Siete ONG internacionales exigen que avance causa contra funcionarios venezolanos en Argentina
La petición fue presentada ante la Cámara Federal de Casación Penal mediante un escrito de amicus curiae, luego de una audiencia celebrada el 7 de octubre. El documento, formalizado dos días después, expone argumentos jurídicos para sostener que las protecciones reconocidas a determinados funcionarios extranjeros no deben obstaculizar la investigación de delitos internacionales
Siete organizaciones de derechos humanos solicitaron a la justicia argentina que permita continuar una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y que descarte la aplicación de inmunidades que, según argumentan, podrían impedir el avance del proceso.
La petición fue presentada ante la Cámara Federal de Casación Penal mediante un escrito de amicus curiae, luego de una audiencia celebrada el 7 de octubre. El documento, formalizado dos días después, expone argumentos jurídicos para sostener que las protecciones reconocidas a determinados funcionarios extranjeros no deben obstaculizar la investigación de delitos internacionales, informó El Nacional.
El escrito fue suscrito por Redress, Legal Action Worldwide (LAW), Partners in Justice International, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (Dplf), Alerta Venezuela y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (Fidh).
Uno de los principales argumentos de las organizaciones es que el rango militar de los funcionarios señalados no les otorga inmunidad personal. Según el documento, esta protección está reservada, mientras ejercen sus funciones, a un grupo limitado de autoridades: jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores.
La discusión se centra también en la inmunidad funcional, que protege determinados actos realizados en el ejercicio de un cargo oficial. Las ONG sostienen que la práctica de los Estados y las decisiones de tribunales nacionales respaldan la exclusión de esta protección cuando se investigan delitos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Para respaldar su posición, las entidades citan antecedentes judiciales de Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, España y Suecia, donde funcionarios extranjeros han sido investigados, procesados o condenados por crímenes internacionales. También mencionan una decisión del máximo tribunal francés de julio de 2025, que reconoció una práctica estatal significativa favorable a excluir la inmunidad funcional en casos de esta naturaleza.
El pronunciamiento de la justicia argentina podría tener implicaciones para futuras investigaciones sobre delitos internacionales cometidos fuera de su territorio. Las organizaciones consideran que la decisión permitiría precisar el alcance de las inmunidades y su relación con la obligación de garantizar la rendición de cuentas y el acceso de las víctimas a la justicia.
Como antecedente, el escrito menciona la investigación por presuntos crímenes contra la población rohinyá en Myanmar. En febrero de 2025, un juez argentino emitió órdenes de detención contra más de veinte funcionarios civiles y militares de ese país, en un procedimiento impulsado por Legal Action Worldwide en representación de las víctimas.
Las organizaciones argumentan que Argentina tiene obligaciones internacionales de investigar delitos graves y garantizar el acceso a la justicia. Añaden que, incluso si una inmunidad resultara aplicable a una persona o actuación específica, esto no debería paralizar necesariamente las investigaciones sobre los hechos denunciados.
Por ello, las siete entidades pidieron a la Cámara Federal de Casación Penal que determine que, en las circunstancias de esta causa, las inmunidades personales y funcionales no impiden la continuidad del proceso. A su juicio, una decisión en ese sentido contribuiría a consolidar la jurisdicción universal como mecanismo para investigar crímenes internacionales y garantizar los derechos de las víctimas.