Alfonso Hernández Ortiz | Elecciones sin poder real, la ilusión democrática en Venezuela
Venezuela no enfrenta una crisis electoral, enfrenta una crisis de Estado, y mientras se siga intentando resolver lo primero sin transformar lo segundo, el país seguirá atrapado en una dinámica donde el cambio se anuncia, pero nunca ocurre. La discusión pública insiste en el momento de votar, pero evita una pregunta más incómoda y decisiva, si existen condiciones reales para que ese voto tenga consecuencias, y más aún, quién controla hoy esas condiciones.
Después de más de veintisiete años de control político sostenido, el poder en Venezuela no se estructura en torno a la competencia democrática, sino alrededor de un sistema de control institucional que ha vaciado de contenido los mecanismos formales de participación. No se trata de una abstracción, el control del árbitro electoral, del sistema de justicia y de la administración pública está concentrado en manos del poder político, lo que convierte cualquier proceso electoral en un resultado preconfigurado. En este contexto, hablar de elecciones sin alterar previamente estas condiciones no es una estrategia de transición, es una forma de administrar la continuidad bajo un lenguaje distinto. Y aquí es necesario ser absolutamente claro, yo creo en el voto y lo defiendo como instrumento esencial de la democracia, pero el voto solo tiene sentido cuando existen condiciones institucionales creíbles que permitan que produzca un cambio real.
El Partido Socialista Unido de Venezuela no se sostiene únicamente por la vía electoral, sino por la consolidación de un entramado que articula el sistema de justicia, el árbitro electoral y la administración pública bajo una misma lógica de subordinación política. Esto elimina en la práctica cualquier posibilidad de alternancia. Como advirtió Robert Dahl, la democracia exige competencia efectiva, garantías institucionales y control real del poder, y cuando esas condiciones desaparecen, el voto pierde su capacidad de producir cambio y se convierte en un procedimiento vacío.
Esta realidad obliga a revisar no solo al poder establecido, sino también las estrategias de quienes buscan sustituirlo. Una oposición que limita su acción a participar en procesos electorales sin condiciones mínimas no enfrenta el sistema, opera dentro de sus límites y corre el riesgo de contribuir a su legitimación. No se trata de negar el valor del voto, se trata de entender que no se rechaza el voto, se rechaza votar bajo condiciones diseñadas para impedir el cambio. Como señaló Guillermo O’Donnell, las transiciones no ocurren cuando cambian los nombres, sino cuando cambian las reglas que estructuran el ejercicio del poder.
Por eso el punto de partida no puede ser un calendario electoral, tiene que ser la construcción de condiciones reales. Esto implica reconocer que quienes hoy controlan el aparato del Estado no pueden ser simultáneamente árbitros y competidores, porque esa dualidad distorsiona cualquier posibilidad de elección auténtica. Dicho de forma directa, no puede haber elecciones libres mientras los actores del PSUV sigan controlando el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y los mecanismos administrativos que organizan, supervisan y validan el proceso. No es un problema técnico, es un problema de poder, y mientras ese control no se rompa, el resultado será el mismo.
Una transición real requiere una reconfiguración temporal del ejercicio del poder mediante un acuerdo político interno con validación internacional, no como fórmula retórica, sino como mecanismo operativo. En términos concretos, esto supone la constitución de una autoridad ejecutiva provisional, pequeña, funcional y con legitimidad verificable, integrada por perfiles con experiencia en gestión pública, derecho, economía y gobernabilidad. Este órgano no puede responder a cuotas partidistas ni convertirse en plataforma electoral, sus integrantes deben estar impedidos de competir posteriormente, porque su función no es ganar poder, es restablecer las reglas que permiten que el poder pueda disputarse de forma legítima. Su primer objetivo debe ser claro, recuperar la independencia del árbitro electoral, garantizar la autonomía del sistema judicial y establecer un cronograma verificable hacia elecciones libres.
La viabilidad de este proceso no depende únicamente de la voluntad política, depende de una combinación de presión interna, garantías externas y condiciones verificables de cumplimiento. Las experiencias comparadas en contextos de captura institucional muestran que la estabilidad de una transición exige supervisión internacional efectiva, compromisos claros y un calendario progresivo de restitución institucional. Sin estos elementos, cualquier intento de transición queda atrapado en el discurso.
Esto no está exento de tensiones, porque el sistema actual se sostiene sobre redes de poder, lealtades políticas y mecanismos de control que no desaparecen por decreto. Por eso cualquier estrategia seria debe considerar no solo el rediseño formal de las instituciones, sino la gestión de los actores que las sostienen, porque ignorarlos no los elimina, los fortalece.
En este escenario el liderazgo opositor adquiere una dimensión distinta, que va más allá de la competencia electoral. Figuras como María Corina Machado han logrado articular apoyo internacional y conectar con una ciudadanía que exige cambio, pero el desafío real es traducir esa legitimidad en una capacidad de articulación interna que permita construir una ruta de transición viable, concreta y ejecutable.
El mayor riesgo para Venezuela no es no votar, es votar sin condiciones. Es convertir el acto electoral en un mecanismo de validación de un sistema que ya ha demostrado su capacidad de adaptación y permanencia. Una elección mal planteada no solo fracasa, consolida el problema.
El dilema venezolano no es electoral, es institucional. No se trata de cuándo votar, se trata de en qué condiciones hacerlo para que ese voto tenga valor. Sin reglas claras, sin instituciones independientes y sin control efectivo del poder, la democracia se convierte en una forma vacía.
Y aquí está el punto de quiebre, este no es un debate académico, es una decisión política. O se construyen condiciones reales antes de votar, o se seguirá votando sin poder. No hay punto medio.
Venezuela no necesita más simulaciones, necesita decisiones. Porque el tiempo político no es infinito, y cada elección sin condiciones no acerca el cambio, lo aleja.
Alfonso Hernández Ortiz
Politólogo, Abogado, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales