Ortega y Murillo impulsan reforma para extender mandatos presidenciales de siete años en Nicaragua
Ante los representantes internacionales, las autoridades intentaron aclarar que el país continuará celebrando procesos electorales. La reforma plantea impedir la participación de quienes hayan tenido “dirección, liderazgo, financiamiento o participación directa o indirecta”. Para críticos del Gobierno, la nueva propuesta profundiza la concentración de poder y reduce las posibilidades de alternancia política en el país
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó una nueva propuesta de reforma constitucional que plantea ampliar el periodo presidencial en Nicaragua a siete años renovables, una medida que podría permitir la continuidad del actual Gobierno sin una competencia electoral efectiva.
La iniciativa fue anunciada por Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, un órgano legislativo controlado por el oficialismo, quien explicó que la reforma busca establecer un modelo de “estabilidad, continuidad y planificación” dentro del Estado.
“Los periodos efectivos de siete años renovables” forman parte de la nueva estructura constitucional planteada por el Ejecutivo, según detalló Porras durante la presentación del proyecto ante el Parlamento.
La propuesta surge apenas un día después de que el Gobierno convocara al cuerpo diplomático acreditado en Managua para explicar las declaraciones de Ortega del pasado 19 de julio, cuando afirmó que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”.
Ante los representantes internacionales, las autoridades intentaron aclarar que el país continuará celebrando procesos electorales, aunque advirtieron que no podrán participar personas o grupos que el oficialismo considere vinculados con acciones contra el Estado.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la incorporación de nuevas restricciones para impedir que opositores puedan aspirar a cargos públicos.
La reforma plantea impedir la participación de quienes hayan tenido “dirección, liderazgo, financiamiento o participación directa o indirecta” en hechos políticos ocurridos desde 2018 que el régimen califique como intentos de desestabilización.
Además, otorgaría mayores facultades al Consejo Supremo Electoral (CSE) para cancelar candidaturas y retirar la personalidad jurídica de partidos que incumplan con los nuevos criterios establecidos.
Analistas y opositores señalan que esta medida busca elevar a rango constitucional mecanismos de exclusión política que ya han sido aplicados mediante leyes aprobadas durante los últimos años.
La reforma representa una nueva modificación al marco constitucional de Nicaragua, luego de que en 2025 se ampliara el mandato presidencial de cinco a seis años y se estableciera la figura de copresidencia entre Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Para críticos del Gobierno, la nueva propuesta profundiza la concentración de poder y reduce las posibilidades de alternancia política en el país.
El abogado opositor Juan Diego Barberena afirmó que el concepto de periodos “renovables” abre interrogantes sobre si existiría una elección competitiva o simplemente una extensión del mandato de quienes ya ocupan el poder.
“El término prorrogar indica que no se va a elegir a una nueva persona para ejercer el cargo, sino que se mantiene a quien ya está”, señaló.
El oficialismo prevé aprobar la reforma en primera legislatura durante septiembre y ratificarla en enero de 2027.
Mientras tanto, organizaciones opositoras y analistas advierten que los cambios podrían consolidar un modelo político sin competencia real, en el que los principales adversarios del sandinismo permanecen perseguidos, encarcelados o en el exilio.
La propuesta constitucional abre así un nuevo capítulo en la crisis política de Nicaragua, donde el debate central gira en torno al futuro de la democracia, la alternancia y las condiciones para una eventual participación electoral.