojes de Washington y Caracas

El 3 de noviembre de 2026, Estados Unidos celebrará sus elecciones legislativas de mitad de mandato. El resultado modificará la composición del Congreso y podría alterar las condiciones de supervisión de la política de Trump hacia Caracas, sin determinar automáticamente su orientación. En noviembre de 2028 llegará la elección presidencial estadounidense. JD Vance, Marco Rubio y Gavin Newsom aparecen en el debate público sobre el próximo ciclo, pero ni las candidaturas ni sus políticas futuras están definidas. Son hitos que obligan a los venezolanos a pensar más allá de una relación personal con la actual Casa Blanca.

Entre ambos momentos se sitúa la propuesta de elecciones venezolanas para julio de 2027, una aspiración política que debe distinguirse de una convocatoria oficial. Desde mi perspectiva, los años 2027 y 2028 serán ventanas útiles para observar si aparecen garantías electorales, reformas institucionales y acuerdos capaces de sobrevivir a los cambios en Washington. El horizonte de 2030 sirve para evaluar resultados, no para fijar una fecha mágica. En ese recorrido, una alianza estratégica entre Venezuela y Estados Unidos es una hipótesis diplomática concreta, muy distinta de especular sobre un estado número 51 o un territorio asociado, fórmulas que exigirían decisiones constitucionales extraordinarias y carecen de una ruta institucional establecida.

Cuatro futuros posibles

El primer escenario es una transición democrática negociada. Durante 2027 podrían acordarse autoridades electorales confiables, garantías para todas las fuerzas políticas y una convocatoria competitiva. La prueba no sería solo votar, sino aceptar la alternancia, proteger a quienes pierdan y permitir que los tribunales y organismos de control actúen sin instrucciones partidistas. Entre 2028 y 2030 habría que comprobar si esas reglas sobreviven al primer cambio de gobierno y si la reconstrucción económica se acompaña de rendición de cuentas.

El segundo escenario es una continuidad política con apertura económica. El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez podría ampliar acuerdos energéticos, inversiones y relaciones internacionales mientras mantiene bajo control los mecanismos decisivos de competencia política. Su señal característica sería una normalización material más rápida que la institucional, con anuncios de reformas que no se traduzcan en autonomía judicial, libertad plena de organización o calendario electoral verificable. Venezuela podría mostrar mejoras económicas hacia 2030 sin haber resuelto la cuestión democrática.

El tercer escenario es una transición pactada y prolongada. Sectores del gobierno y de la oposición podrían compartir responsabilidades, impulsar reformas parciales y administrar una etapa provisional con acompañamiento internacional. Un pacto puede abrir oportunidades, pero también convertirse en un mecanismo para aplazar decisiones. La diferencia estaría en la publicidad de los compromisos, la amplitud de la representación y la existencia de plazos exigibles. Si la provisionalidad se extiende más allá de 2028 sin reglas electorales claras, el acuerdo corre el riesgo de sustituir la legitimidad ciudadana por la negociación permanente.

El cuarto escenario es una reconfiguración conflictiva. Una ruptura de las conversaciones, disputas internas, una recuperación económica insuficiente o cambios de prioridades estadounidenses podrían abrir nuevas tensiones. Las protestas sociales y las controversias por recursos públicos podrían adquirir mayor protagonismo. No implica necesariamente un retorno al pasado, pero sí un contexto en el que el uso de la coerción, el debilitamiento de garantías y la pérdida de canales de negociación se convertirían en señales de alerta.

Estos escenarios no son pronósticos ni caminos excluyentes. Pueden combinarse y cambiar de trayectoria. Schwartz permite ordenar las incertidumbres, Webb ayuda a identificar señales convergentes y Meadows obliga a observar cómo las decisiones generan efectos que refuerzan o limitan el sistema. Lo importante es someter las hipótesis a pruebas concretas, una fecha electoral oficial, reformas judiciales aplicadas, libertad de organización, transparencia de los ingresos petroleros y mejoras verificables en la vida cotidiana.

La transición que todavía falta definir

En mi opinión, el riesgo central de este período es confundir la normalización internacional con la democratización interna. Podemos llegar a los próximos años con más producción petrolera, nuevas inversiones y relaciones diplomáticas estables, mientras continúa pendiente la pregunta de quién puede acceder al poder y cómo puede ser controlado. También es posible que los acuerdos actuales abran una transformación más profunda. Ninguno de esos desenlaces está asegurado, y precisamente por eso conviene mirar las decisiones antes que las declaraciones.

El futuro de Venezuela no será escrito exclusivamente por Trump, Delcy Rodríguez, María Corina Machado o los negociadores que hoy ocupan los titulares. Dependerá también de los trabajadores, las universidades, las organizaciones civiles, los ciudadanos dentro del país y quienes vivimos fuera de él. El desafío no consiste en escoger entre recuperación económica y democracia, sino en impedir que una se utilice como sustituto de la otra. La pregunta que deberíamos llevar a cada negociación es sencilla y exigente, ¿estamos construyendo instituciones para que los venezolanos puedan elegir, controlar y sustituir a sus gobernantes, o solamente estamos encontrando una nueva forma de administrar el poder sin ellos? Esa respuesta, más que cualquier anuncio petrolero o fotografía diplomática, nos dirá qué transición estamos viviendo.