Veinticinco estados demócratas demandan al gobierno de Trump por nuevos aranceles
Los estados aseguran que la política arancelaria de la administración Trump excede sus facultades legales. La demanda cuestiona los gravámenes de hasta 12,5% aplicados a 60 socios comerciales de EE. UU. El gobierno estadounidense defiende las medidas como una herramienta contra el trabajo forzado en cadenas de suministro
Un grupo de 25 estados gobernados por demócratas presentó este lunes una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump, al considerar que la nueva política de aranceles impulsada por su administración excede las competencias del Ejecutivo federal.
La acción legal cuestiona los gravámenes anunciados el pasado 23 de julio, que establecen tarifas de entre 10% y 12,5% sobre productos provenientes de 60 socios comerciales de Estados Unidos.
Los estados demandantes argumentan que no existe una relación directa entre las investigaciones sobre presunto trabajo forzado en cadenas internacionales de suministro y la imposición de aranceles generalizados.
“No existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzado en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales generalizados”, señalaron en el documento presentado ante la justicia estadounidense.
Disputa por la autoridad presidencial
Los nuevos impuestos fueron establecidos tras investigaciones realizadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La administración Trump sostiene que varios socios comerciales no cumplen con los mismos estándares estadounidenses en materia de combate al trabajo forzado y que los aranceles funcionan como una herramienta de presión para alcanzar nuevos acuerdos comerciales.
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha impulsado una política comercial más restrictiva, aplicando tarifas tanto a aliados como a países considerados competidores económicos.
Estados cuestionan el argumento del gobierno
En la demanda, los estados aseguran que las investigaciones realizadas por la USTR fueron un mecanismo para ampliar de manera ilegal la autoridad presidencial sobre los aranceles.
Los demandantes afirman que respaldan la lucha contra el trabajo forzado a nivel mundial, pero consideran que esa problemática no puede utilizarse como justificación para aplicar una política arancelaria que califican como “sin restricciones”.
El documento presentado ante la corte también cuestiona la rapidez con la que se realizaron las investigaciones y señala que existió un sesgo desde el inicio del proceso.
La disputa judicial abre un nuevo capítulo en la batalla entre la administración Trump y varios gobiernos estatales demócratas por el alcance de las decisiones económicas tomadas desde la Casa Blanca.