Alfonso Hernández Ortiz | Venezuela: la Realpolitik de una transición sin democracia

A propósito de lo ocurrido esta semana en Venezuela, dos escenas retratan las contradicciones de una transición que todavía no encuentra su rumbo democrático. En las calles, ciudadanos movilizados por María Corina Machado reclamaban elecciones, libertades y su regreso al país. En Miraflores, Dinorah Figuera se reunía con Delcy y Jorge Rodríguez, dentro de un proceso de negociación respaldado por Washington. Mientras unos exigían votar, otros discutían las condiciones para hacerlo. La tercera ronda de conversaciones concluyó con acuerdos para revisar leyes relacionadas con las inhabilitaciones políticas, la participación partidista y otras restricciones, pero sin establecer una fecha para las elecciones presidenciales. No desconozco la importancia de esos avances. Sin embargo, después de la salida de Nicolás Maduro, buena parte de las estructuras que sostuvieron su gobierno conserva una influencia decisiva sobre el Estado. Cambiaron las circunstancias y los interlocutores, pero todavía no sabemos cuándo podrán los venezolanos elegir libremente a sus gobernantes. Me preocupa que estemos confundiendo el desarrollo de una negociación con la consolidación de una democracia. Son procesos diferentes y sus consecuencias también pueden serlo.

En mi opinión, estamos presenciando la Realpolitik en su expresión más descarnada. Henry Kissinger, en Diplomacy (1994), examina cómo las grandes potencias han orientado históricamente sus relaciones internacionales atendiendo a intereses estratégicos y equilibrios de poder, incluso cuando sus decisiones entran en tensión con los principios que proclaman. La actuación de Donald Trump puede interpretarse desde esa lógica. Estados Unidos tiene intereses energéticos, económicos y de seguridad en Venezuela, y su administración ha respaldado negociaciones con actores capaces de alcanzar acuerdos y ejecutarlos. Delcy Rodríguez conserva el control de resortes fundamentales del Estado, mientras Dinorah Figuera encabeza la delegación opositora reconocida en este proceso. Desde mi perspectiva, ambas cumplen funciones relevantes dentro de una estrategia estadounidense cuyos objetivos no necesariamente coinciden con las prioridades democráticas de los venezolanos. No me escandaliza que Washington defienda sus intereses. Eso hacen los Estados. Lo que cuestiono es que su conveniencia diplomática pueda terminar condicionando indefinidamente nuestro derecho a decidir. La utilidad de un interlocutor para Washington no lo convierte automáticamente en representante legítimo de los venezolanos.

El rodrigato, por su parte, parece haber comprendido que el tiempo es un recurso político extraordinario. Delcy y Jorge Rodríguez negocian, anuncian reformas y proyectan estabilidad mientras mantienen posiciones decisivas dentro del aparato estatal. La renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la posterior transformación del Consejo Nacional Electoral figuran entre los asuntos centrales del proceso. Son reformas necesarias, pero su verdadero valor dependerá de cómo se realicen. Robert Dahl, en La poliarquía, explica que la democratización requiere ampliar la participación y garantizar una competencia política efectiva. De poco serviría renovar magistrados si continuaran sometidos a compromisos partidistas, o designar nuevos rectores electorales sin asegurar su independencia. Según mi experiencia en la administración pública, las instituciones no cambian simplemente porque cambien sus autoridades. Se transforman cuando existen reglas claras, controles efectivos y responsabilidades exigibles. Por eso, la discusión no debería concentrarse únicamente en quiénes ocuparán los cargos, sino en cómo impedir que vuelvan a ser utilizados para preservar el poder. Si quienes gobiernan conservan la facultad de decidir quién los controla, la reforma institucional habrá dejado intacto el problema fundamental.

Mientras tanto, la vida cotidiana sigue por un camino muy distinto al de las negociaciones. En Venezuela persisten las dificultades del servicio eléctrico, el deterioro de la infraestructura pública, la inflación y la insuficiencia de salarios y pensiones. Existen expectativas alrededor de la inversión extranjera, especialmente en el sector energético, y sería un error desconocer las oportunidades que podría ofrecer una apertura económica. Pero atraer capitales no equivale a reconstruir un país. Se necesitan seguridad jurídica, servicios confiables, capacidad administrativa y condiciones para que las empresas produzcan y los trabajadores recuperen su poder adquisitivo. El aparato productivo no arranca porque Washington anuncie acuerdos ni porque desde Miraflores se prometa estabilidad. Pienso en quienes deben resolver cada día cómo comprar alimentos, conseguir medicamentos o sostener un pequeño negocio. También pienso en los millones que vivimos fuera y conocemos el precio de empezar de nuevo. No quisiera que Venezuela terminara siendo un país donde resulte más fácil invertir que vivir. La recuperación económica no puede medirse solamente en barriles de petróleo, contratos firmados o capitales anunciados. Debe sentirse en los hogares venezolanos.

Hay algo que los Rodríguez deberían tener presente: Trump se va. Su segundo mandato tiene un límite constitucional y las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre pondrán a prueba la fortaleza política de su administración. Una encuesta Reuters/Ipsos publicada el 19 de octubre situó su aprobación en apenas un 31 %, un dato que refleja el desgaste que enfrenta, aunque todavía no permite anticipar los resultados electorales. Trump gobierna dentro de un sistema con Congreso, tribunales y mecanismos de control, con todas las tensiones que ello implica. No es un presidente vitalicio ni puede garantizar que sus sucesores mantengan las mismas prioridades. A mi juicio, el rodrigato cometería un error si confundiera la interlocución que hoy mantiene con Washington con una garantía permanente de supervivencia política. También sería ingenuo que los venezolanos depositáramos nuestro futuro exclusivamente en las decisiones de la Casa Blanca. Los intereses estadounidenses permanecerán, pero sus estrategias pueden cambiar. Y hay una contradicción que merece destacarse: quienes administran una transición venezolana sin fecha electoral definida negocian con un presidente cuyo propio sistema constitucional establece cuándo debe abandonar el poder.

María Corina Machado, mientras tanto, mantiene una estrategia de presión social e internacional para exigir que la transición conduzca a elecciones auténticas. Las movilizaciones de esta semana demuestran que existe una ciudadanía dispuesta a seguir reclamando su derecho a decidir. Su desafío consiste en convertir esa presión en garantías institucionales y en una propuesta de gobernabilidad capaz de responder a las necesidades del país. A mi juicio, Machado no puede permanecer indefinidamente marginada de un proceso que aspire a ser libre, plural y transparente. Debe contar con garantías para regresar, organizarse y competir en igualdad de condiciones, como cualquier otro dirigente. Adam Przeworski, en Democracia y mercado (1991), explica que una característica esencial de la democracia es la incertidumbre de los resultados electorales y la posibilidad real de que los partidos pierdan el poder. Allí está la prueba pendiente. Venezuela necesita elecciones presidenciales creíbles, una nueva Asamblea Nacional elegida libremente y la reconstrucción de sus instituciones judiciales, electorales y de control. Es razonable que esas reformas requieran tiempo, pero ese tiempo debe estar sujeto a compromisos verificables. De lo contrario, una transición concebida para abrir la competencia política podría terminar prolongando la permanencia de quienes actualmente gobiernan.

Dinorah Figuera y Delcy Rodríguez ocupan hoy posiciones relevantes, pero su protagonismo no debe confundirse con legitimidad permanente. La primera conduce una representación opositora respaldada por Washington; la segunda administra el Ejecutivo y conserva influencia sobre las instituciones del Estado. Sus trayectorias y responsabilidades son diferentes, pero ambas deberán someter su futuro político a las reglas democráticas y al juicio de los ciudadanos. No basta con resultar útil para una negociación. Hay que responder ante la sociedad. Desde mi perspectiva, el mayor riesgo del proceso consiste en que los acuerdos destinados a facilitar una transición terminen protegiendo la continuidad de sus protagonistas. Si no se establecen garantías electorales, independencia judicial, transparencia y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la provisionalidad podría convertirse en una nueva normalidad. Y esa normalidad tendría consecuencias: frustración social, deterioro de la confianza institucional y mayores dificultades para alcanzar una salida política estable. No estoy en contra de negociar. Conozco la importancia de los acuerdos y sé que las transiciones suelen necesitarlos. Pero también sé que una negociación pierde su sentido democrático cuando quienes participan en ella comienzan a decidir el futuro de un país sin establecer cuándo y cómo podrán decidirlo sus ciudadanos.

Después de tantos años estudiando la política, ejerciendo responsabilidades públicas y enseñando el funcionamiento del Estado, hoy miro a Venezuela desde una condición que nunca imaginé para esta etapa de mi vida: la del exilio. Esa distancia me ha permitido comprender algo que ninguna teoría explica por completo. Un país no se pierde solamente cuando sus instituciones dejan de funcionar. También se pierde un poco cada vez que una familia se separa, cuando los abuelos envejecen lejos de sus nietos o cuando trabajar y vivir dignamente en la propia tierra se convierte en una aspiración casi imposible. No sé cuánto más durará esta transición ni qué nuevos acuerdos anunciarán sus protagonistas. Lo que sí sé es que el tiempo de Washington no es el tiempo de los venezolanos. Trump terminará su mandato, los Rodríguez tendrán que responder por sus decisiones y quienes hoy negocian deberán someterse, como cualquier dirigente, al escrutinio democrático. Mientras tanto, millones de ciudadanos siguen pagando el costo de una espera que no eligieron. No necesitamos que otros administren indefinidamente nuestra esperanza. Necesitamos instituciones que funcionen, gobernantes que rindan cuentas y elecciones en las que nadie conozca de antemano al ganador. Porque después de tantos años, el derecho más importante que debemos recuperar no es el de esperar un cambio, sino el de poder decidirlo.