Alfonso Hernández Ortiz | El revés de Trump: ¿qué cambia para Venezuela?

Donald Trump perdió el control del Congreso, pero esa derrota podría terminar complicando más el futuro político de Delcy Rodríguez que el suyo. Parece una contradicción, especialmente cuando buena parte de las expectativas sobre la transición venezolana se han depositado en las decisiones de la Casa Blanca. Sin embargo, las elecciones de medio término del pasado 3 de noviembre nos obligan a revisar esa interpretación. La victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras representa un revés importante para Trump, pero sus consecuencias van mucho más allá de la política interna estadounidense. El descontento por el costo de la vida, el incremento de los precios de los combustibles, la guerra con Irán y las políticas migratorias terminó expresándose en las urnas. Incluso estados tradicionalmente republicanos, como Texas, Kansas y Carolina del Sur, eligieron senadores demócratas, algo que revela la magnitud del cambio electoral. No creo, sin embargo, que debamos interpretar estos resultados como un respaldo incondicional al proyecto demócrata. En buena medida estamos frente a un voto de castigo contra la gestión presidencial, una expresión de descontento que conocemos quienes hemos estudiado los procesos electorales y sus consecuencias sobre el ejercicio del poder. Desde mi perspectiva politológica, lo verdaderamente interesante es que los estadounidenses han modificado el equilibrio entre sus instituciones sin necesidad de sustituir al presidente. Trump continuará en la Casa Blanca hasta enero de 2029, pero deberá convivir con un Congreso que tendrá mayores posibilidades de investigar, cuestionar y condicionar sus decisiones. Y aquí aparece una primera reflexión que considero importante para nosotros: cuando cambian las relaciones de poder en Washington, también pueden cambiar las condiciones bajo las cuales se negocia el futuro de Venezuela.

El primer efecto de esta derrota será institucional. A partir del 3 de enero de 2027, cuando asuman sus funciones los nuevos congresistas, los demócratas podrán impulsar investigaciones sobre la administración, examinar acuerdos internacionales, ejercer mayor control presupuestario y condicionar los nombramientos que requieren aprobación del Senado. Trump conserva, por supuesto, atribuciones importantes. Puede vetar leyes, utilizar determinadas facultades ejecutivas y negociar con sus adversarios cuando las circunstancias lo exijan. Pero una cosa es gobernar con un Congreso favorable y otra muy distinta hacerlo frente a mayorías dispuestas a fiscalizar las decisiones presidenciales. George Tsebelis, al desarrollar su teoría de los actores con poder de veto, explica cómo la existencia de distintos centros de decisión condiciona las posibilidades de modificar las políticas públicas. Me parece una referencia especialmente útil para comprender lo ocurrido. No estamos hablando de la caída de un gobierno, como podría suceder en determinados sistemas parlamentarios, sino de una redistribución del poder dentro de un régimen presidencial. En mi opinión, Trump tendrá que combinar la confrontación con la negociación, dependiendo de los asuntos que se encuentren sobre la mesa. Tampoco descartaría que procure recuperar iniciativa mediante la política exterior, un terreno en el que los presidentes estadounidenses suelen disponer de mayor capacidad de actuación. Pero esa autonomía tiene límites. El Congreso puede investigar, exigir explicaciones y condicionar recursos. Por eso considero que Venezuela podría adquirir una relevancia particular en esta nueva etapa, especialmente por los acuerdos económicos y políticos que Washington ha venido desarrollando con las autoridades encabezadas por Delcy Rodríguez. Una negociación que hasta ahora ha dependido fundamentalmente de la Casa Blanca podría comenzar a enfrentar preguntas y controles desde el propio Congreso estadounidense.

Hay otra consecuencia que merece atención y que tiene que ver con el futuro del Partido Republicano. Trump no puede aspirar constitucionalmente a un tercer mandato presidencial, de modo que la discusión sobre su sucesión comenzará a ocupar cada vez más espacio en Washington. Dos nombres aparecen con frecuencia: el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. No creo que debamos apresurarnos a presentar una competencia electoral que todavía no ha sido formalmente planteada, pero tampoco podemos ignorar que ambos ocupan posiciones relevantes dentro de una administración que acaba de recibir un importante revés en las urnas. Vance representa una línea de continuidad con el movimiento político construido alrededor de Trump y tendrá que administrar las consecuencias de haber formado parte de su gobierno. Rubio, por su parte, dispone de una trayectoria legislativa y diplomática que le permite proyectar un perfil diferente, aunque comparte responsabilidades en la gestión presidencial. Se ha especulado sobre una eventual renuncia de Rubio para preparar una candidatura en 2028, pero no existe una decisión anunciada en ese sentido. En tal sentido, prefiero concentrarme en una pregunta más importante: ¿qué resultados necesitarán mostrar estos dirigentes durante los próximos dos años? Trump tendrá interés en recuperar iniciativa política, Vance deberá definir cómo proyectar su liderazgo y Rubio tendrá que responder por los asuntos internacionales que se encuentran bajo su responsabilidad. Venezuela forma parte de esos asuntos. De hecho, el pasado 2 de noviembre Rubio sostuvo una reunión con el canciller venezolano Oliver Blanco, en la que se abordaron las reformas institucionales necesarias para avanzar hacia elecciones libres y creíbles. Ese encuentro demuestra que la agenda venezolana continúa ocupando un espacio importante en la diplomacia estadounidense. Lo que debemos observar ahora es cómo la nueva correlación de fuerzas en Washington puede influir sobre esas negociaciones y sobre los resultados que la administración espera alcanzar.

Ahora bien, llegamos al punto que considero más interesante para nosotros. ¿Una mayoría demócrata en el Congreso representa una amenaza para la transición venezolana? En mi opinión, no necesariamente. Durante años hemos observado cómo el debate sobre Venezuela en Estados Unidos suele interpretarse desde las diferencias entre republicanos y demócratas, como si ambos partidos mantuvieran posiciones absolutamente incompatibles sobre nuestro futuro. La realidad es más compleja. Dentro del Partido Demócrata conviven corrientes distintas y existen diferencias importantes respecto a las sanciones, las intervenciones militares y las relaciones con las autoridades venezolanas. Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez han cuestionado determinados mecanismos de presión utilizados por Washington. Pero otros dirigentes demócratas, como Chuck Schumer, Hakeem Jeffries y Jeanne Shaheen, han expresado posiciones favorables a elecciones libres, garantías democráticas y participación política de los venezolanos. Schumer, por ejemplo, ha cuestionado la intervención militar contra Maduro, pero también ha manifestado respaldo al liderazgo de María Corina Machado. Esta distinción es fundamental: rechazar una operación militar no significa necesariamente respaldar la permanencia de Delcy Rodríguez. De igual manera, apoyar una transición democrática no implica aceptar sin cuestionamientos todos los procedimientos empleados por Trump. Hay antecedentes concretos de cooperación entre ambos partidos. En agosto, los senadores Ted Cruz y Jeanne Shaheen impulsaron una resolución bipartidista relacionada con la celebración de elecciones libres, la liberación de presos políticos y las garantías para la participación de María Corina Machado. Creo que allí puede encontrarse un punto de coincidencia política que merece atención. No necesariamente sobre los métodos, pero sí alrededor de determinados objetivos institucionales. Si esas coincidencias llegan a traducirse en decisiones legislativas y diplomáticas, las condiciones de negociación para quienes actualmente ejercen el poder en Venezuela podrían modificarse de manera importante.

La situación de Delcy Rodríguez merece una reflexión particular. Después de la captura de Nicolás Maduro, su gobierno ha procurado mantener canales de negociación con Washington, avanzar en acuerdos económicos y administrar un proceso político cuyos tiempos todavía generan numerosas interrogantes. Hay algo que me preocupa especialmente: que la recuperación de las relaciones petroleras termine avanzando mucho más rápido que la reconstrucción de nuestras instituciones democráticas. Venezuela necesita inversiones, producción, empleo y recuperación económica. Sería absurdo desconocerlo después de tantos años de deterioro. Pero también hemos aprendido que el petróleo puede convertirse en un instrumento de negociación política cuando no existen controles institucionales suficientes. La investigación publicada el pasado 20 de octubre por ProPublica sobre el acuerdo petrolero de la administración Trump con North American Blue Energy Partners, empresa vinculada al empresario venezolano Alejandro Betancourt, introduce interrogantes que considero indispensables. Según esa investigación, el acuerdo contempla una participación del gobierno estadounidense en la empresa, condiciones especiales para la adquisición de petróleo y mecanismos societarios cuya transparencia ha sido cuestionada. La empresa y la Casa Blanca han defendido el convenio argumentando que permitirá atraer inversiones y contribuir a la recuperación de la industria energética venezolana. Sin embargo, las preguntas permanecen. ¿Quiénes se beneficiarán de esos compromisos? ¿Qué mecanismos de control existirán? ¿Qué participación tendrán nuestras instituciones en decisiones que comprometen recursos nacionales? Como venezolano, no cuestiono la necesidad de recuperar la producción petrolera ni de atraer inversiones. Lo que cuestiono es que podamos terminar sustituyendo una negociación política por otra de naturaleza económica, sin resolver el problema fundamental de la legitimidad del poder. En mi opinión, allí es donde la nueva mayoría demócrata podría introducir una variable importante: exigir transparencia sobre acuerdos que hasta ahora han dependido principalmente de las decisiones de la Casa Blanca. Para Delcy Rodríguez, esa supervisión podría significar nuevas exigencias en una relación que también está condicionada por los intereses económicos de Washington. Pero tampoco debemos subestimar la capacidad de maniobra de quienes conservan estructuras importantes del Estado venezolano. Nuestra historia reciente demuestra que los procesos de apertura pueden prolongarse cuando las reformas no están acompañadas de obligaciones verificables.

En medio de este escenario aparece María Corina Machado, cuyo liderazgo enfrenta una oportunidad política, pero también responsabilidades importantes. Su regreso a Venezuela y las relaciones que ha cultivado con dirigentes de ambos partidos estadounidenses pueden contribuir a ampliar los espacios de interlocución internacional. Considero importante que nuestra causa democrática no quede identificada exclusivamente con una administración o con un partido político extranjero. Los gobiernos cambian, las mayorías legislativas también, y las prioridades internacionales pueden modificarse con una rapidez que conocemos demasiado bien. Robert Putnam, en su teoría de los juegos de dos niveles, explica que los gobernantes negocian simultáneamente en el escenario internacional y dentro de sus respectivos sistemas políticos. Esta perspectiva ayuda a entender lo que puede ocurrir ahora. Trump y Rubio deberán considerar las posiciones del Congreso, Delcy Rodríguez tendrá que evaluar las nuevas condiciones de sus relaciones con Washington y María Corina Machado necesitará convertir el respaldo internacional en garantías políticas dentro de Venezuela. Hay, sin embargo, una cuestión que no podemos ignorar: las conversaciones institucionales que Washington mantiene con las autoridades venezolanas no significan necesariamente que todas las fuerzas políticas estén participando en la definición de los acuerdos. Esa diferencia entre respaldo internacional y participación efectiva en las negociaciones merece atención. Desde mi perspectiva, allí está uno de los desafíos centrales de la transición. No basta con recibir declaraciones de apoyo ni con anunciar que habrá elecciones presidenciales. Necesitamos saber quiénes organizarán esas elecciones, cuáles serán las condiciones de participación, qué garantías tendrán los candidatos, cómo se protegerá la voluntad popular y qué ocurrirá con quienes permanecen privados de libertad por razones políticas. Después de nuestra experiencia electoral, sería ingenuo confundir la convocatoria de unos comicios con la existencia de una democracia. Podemos tener fecha, candidatos y centros de votación, pero si no existen instituciones independientes y garantías para todos, seguiremos enfrentando el mismo problema de fondo.

Al examinar las posibilidades que se abren, identifico tres escenarios que debemos seguir con atención. El primero sería una aceleración de la transición, impulsada por coincidencias entre la administración Trump y sectores del Congreso demócrata alrededor de elecciones presidenciales, garantías políticas y reformas institucionales. En ese caso, la nueva correlación de fuerzas en Washington podría aumentar las exigencias sobre el gobierno de Delcy Rodríguez y contribuir a establecer compromisos más precisos sobre el calendario electoral. El segundo escenario sería una apertura controlada, caracterizada por acuerdos económicos, anuncios de reformas y un calendario electoral que no necesariamente modifique las estructuras que han permitido la concentración del poder. Este escenario merece especial cuidado porque podría generar una sensación de normalización sin resolver las causas de nuestra crisis política. El tercero sería una prolongación de la incertidumbre, producto de las disputas entre Trump y el Congreso, las diferencias entre los actores venezolanos y las dificultades para establecer condiciones aceptables para una elección presidencial. No me atrevería a establecer probabilidades para cada escenario. Prefiero observar decisiones concretas. ¿Se renovará el Consejo Nacional Electoral con garantías de independencia? ¿Qué ocurrirá con el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Serán liberados los presos políticos? ¿Podrán participar libremente todas las organizaciones políticas? ¿Existirá un calendario electoral acompañado de garantías verificables? Estas preguntas me parecen mucho más importantes que cualquier declaración optimista sobre el futuro inmediato. También debemos considerar que el tiempo político estadounidense no es necesariamente el nuestro. Washington comenzará a mirar progresivamente hacia las elecciones presidenciales de 2028, mientras Venezuela necesita resolver problemas institucionales que no pueden permanecer indefinidamente subordinados a los intereses electorales de otros. Por eso creo que debemos observar tanto las decisiones de Trump y del Congreso como la capacidad de nuestros propios actores políticos para construir acuerdos que respondan a las necesidades de los venezolanos.

En conclusión, el revés electoral de Trump puede abrir nuevas posibilidades para Venezuela, pero sería un error asumir que la victoria demócrata acelerará automáticamente nuestra transición. Lo que ha cambiado es el equilibrio de poder en Washington y, con él, las condiciones bajo las cuales la Casa Blanca tendrá que negociar y justificar sus decisiones. No descarto que una mayor supervisión del Congreso termine generando exigencias más rigurosas sobre los acuerdos con Delcy Rodríguez y las garantías para unas elecciones presidenciales. Tampoco ignoro que las diferencias entre republicanos y demócratas podrían introducir nuevas dificultades. Después de tantos años dedicado al estudio de la política y de haber participado directamente en la vida pública venezolana, he aprendido a desconfiar de las soluciones que dependen exclusivamente de la voluntad de quienes gobiernan o de los acuerdos alcanzados lejos de los ciudadanos. Nuestra transición necesita respaldo internacional, pero sobre todo requiere instituciones, reglas claras y compromisos que puedan ser exigidos y verificados. No podemos seguir esperando que cada cambio político en Washington determine nuestras posibilidades de recuperar la democracia. Trump perdió el Congreso, pero conserva la Presidencia. Delcy Rodríguez continúa administrando importantes estructuras del Estado mientras se discute el futuro de la transición. Y María Corina Machado enfrenta el desafío de transformar el respaldo ciudadano e internacional en condiciones reales para que podamos decidir. Son situaciones distintas, pero todas nos recuerdan una cuestión esencial: el poder necesita límites. En Washington, los estadounidenses acaban de demostrar que el equilibrio entre los poderes puede modificarse mediante el voto. En Venezuela, seguimos esperando que el voto vuelva a tener el poder de cambiar nuestra historia.

* Doctor en Derecho y Ciencias Sociales

Politólogo y abogado

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