Juez permite a Trump exigir que indocumentados se inscriban en un registro
El juez Trevor McFadden, nominado al cargo por el propio Trump, desestimó una demanda presentada por cuatro organizaciones proinmigrantes. La iniciativa, conocida como “Requisito de Registro de Extranjeros”, obligará a todos los extranjeros indocumentados mayores de 14 años que lleven más de 30 días en el país a registrar sus huellas dactilares y datos personales. La orden también establece que deben portar en todo momento el comprobante de inscripción
El gobierno de Donald Trump logró este jueves una importante victoria judicial luego de que un juez federal avalara la implementación de una controvertida medida que obliga a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos a registrarse y proporcionar sus huellas dactilares, bajo amenaza de multas o penas de cárcel.
El juez Trevor McFadden, nominado al cargo por el propio Trump, desestimó una demanda presentada por cuatro organizaciones proinmigrantes que buscaban frenar la entrada en vigor del plan conocido como “Requisito de Registro de Extranjeros”.
Esta orden, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entra en vigencia este viernes 11 de abril y podría afectar directamente a entre 2,2 y 3,2 millones de personas, según estimaciones oficiales.
No obstante, los demandantes advierten que el número real de afectados podría ser significativamente mayor.
La medida obliga a todos los extranjeros indocumentados mayores de 14 años que lleven más de 30 días en el país a registrarse mediante una plataforma en línea del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).
Como parte del proceso, deben informar su dirección, fecha de ingreso a Estados Unidos y antecedentes penales, entre otros datos.
En el caso de menores de 14 años, sus padres o tutores legales deben completar el registro, aunque a los menores no se les tomarán huellas dactilares.
La orden también establece que los indocumentados deben portar en todo momento el comprobante de inscripción, bajo pena de enfrentar mayores sanciones que las que ya conlleva la condición de estar en el país de manera irregular.
De acuerdo con sus críticos, el plan tiene como objetivo presionar a los inmigrantes para que abandonen el país voluntariamente, ya que la información proporcionada podría ser utilizada para acelerar su expulsión.
Los grupos demandantes argumentaron que la medida debió haber pasado por un proceso de consulta pública, tal como establecen las normas de procedimiento administrativo para políticas que impactan a millones de personas.
Sin embargo, el juez McFadden concluyó que no lograron demostrar su caso, permitiendo que el Gobierno avance con la implementación del registro.