Polémica restricción de visas “vapulea” al ciudadano común: “Venezuela no es igual a los otros países”

La nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que restringe parcialmente la entrada a ciudadanos venezolanos con visas de turismo, negocios, estudio e intercambio, generó un clima de incertidumbre y preocupación entre migrantes y expertos legales, quienes expresan sus dudas ante esta decisión del Gobierno norteamericano.

Aunque la medida, que entrará en vigor el lunes 9 de junio, no constituye una prohibición total, sí impone severas limitaciones que afectan principalmente a quienes solicitan por primera vez visas de no inmigrante bajo las categorías B1, B2 (turismo), F (estudiantes), M (estudiantes de intercambio) y J (intercambio cultural).

La proclama de Trump argumenta que Venezuela “carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles”, y que tampoco cuenta con “medidas adecuadas de selección e investigación”.

En ese sentido, la orden señala que hay un porcentaje alto de venezolanos que, al entrar con visas temporales, permanecen más allá del tiempo legal permitido, lo que agravaría la presión sobre el sistema migratorio estadounidense.

“Incluyeron a Venezuela en una lista de países que no se comparan con ella en términos de control de su población”, criticó Sherley Haratz, abogada con práctica en EE. UU. y Panamá, en una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, en Unión Radio.

A pesar de las dudas, Haratz subrayó que los residentes permanentes legales y quienes posean visas de trabajo no están afectados por esta proclamación.

Sin embargo, advirtió que queda a discreción de los oficiales de migración interpretar el alcance de la medida, lo que podría generar casos de arbitrariedad o errores de interpretación.

Yesenia Iacona, abogada especializada en inmigración, aseguró al periodista Román Lozinski que el decreto no es del todo claro. “Tiene varias ambigüedades. Para quienes ya tienen una visa y están fuera del país, no debería aplicar. Pero deja una laguna legal sobre si alguien que no tiene visa puede siquiera aplicar a esas categorías”, señaló.

Aunque el documento especifica que las visas ya emitidas no serán revocadas, la medida afectará la emisión futura para esas categorías a partir del 9 de junio.

“Las personas con citas después del 9 de junio probablemente vean sus solicitudes canceladas”, advirtió.

Iacona afirma que la medida, aunque temporal, podría tener consecuencias de largo plazo. La orden establece revisiones cada 180 días, lo que abre la puerta a más restricciones o incluso a una extensión del veto a otras categorías.

Opacidad en la norma

La onda de choque no solo generó nervios entre los venezolanos, sino también confusión y desacuerdos entre los abogados especialistas en la materia, como es el caso de Arturo Bravo, quien, a su critero, la ambigüedad del lenguaje del decreto genera inseguridad jurídica.

“En mi lectura, está suspendida la entrada de venezolanos incluso con estas cinco categorías de visa, aunque ya la tengan. El problema es que no hay una solución en blanco y negro, ni siquiera para los que ya poseen la visa en sus pasaportes”, explicó.

El experto añadió que, aunque el enfoque parece estar en la sobreestadía de los solicitantes, que supera el 9 % según cifras del Gobierno, el verdadero trasfondo puede estar en la falta de información oficial confiable proveniente de Caracas, especialmente en cuanto a antecedentes penales y documentos consulares.

“Casi que doy por descontado que este decreto se pueda apelar”, subrayó Bravo, recordando casos similares con países musulmanes que llegaron hasta la Corte Suprema en el primer mandato de Trump, sin tener resultados positivos.

La aprobación de visas continúa

Jojan Jiménez, gestor migratorio, ofreció otra perspectiva. Aseguró que hasta horas antes del anuncio, consulados en varios países seguían aprobando solicitudes sin notificación de cancelaciones.

“Ayer (4 de junio) se aprobaron cinco visas, tres de ellas por primera vez. Hoy todavía nuestros aplicantes asisten a entrevistas. Mientras no exista una cancelación formal, deben acudir, y si la obtienen, se les otorga por 10 años”, comentó.

Jiménez también alertó sobre prácticas que podrían despertar sospechas en los oficiales migratorios. “Algunos venezolanos buscan citas en consulados muy alejados, como Croacia o Alemania, lo cual podría parecer sospechoso y ser motivo de negación al momento de ingresar a EE. UU.”.