Alfonso A. Hernández Ortiz | Venezuela gana el Clásico Mundial, Trump habla del “estado 51”, ¿broma o advertencia de poder?

No puedo comenzar este artículo sin felicitar a la selección nacional de béisbol de Venezuela, porque lo ocurrido no fue simplemente una victoria, fue algo más profundo: derrotar al Japón tricampeón, imponerse ante Estados Unidos y, sobre todo, recordar que, en medio del deterioro institucional y del desgaste colectivo, Venezuela sigue existiendo como nación, con talento, con identidad y con carácter, incluso cuando su propia clase política ha hecho todo por desdibujarla.

Fue, por unas horas, un país funcionando.

Pero esa sensación duró poco.

Porque casi de inmediato apareció la política y, con ella, una frase que no puede ser despachada como ocurrencia. Donald Trump habló del “estado 51” y utilizó un término que no es casual: “statehood”. No como un comentario aislado, sino como parte de una lógica discursiva que, en política, suele ser más relevante que la propia literalidad, porque cuando una idea entra en el debate público deja de ser impensable.

Y ese es el punto.

“Statehood” no es una palabra ligera, es una categoría de poder, es el lenguaje institucional que describe cómo un territorio deja de ser lo que es para integrarse en una estructura superior. No es cooperación, no es alianza, no es ayuda. Es, en términos estrictos, subordinación bajo reglas ajenas.

Sin embargo, el tema se elude.

Ni el gobierno ni la oposición han enfrentado el fondo del asunto. Hay una incomodidad evidente, una prudencia que roza el silencio y una narrativa en la que todavía se insiste en leer a Trump en clave de afinidad política.

Pero esa lectura es, como mínimo, insuficiente.

Trump no actúa por afinidad, actúa por interés. Y Estados Unidos, en política exterior, no opera sobre lealtades, sino sobre prioridades. Venezuela, en ese esquema, no es una causa, es una variable estratégica.

Ese es el punto que incomoda.

Desde el derecho, la discusión parecería clara. Ni el presidente de Estados Unidos puede decidir unilateralmente la incorporación de un nuevo estado, ni la Constitución venezolana permitiría una cesión de soberanía sin que ello implique la disolución misma de la República. Pero el problema no está en lo jurídico.

El problema es que la realidad política rara vez se detiene en los límites formales.

Y, en el caso venezolano, esa realidad viene transformándose desde hace tiempo. El punto de inflexión fue cuando el poder desconoció la voluntad popular, vació de contenido el voto y convirtió el proceso electoral en un mecanismo de control. A partir de allí, lo que quedó en evidencia no fue una falla institucional, sino algo más profundo: la inexistencia de contrapesos reales. El sistema no colapsó, operó exactamente como estaba diseñado.

Ese fue el quiebre.

Porque, cuando el voto deja de producir efectos y ninguna institución puede corregirlo, lo que se erosiona no es solo una elección, es la estructura misma del Estado.

Y, a partir de allí, todo lo demás empieza a reconfigurarse.

Se intensifica la presión externa, se multiplican los actores con capacidad de incidencia y se abren espacios de negociación sobre sectores estratégicos. Se observan ajustes en áreas clave, como el petróleo, cambios regulatorios y una mayor presencia de intereses internacionales en la dinámica económica del país. No son hechos aislados, sino indicios de una misma tendencia: a menor capacidad interna de decisión, mayor influencia externa en la definición de las reglas.

En ese contexto, resulta útil recordar a Carl Schmitt, quien advertía que la soberanía no es un concepto abstracto, sino la capacidad real de decidir en última instancia.

Y hoy, en Venezuela, esa capacidad está en disputa.

Por eso hay que decirlo sin rodeos.
Venezuela no es el estado 51.

Pero tampoco es, plenamente, un Estado con capacidad autónoma de decisión.

Es un país donde esa capacidad se encuentra condicionada.

Y esa es la discusión de fondo.
Porque, cuando un Estado pierde margen de decisión, otros actores, estatales y no estatales, comienzan a ocupar ese espacio, no siempre de forma explícita, no siempre bajo esquemas formales, pero sí de manera progresiva.

Mientras tanto, la clase política, en su conjunto, parece instalada en una ficción peligrosa. Actúa como si esto fuera un proceso convencional, como si el país atravesara una transición normal, cuando, en realidad, muchos de los elementos que definirán el resultado final no se están decidiendo únicamente en Caracas.

Y eso no se dice.
Se evita, se matiza, se posterga.
Mientras tanto, el país se fragmenta.
Habrá venezolanos que, agotados, vean en la idea del estado 51 una salida. Otros hablarán de tutelaje como una forma de orden. Y también estarán quienes rechacen cualquier forma de subordinación, quienes insistan en que una nación no puede reconstruirse renunciando a sí misma.

Ese es el conflicto real.
Y, en medio de ese conflicto, la oposición tiene una responsabilidad que no puede seguir postergando. María Corina Machado y los factores democráticos deben fijar posición con claridad, porque no basta con haber enfrentado una dictadura si el resultado es otra forma de dependencia. El apoyo internacional no puede traducirse en sustitución de la soberanía.

Esa es la línea.
La historia ofrece advertencias. Puerto Rico lleva más de un siglo en una relación ambigua con Estados Unidos, con integración económica y ciudadanía, pero con una discusión permanente sobre su estatus, tensiones políticas y una identidad que no termina de resolverse.

Venezuela no es Puerto Rico.
Pero ignorar las consecuencias de una relación asimétrica sería un error.
Porque, al final, el problema no es Trump.

El problema es el vacío.
Cuando un Estado pierde capacidad de decisión, otro ocupa ese espacio.
Y, en política, los vacíos no se llenan solos, los llena quien tiene el poder de hacerlo