Gobierno denuncia financiación política a través de minería ilegal en Chocó

Las sombras de la minería ilegal en el Chocó no solo amenazan el medio ambiente, sino que también parecen estar tejiendo redes de financiación para campañas políticas. El Gobierno nacional reveló que las operaciones ilegales de explotación de oro en Baudó y Nóvita podrían haber financiado las campañas de 2026 y preparan el terreno para un esquema similar en las regionales de 2027.

La alarma fue encendida el pasado 11 de octubre por el vocero del Gobierno, Miller Soto, quien comunicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, realizó un sobrevuelo en un helicóptero MI-17 sobre las zonas afectadas. Desde el aire, se observaron terrenos devastados, ríos desviados y más de 100 retroexcavadoras operando sin los permisos adecuados.

Las imágenes obtenidas durante la inspección aérea revelaron campamentos atribuidos a grupos armados y el uso de documentos falsos para acceder a áreas de explotación. Según Soto, estas operaciones no son simples actividades de subsistencia, sino una minería de gran escala con la capacidad logística de grupos organizados.

Lo más preocupante para el Ejecutivo es la hipótesis que ya ha sido presentada a la Fiscalía General de la Nación: parte de las rentas obtenidas de estas actividades ilícitas se habrían destinado a financiar campañas políticas. Aunque no se mencionaron nombres de candidatos o partidos, Soto subrayó que quienes estén involucrados deberán rendir cuentas ante la justicia.

En este sentido, el Gobierno busca visibilizar el vínculo entre las economías ilícitas y las contiendas electorales, un fenómeno que ha marcado la historia de regiones donde la minería criminal es predominante. La propuesta del ministro Lara es reformar el enfoque legal para tratar la gran minería ilegal no solo como una infracción ambiental, sino como un elemento que alimenta el crimen organizado.

Las palabras del presidente, difundidas a través de la red social X, fueron contundentes: “La gran minería criminal no es una simple infracción ambiental: es una caja de guerra y terror”. La intención es abordar esta problemática como un aparato que amenaza la democracia y fortalecer la lucha contra las mafias del oro.

El texto de la nueva legislación será debatido en el Consejo de Política Criminal antes de ser presentado al Congreso. Sin embargo, aún no hay un calendario definido para su discusión.

Como parte de la estrategia para desmantelar estas economías ilegales, se mencionaron dos operaciones recientes. En Chaparral, Tolima, el Ejército desmanteló centros de producción de oro vinculados a la Comisión Jerónimo Galeano, que generaban cerca de 6.000 gramos de oro mensuales, valorados en aproximadamente $2.880 millones.

En Yuto, Chocó, se inutilizaron cuatro excavadoras vinculadas a una subestructura del Clan del Golfo. Aunque no se detallaron las fechas exactas de estas operaciones, las autoridades enfatizan que estas acciones son parte de una doctrina más amplia para debilitar las economías que sostienen a los grupos armados.

Este anuncio se produce en medio de una crisis humanitaria en el Chocó, que sigue lidiando con las secuelas del terremoto del 10 de agosto y problemas de violencia y desplazamiento. La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por la gravedad de la situación en la región.

Soto enfatizó que la reconstrucción de la zona debe llevarse a cabo sin permitir más intervenciones ilegales. La distinción entre minería formal y criminal es clara para el Gobierno, que se compromete a apoyar la formalización de aquellos que deseen operar dentro de la ley.

En su declaración, Soto fue claro: “El minero formal no es el enemigo. El enemigo es el que invade y el que lava campaña con oro de predio ajeno”. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación asumirá la investigación sobre las denuncias en Nóvita y Baudó, y la fuerza pública continuará su labor de rastreo de la maquinaria utilizada en estas explotaciones ilegales.