Testigo afirma que Zapatero ordenó fraccionar comisión del rescate de Plus Ultra

Julio Martínez Martínez, considerado por la investigación como un hombre de confianza del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, declaró ante la Audiencia Nacional que el exmandatario ordenó fraccionar el pago de la comisión del 1 % vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra, con el fin de canalizar los fondos a través de distintas empresas cuando aumentó la presión mediática sobre la operación.

Según informó El Mundo, el empresario comenzó a colaborar con la Justicia y ratificó que Zapatero estuvo involucrado desde la creación de la sociedad Análisis Relevante, aunque permaneció fuera de su accionariado. Asimismo, confirmó que esa empresa habría servido para gestionar pagos relacionados con las labores de asesoría y mediación del exjefe del Gobierno español.

Durante su declaración, Martínez aseguró que fue el propio Zapatero quien le comunicó, el 26 de febrero de 2021, que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobaría el rescate de Plus Ultra, varios días antes de que el Consejo de Ministros autorizara oficialmente la ayuda pública de 53 millones de euros, el 9 de marzo de ese año.

El empresario explicó que, tras recibir esa información, la transmitió a directivos de la aerolínea, entre ellos el exaccionista Rodolfo Reyes y el empresario Camilo Ibrahim Issa, señalado como una de las principales figuras de Plus Ultra en Venezuela.

De acuerdo con fuentes del caso citadas por el medio español, la declaración refuerza la principal hipótesis de los investigadores: que Zapatero dirigía realmente la sociedad Análisis Relevante y utilizaba esa estructura para recibir pagos de manera indirecta por presuntas gestiones de influencia tanto en España como en el extranjero.

No obstante, Martínez afirmó desconocer con qué funcionarios o instituciones habría intervenido Zapatero para conseguir la aprobación del rescate, aunque negó haber realizado personalmente gestiones ante la SEPI.

La investigación judicial mantiene al expresidente bajo la lupa por un presunto entramado de tráfico de influencias y cobro de comisiones relacionado con el rescate de Plus Ultra y otras actividades internacionales.