Venezuela y Chad impulsan nuevas salidas de la CPI en medio de crecientes cuestionamientos
Ambos países iniciaron el proceso para dejar el Estatuto de Roma. Se suman a otras naciones que abandonaron o anunciaron su retiro. La decisión coincide con las críticas de la administración Trump al tribunal
Venezuela y Chad se convirtieron en los más recientes países en iniciar su salida de la Corte Penal Internacional (CPI), tras denunciar el Estatuto de Roma, en una decisión que profundiza los cuestionamientos a la autoridad del tribunal y coincide con la ofensiva política emprendida por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.
El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la decisión de retirar al país del Estatuto de Roma al acusar a la CPI de utilizar sus investigaciones para actuar contra las naciones del llamado "sur global".
Tres días después, Chad confirmó el inicio de los trámites para abandonar el organismo, al considerar que la Corte ha demostrado una "eficacia limitada" y ha concentrado gran parte de sus actuaciones en países del sur global desde el inicio de sus funciones en 2002.
Las decisiones de Caracas y Yamena se suman a una lista de Estados que en los últimos años han dejado o intentado abandonar la jurisdicción de la CPI.
Burundi fue el primer país en retirarse oficialmente del Estatuto de Roma en 2017, luego de que el tribunal abriera una investigación por presuntos crímenes y actos de violencia política en su territorio.
Filipinas formalizó su salida en 2019, durante el gobierno del expresidente Rodrigo Duterte, tras el inicio de un examen preliminar sobre las denuncias de abusos cometidos durante su política de lucha contra las drogas.
Más recientemente, Níger concretó este año su retiro de la Corte al acusarla de actuar con parcialidad y de convertirse en una "herramienta neocolonial". Malí y Burkina Faso también anunciaron su intención de abandonar el organismo como parte de la postura adoptada por la Alianza de Estados del Sahel.
Otros países, como Gambia y Sudáfrica, iniciaron procesos similares, aunque posteriormente dieron marcha atrás por decisiones políticas o judiciales.
A estas salidas se suma la posición de potencias como Estados Unidos, Rusia, China, Israel e India, que nunca llegaron a formar parte plenamente de la Corte Penal Internacional al no ratificar el Estatuto de Roma o retirar su firma antes de su entrada en vigor.
Las nuevas renuncias representan uno de los mayores desafíos para la legitimidad y el alcance de la CPI, en un momento de creciente presión política y cuestionamientos sobre su actuación en conflictos internacionales.