Alfonso Hernández Ortiz | Ensayos sobre el terremoto que cambió a Venezuela

II. El terremoto que desnudó al poder

Cuando terminé de escribir la primera entrega de esta serie comprendí que el verdadero debate apenas comenzaba. Aquel ensayo estuvo dedicado a las víctimas, al dolor de miles de familias y a la inmensa solidaridad que apareció entre los escombros cuando Venezuela enfrentó la mayor tragedia natural de su historia contemporánea. Sin embargo, mientras avanzaban los días, leía informes técnicos, seguía el trabajo de los rescatistas y conversaba con personas que permanecían sobre el terreno, entendí que el terremoto había dejado una enseñanza mucho más profunda que todavía no estábamos dispuestos a discutir. Las ciudades destruidas eran apenas la parte visible de una catástrofe mayor. Lo que realmente había colapsado no eran únicamente edificios de concreto. Lo que quedó al descubierto fue el verdadero estado de las instituciones venezolanas, ya que los terremotos no destruyen Estados. Los terremotos revelan la calidad de los Estados que existían antes de que la tierra comenzara a moverse.

Dos países pueden enfrentar movimientos sísmicos prácticamente idénticos y producir resultados completamente distintos. La diferencia rara vez está en la magnitud del sismo. La diferencia suele encontrarse en la calidad de sus instituciones, en la planificación acumulada durante décadas, en la capacidad de respuesta de sus organismos de emergencia, en la preparación de sus hospitales, en el entrenamiento de sus bomberos y en la existencia de una cadena de mando capaz de actuar con rapidez cuando cada minuto representa una oportunidad para salvar una vida.

Por eso me resisto a aceptar que Venezuela fue derrotada únicamente por la fuerza de la naturaleza. Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas treinta y nueve segundos, constituyen uno de los eventos sísmicos más severos registrados en nuestra historia. Nadie puede minimizar esa realidad. Pero tampoco podemos utilizarla para ocultar otra mucho más incómoda.

Venezuela nunca fue un país ajeno al riesgo sísmico. Caracas quedó prácticamente destruida en 1812. La región central volvió a estremecerse en 1900. Cumaná sufrió graves daños en 1929. Caracas volvió a vivir una tragedia en 1967. Cariaco dejó una profunda cicatriz en 1997 y, en 2018, un nuevo sismo recordó la vulnerabilidad del oriente venezolano. El riesgo era conocido. Las advertencias existían. Lo verdaderamente difícil de explicar no es por qué volvió a temblar Venezuela. Lo difícil de explicar es cómo un país con más de dos siglos de memoria sísmica llegó al año 2026 sin un sistema nacional moderno de gestión del riesgo capaz de enfrentar una emergencia de semejante magnitud.

Esa pregunta conduce inevitablemente al terreno de la política.

Durante veintisiete años el régimen aseguró estar construyendo un Estado cada vez más fuerte. Multiplicó ministerios, creó nuevas estructuras burocráticas, otorgó un protagonismo creciente a las Fuerzas Armadas y convirtió el control político en el eje de buena parte de la administración pública. Mientras tanto, la prevención, la planificación, la gestión del riesgo y la modernización de las instituciones encargadas de proteger a la población dejaron de ocupar un lugar prioritario. El resultado quedó al descubierto en cuestión de segundos. El Estado que durante años demostró una enorme capacidad para concentrar poder terminó mostrando enormes limitaciones cuando la tarea consistía en proteger vidas humanas.

Esa, para mí, constituye la primera gran conclusión política de esta tragedia.

Un Estado no demuestra su fortaleza porque tenga más ministerios, más generales o una burocracia más extensa. La demuestra cuando es capaz de anticipar riesgos, coordinar instituciones y responder eficazmente ante una emergencia nacional. Eso exige años de inversión silenciosa en tecnología, formación, prevención, simulacros, infraestructura hospitalaria, cuerpos de bomberos especializados, Protección Civil profesionalizada, sistemas de comunicación interoperables, equipos de búsqueda y rescate urbano, drones, sensores de vida, cámaras térmicas, unidades caninas y centros únicos de comando capaces de tomar decisiones en tiempo real. Nada de eso puede improvisarse cuando la tragedia ya ocurrió. Se construye durante décadas. O se abandona durante décadas.

Las primeras setenta y dos horas posteriores al colapso de una estructura son conocidas internacionalmente como la ventana de oro para encontrar sobrevivientes. Cada minuto perdido reduce las probabilidades de rescate. Cada problema de coordinación representa tiempo irrecuperable. Cada decisión tardía puede traducirse en vidas que nunca volverán. Quince días después del desastre, la cifra oficial se acercaba ya a las cuatro mil personas fallecidas, mientras ingenieros estructurales, organismos internacionales y equipos de rescate advertían que probablemente nunca conoceríamos la verdadera dimensión de la tragedia. Naciones Unidas estima que cerca de 1,8 millones de venezolanos necesitan ayuda humanitaria, entre ellos aproximadamente 680.000 niños. Centenares de edificios han colapsado o presentan daños estructurales severos, decenas de miles de familias permanecen sin vivienda y los servicios básicos siguen funcionando de manera precaria en amplias zonas del país. Cuando un Estado pierde incluso la capacidad de determinar con precisión el alcance de una catástrofe, el problema deja de ser exclusivamente natural para convertirse también en institucional.

Por eso no comparto la idea de que todo fue consecuencia inevitable de la fuerza del terremoto. La naturaleza hizo lo que la naturaleza hace. Lo que convirtió ese fenómeno geológico en una tragedia nacional fue la fragilidad de un aparato público que llevaba años deteriorándose mientras el discurso oficial insistía en presentarlo como una estructura sólida, eficiente y preparada para enfrentar cualquier amenaza. El terremoto no creó esa debilidad. Simplemente la hizo imposible de ocultar.

Esa es la discusión que, a mi juicio, Venezuela no puede seguir evitando. Porque el verdadero desafío no consiste únicamente en contar muertos, remover escombros o calcular el costo de la reconstrucción. El verdadero desafío consiste en comprender por qué un país que conocía perfectamente sus riesgos llegó a enfrentarlos con un Estado incapaz de responder a la altura de las circunstancias. Mientras esa pregunta no tenga una respuesta honesta, cualquier reconstrucción será incompleta y cualquier promesa de futuro correrá el riesgo de convertirse, una vez más, en otro discurso construido sobre las ruinas de la República.

Si la primera lección que deja esta tragedia es el fracaso institucional del Estado, la segunda resulta todavía más incómoda. Cuando las instituciones comenzaron a desaparecer entre el caos, apareció una Venezuela completamente distinta. No la Venezuela de los discursos oficiales ni la de las cadenas de televisión. Apareció la Venezuela real. La de los vecinos que comenzaron a remover concreto con sus propias manos cuando todavía no llegaban los equipos especializados. La de los motorizados que atravesaban calles destruidas para transportar heridos, agua, alimentos y medicamentos. La de médicos, enfermeras y bomberos que trabajaban durante jornadas interminables sin preguntar a quién pertenecía políticamente la persona que intentaban salvar. La de iglesias convertidas en refugios, estudiantes organizando centros de acopio, empresarios poniendo maquinaria pesada al servicio de las labores de rescate y miles de ciudadanos anónimos que comprendieron que esperar órdenes significaba condenar a muerte a quienes permanecían atrapados bajo los escombros.

Esa reacción espontánea constituye, probablemente, la imagen más esperanzadora de toda esta tragedia, pero también la más preocupante. Una sociedad puede sustituir al Estado durante algunas horas o algunos días. No puede hacerlo de manera permanente. Cuando el heroísmo ciudadano se convierte en el principal mecanismo de respuesta frente a una catástrofe nacional, lo que realmente queda al descubierto no es únicamente la grandeza de la gente. También queda expuesto el fracaso de las instituciones que debían evitar que ese heroísmo fuera necesario. Ningún país serio puede descansar sobre la idea de que siempre aparecerán ciudadanos dispuestos a hacer el trabajo que corresponde al Estado. La solidaridad salva vidas. Las instituciones existen precisamente para que la supervivencia de una nación no dependa exclusivamente de la solidaridad.

Sería profundamente injusto ignorar que miles de funcionarios públicos también actuaron con enorme profesionalismo y valentía. Bomberos, paramédicos, médicos, enfermeras, policías, integrantes de Protección Civil y numerosos militares han permanecido durante días enteros trabajando entre estructuras inestables, muchas veces sin descanso y con recursos claramente insuficientes. Ellos representan la mejor expresión del servicio público y merecen el reconocimiento de todo el país. Pero precisamente por respeto a esos hombres y mujeres resulta imposible guardar silencio frente a otra realidad que quedó igualmente documentada durante la emergencia.

Mientras unos arriesgaban su vida intentando rescatar sobrevivientes, otros aprovecharon el desastre para saquear a quienes acababan de perderlo todo. Circularon videos, fotografías y testimonios donde ciudadanos denunciaban a individuos uniformados retirando joyas, dinero en efectivo, divisas extranjeras y otros objetos de valor de viviendas y edificios afectados. Algunas de esas denuncias dieron lugar a actuaciones anunciadas por las propias autoridades. No se trata de convertir esos hechos en una condena contra todos los cuerpos de seguridad. Sería tan irresponsable como injusto. Pero tampoco se puede aceptar que semejante degradación moral pase inadvertida. Cuando un uniforme deja de representar protección y comienza a despertar desconfianza, el daño institucional trasciende cualquier proceso penal. Lo que empieza a derrumbarse ya no es un edificio. Es la confianza sobre la cual descansa la legitimidad del Estado.

La actuación institucional de las Fuerzas Armadas merece una reflexión igualmente profunda. Durante casi tres décadas fueron presentadas como la columna vertebral del proyecto político venezolano. Se les otorgaron crecientes responsabilidades administrativas, económicas y políticas. Se les asignaron recursos extraordinarios y se insistió permanentemente en que constituían la principal garantía de estabilidad nacional. Sin embargo, el mayor desafío que enfrentó Venezuela en muchos años no fue precisamente la invasión extranjera ni una guerra convencional. Fue una emergencia humanitaria de dimensiones históricas. Y precisamente allí aparecieron limitaciones que ningún discurso consiguió ocultar. Mi cuestionamiento no se dirige al sacrificio individual de oficiales y soldados que cumplieron honestamente con su deber. Se dirige a un modelo institucional que dedicó décadas a fortalecer capacidades de control político y terminó demostrando enormes debilidades cuando el país necesitaba capacidades de coordinación logística, búsqueda, rescate y protección de la población civil. La verdadera fortaleza de unas Fuerzas Armadas no se mide únicamente por su capacidad para enfrentar enemigos externos. También se mide por su capacidad para proteger a su propio pueblo cuando la tragedia golpea sin distinción, aunque lamentablemente nuestras Fuerzas Armadas, paradójicamente si algo ha hizo bien durante décadas ha sido reprimir al pueblo, para sostener al régimen en el poder.

Frente a esas limitaciones, la respuesta internacional adquirió un significado extraordinario. Decenas de países enviaron equipos especializados de búsqueda y rescate urbano, hospitales de campaña, personal médico, unidades caninas, maquinaria pesada y toneladas de ayuda humanitaria. Miles de rescatistas extranjeros trabajaron junto a voluntarios venezolanos compartiendo un mismo objetivo: encontrar vida donde todavía parecía posible encontrarla. Esa solidaridad recordó que, incluso en un mundo profundamente polarizado, todavía existen pueblos capaces de movilizarse cuando otro pueblo atraviesa su hora más difícil.

Entre todos ellos considero justo hacer un reconocimiento especial a El Salvador y al presidente Nayib Bukele. Su respuesta fue una de las más rápidas y organizadas de toda la región. Mientras otros gobiernos todavía evaluaban la magnitud del desastre, los equipos salvadoreños ya trabajaban sobre el terreno junto a los rescatistas venezolanos. El Salvador no es una potencia económica ni militar. Precisamente por eso su actuación adquiere mayor relevancia. Demostró que la solidaridad internacional no depende exclusivamente del tamaño de un país, sino de la rapidez con la que sus dirigentes comprenden que, frente a una tragedia de esta magnitud, cada hora perdida puede significar una vida menos. La historia recordará a quienes llegaron primero, no a quienes pronunciaron los discursos más largos.

Pero si el terremoto sometió al régimen venezolano al juicio de la historia, también comenzó a someter a examen a Estados Unidos. Uno de los análisis más interesantes publicados durante estas semanas apareció en The New York Times. El periodista, Simón Romero recordó que, tras el terremoto que devastó Haití en 2010, Estados Unidos movilizó más de tres mil millones de dólares, desplegó cerca de siete mil militares y encabezó una de las mayores operaciones humanitarias de su historia reciente. Para Venezuela, la respuesta anunciada ha sido considerablemente menor. Las circunstancias históricas son distintas y ninguna comparación resulta perfecta, pero precisamente por eso el artículo plantea preguntas que no deberían ser descalificadas ni respondidas con consignas.

Hoy Washington no actúa como un observador distante. Desde la extracción de Nicolás Maduro ejerce una influencia determinante sobre la conducción política y económica del país y ha reconocido que supervisa ingresos provenientes de la industria petrolera venezolana. Esa realidad modifica completamente la discusión. Ya no estamos hablando únicamente de ayuda internacional. Estamos hablando del manejo de recursos que pertenecen a Venezuela y que, en teoría, deberían contribuir a financiar su reconstrucción. Resulta legítimo preguntar cuánto dinero se recauda, quién administra esos recursos, qué mecanismos de control existen y qué porcentaje regresará efectivamente a reconstruir hospitales, escuelas, viviendas, carreteras y servicios públicos destruidos por el terremoto. La transparencia deja de ser una aspiración ética para convertirse en una obligación política.

Y es precisamente allí donde aparece una de las contradicciones más profundas del nuevo escenario venezolano, una contradicción que merece una reflexión más amplia y que desarrollaré en la tercera parte de este ensayo, porque ya no se trata únicamente del fracaso del viejo poder, sino de las enormes interrogantes que plantea el nuevo poder que pretende conducir la reconstrucción de Venezuela.

Después de recorrer todas estas reflexiones llego a una conclusión que considero imposible de eludir. El terremoto no solo dejó al descubierto el fracaso del modelo de Estado construido durante los últimos veintisiete años. También comenzó a desnudar las contradicciones del nuevo orden político que hoy pretende conducir la reconstrucción de Venezuela. Confieso que esperaba algo distinto. Pensé que una tragedia de semejante magnitud obligaría a desmontar definitivamente la estructura política responsable del deterioro institucional del país y abriría espacio para una nueva administración integrada por profesionales, ingenieros, planificadores, gerentes públicos y especialistas capaces de reconstruir la República sobre bases completamente diferentes. Lo que observo, sin embargo, es una realidad mucho más compleja y, por ello mismo, profundamente inquietante.

La administración Trump se encargó de sacar del poder a Nicolas Maduro, pero buena parte del aparato político que gobernó Venezuela durante casi tres décadas continúa intacta, solo ha enrosques y cambios estéticos, incluso aquellos que están siendo solicitados por las autoridades estadounidense, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Delcy Rodríguez ocupa la Presidencia de la República, sin ninguna legitimidad política, legal ni moral. Diosdado Cabello dirige el Ministerio del Interior. Gobernadores, alcaldes, altos funcionarios, mandos militares y una parte importante de la estructura burocrática que administró el país durante los años del chavismo permanecen tomando las decisiones fundamentales del Estado. Resulta entonces inevitable formular una pregunta que muchos venezolanos se hacen en silencio. ¿Dónde ocurrió realmente la transición? Porque una transición no consiste únicamente en sustituir a quien ocupa la cúspide del poder. Una transición implica transformar las instituciones, renovar el liderazgo público y romper con la cultura política que produjo el deterioro del Estado. Ciertamente, sacaron a Maduro, han cambiado a algunas figuras políticas, pero permanece intacto el sistema que las sostuvo, por lo tanto, la continuidad termina siendo mucho mayor que la transformación.

Esa continuidad explica buena parte de la desconfianza que hoy existe en la sociedad venezolana. Ningún proceso serio de reconstrucción puede descansar sobre la misma clase política que condujo al país hasta esta situación. No se trata de una discusión ideológica ni de una disputa partidista. Se trata de un principio básico de responsabilidad pública. Quienes administraron durante años instituciones que terminaron demostrando semejantes niveles de ineficiencia deberían ser los primeros en rendir cuentas, no los primeros en recibir la responsabilidad de dirigir la reconstrucción nacional. Venezuela necesita una nueva generación de servidores públicos cuya principal credencial sea la capacidad de gestionar, planificar, ejecutar y rendir cuentas, no la antigüedad dentro de una organización política.

El nombramiento de Erika Farías como autoridad única para conducir la reconstrucción de La Guaira resume con claridad esa preocupación. Durante años ocupó algunos de los cargos políticos más importantes del chavismo y estuvo asociada a proyectos de enorme visibilidad pública que absorbieron importantes recursos sin alcanzar los resultados prometidos, como por ejemplo el saneamiento del rio Guaire. Hoy vuelve a recibir una de las mayores responsabilidades administrativas del país. Más allá de cualquier valoración personal, el mensaje político resulta evidente. En lugar de abrir espacio para nuevos perfiles técnicos capaces de conducir una tarea extraordinariamente compleja, se vuelve a confiar la reconstrucción a figuras pertenecientes al mismo aparato político cuya gestión forma parte del balance que hoy la sociedad venezolana examina críticamente. Un país no cambia únicamente porque cambie el nombre de quien ocupa la Presidencia. Cambia cuando transforma la calidad de quienes administran el Estado.

Pero existe una preocupación todavía más profunda. Mientras el debate público gira alrededor de la ayuda humanitaria y de la reconstrucción física de las ciudades más afectadas, tengo la impresión de que la discusión verdaderamente estratégica está ocurriendo en otro lugar. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, importantes yacimientos de gas y enormes reservas de minerales estratégicos cuya importancia económica crecerá durante las próximas décadas. Resulta difícil no preguntarse hasta qué punto la reconstrucción del país terminará condicionada por esos intereses. No cuestiono la necesidad de la cooperación internacional ni desconozco el papel que Estados Unidos puede desempeñar en la recuperación económica de Venezuela. Lo que cuestiono es la ausencia de transparencia sobre la administración de unos recursos que pertenecen a todos los venezolanos.

El artículo publicado por The New York Times planteó precisamente esa discusión. Si Estados Unidos administra o supervisa miles de millones de dólares provenientes de las exportaciones petroleras venezolanas, los venezolanos tienen derecho a saber cuánto dinero ha ingresado, quién decide su utilización, qué mecanismos de control existen y qué porcentaje regresará efectivamente a reconstruir hospitales, escuelas, viviendas, carreteras y servicios públicos destruidos por el terremoto. No se trata de reclamar una donación. Se trata de exigir transparencia sobre recursos que pertenecen a la Nación. La reconstrucción de Venezuela no puede desarrollarse bajo criterios que los venezolanos desconocen ni convertirse en un proceso administrado con niveles de opacidad semejantes a los que durante años caracterizaron al régimen que se afirma haber sustituido. Asunto que por razones propias del tutelaje los actores políticos del régimen no van a exigir cuentas, lo más grave es que ninguna voz de la llamada oposición también guardan silencio y solo agradecen a Trump por los favores concedidos, la complicidad y omisión es repugnante, mas allá del cálculo político debería prevalecer la defensa de los intereses y soberanía de nuestra nación.

Existe además una contradicción política que, en mi opinión, merece una explicación pública. Durante años el gobierno de Estados Unidos presentó a Diosdado Cabello como una de las figuras más representativas del aparato de poder venezolano y mantiene vigente una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura dentro de un proceso penal por presuntos delitos de narcotráfico. Sin embargo, ese mismo dirigente ocupa hoy uno de los ministerios más importantes del Estado y participa en reuniones institucionales con representantes estadounidenses para abordar asuntos relacionados con de la conducción del país, siendo públicas y notorias la reunión que tuvo con el jefe del Comando Sur, Francis Donovan y el encargado de negocios para Venezuela, John Barret. No cuestiono que una emergencia obligue a mantener contactos institucionales. Lo que cuestiono es que semejante contradicción pretenda presentarse como si no existiera. Si durante años se sostuvo que determinadas figuras representaban uno de los principales obstáculos para la recuperación democrática de Venezuela, resulta legítimo preguntar por qué hoy constituyen una parte esencial del nuevo esquema de gobernabilidad. Las democracias también deben explicar sus contradicciones y sus visibles dicotomías éticas.

Todo ello me conduce a una última reflexión. Durante años el régimen utilizó el discurso de la soberanía mientras subordinaba buena parte de sus decisiones estratégicas a intereses extranjeros. Hoy corremos el riesgo de recorrer el camino inverso, aceptar un nuevo tutelaje creyendo que con ello recuperamos nuestra independencia. Cambiar de tutor no equivale a recuperar la soberanía. Ninguna nación recupera plenamente su libertad porque otra potencia administre mejor sus recursos o tome decisiones más eficientes. La recupera cuando vuelve a tener instituciones propias, servidores públicos competentes, controles efectivos y una administración que responda únicamente al interés nacional. Esa debería ser la verdadera meta de la reconstrucción venezolana.

Por eso creo que el mayor desafío que deja esta tragedia no consiste solamente en levantar edificios, reparar carreteras o construir nuevas viviendas. Todo eso será indispensable y urgente. El verdadero desafío consiste en reconstruir la República. Recuperar instituciones profesionales, transparentes y capaces de proteger a sus ciudadanos sin depender de la improvisación, del heroísmo individual o de la tutela permanente de otros. Si después de tanto sufrimiento Venezuela termina siendo administrada por la misma clase política que la condujo al deterioro institucional, aunque ahora bajo la supervisión de nuevos actores internacionales, específicamente de Washington, el terremoto no habrá cambiado la historia del país. Simplemente habrá cambiado el nombre de quienes administran sus ruinas.

Después de esta tragedia, Venezuela tiene derecho a exigir mucho más que un cambio de nombres, de alianzas o de administradores del poder. Tiene derecho a exigir una nueva forma de ejercer el liderazgo público. Esa responsabilidad alcanza al gobierno que hoy conduce el país, pero también a una oposición que, pese a la legitimidad conquistada durante años de lucha, no ha estado a la altura del momento histórico. Salvo contadas excepciones, ha guardado un silencio preocupante frente a decisiones que comprometen la soberanía nacional y frente a un proceso donde, cada vez con mayor claridad, la prioridad parece concentrarse en garantizar la estabilidad necesaria para la explotación del petróleo, del gas y de los minerales estratégicos de Venezuela, en beneficio de los intereses estratégicos de Estados Unidos, antes que en construir instituciones capaces de garantizar el bienestar de los venezolanos. Mientras el presidente Donald Trump afirma que los venezolanos "bailan de felicidad" por la nueva realidad del país, millones de compatriotas siguen buscando a sus familiares, enterrando a sus muertos, sobreviviendo entre ruinas y esperando respuestas. Ese contraste no puede pasar inadvertido y exige un debate nacional mucho más profundo del que hasta ahora hemos tenido. En la próxima entrega quisiera detenerme precisamente en ese desafío: reflexionar sobre el tipo de liderazgo, de instituciones y de República que necesitaremos reconstruir cuando el ruido de las máquinas haya sustituido al de los equipos de rescate.

Sin embargo, si esta tragedia dejó una certeza, es que la mayor esperanza de Venezuela ya no parece encontrarse en quienes han administrado el poder durante las últimas décadas. Quizá de esos ciudadanos que, sin ocupar cargos públicos ni pronunciar discursos, asumieron con sus propias manos la responsabilidad que las instituciones no pudieron ejercer, deba surgir la nueva generación de dirigentes que necesita la República: una generación cuya autoridad no nazca del control del poder, de la propaganda, de los acuerdos entre élites o del respaldo de potencias extranjeras, sino de la honestidad, la competencia, la vocación de servicio y el compromiso inquebrantable con el interés nacional. Porque Venezuela no necesita simplemente reconstruir ciudades. Necesita reconstruir la República. Y una República no se reconstruye cambiando de tutores ni reciclando a la misma clase política que la condujo hasta este punto. Se reconstruye cuando el poder vuelve a estar al servicio de los ciudadanos, cuando las instituciones recuperan su independencia y cuando el interés nacional vuelve a estar por encima de cualquier ideología, de cualquier gobierno y de cualquier potencia extranjera. Solo entonces podremos decir que esta tragedia no fue únicamente el final de una etapa, sino el comienzo de una Venezuela distinta.