Juez de EE. UU. reafirma bloqueo de deportaciones a venezolanos con TPS
La decisión del juez Edward M. Chen representa un duro revés para las políticas migratorias de Trump. “El interés público no se ve favorecido por la revocación del TPS”, señaló. El fallo destaca que los beneficiarios del TPS demuestran niveles educativos y laborales notables, baja tasa de criminalidad y una significativa contribución económica a Estados Unidos
Un juez federal en San Francisco rechazó la solicitud de la administración de Donald Trump para levantar la suspensión de la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de ciudadanos venezolanos en Estados Unidos.
La decisión del juez Edward M. Chen representa un duro revés para las políticas migratorias del expresidente republicano, al considerar que permitir la deportación de estos migrantes generaría “daños irreparables”.
En una orden de cinco páginas, el magistrado advirtió que cualquier deportación sería, en la práctica, irreversible si los demandantes, siete ciudadanos venezolanos representados por organizaciones defensoras de los derechos migratorios, lograran prevalecer en la demanda.
“Es probable que cualquier deportación no pueda echarse atrás si los demandantes finalmente prevalecen”, escribió el magistrado.
En respaldo a su razonamiento, citó un caso reciente en el que el gobierno deportó erróneamente a un hombre con estatus legal en EE. UU. a El Salvador y luego declaró no tener facultades para corregir su error.
El fallo de Chen se sustenta además en la admisión del gobierno, en un proceso paralelo, de que agentes migratorios deportaron a un ciudadano de Maryland junto a miembros de la pandilla Tren de Aragua.
Aunque se trató de lo que los abogados del Ejecutivo calificaron como un “error administrativo”, el hecho refuerza los temores sobre deportaciones erróneas bajo una política que, según el juez, se basa en generalizaciones.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó en febrero la extensión del TPS concedida por la administración Biden, bajo el argumento de que proteger a los venezolanos “contradecía los intereses nacionales”.
Esa decisión, que debía entrar en vigor el 7 de abril, habría afectado a unos 350.000 venezolanos, muchos de ellos en Florida, quienes perderían su permiso de trabajo y quedarían expuestos a la deportación inmediata.
Sin embargo, en su fallo de 78 páginas, Chen desestimó los argumentos del gobierno y cuestionó severamente la motivación detrás de la revocación.
“Es evidente que la secretaria hizo generalizaciones negativas sobre los beneficiarios venezolanos del TPS”, sostuvo.
“Actuar con base a un estereotipo negativo de grupo y generalizarlo a todo el grupo es el clásico ejemplo de racismo”.
El juez también apuntó a la influencia de las declaraciones del presidente Donald Trump en la decisión de Noem.
Citó expresiones discriminatorias del mandatario contra inmigrantes haitianos, beneficiarios del TPS y migrantes no blancos en general, como cuando afirmó que los haitianos en Springfield, Ohio, “se estaban comiendo a los perros” o cuando vinculó directamente a venezolanos con el incremento de la criminalidad.
Los abogados del gobierno argumentaron en su moción que las decisiones de Noem responden a políticas migratorias “racionalmente relacionadas con intereses gubernamentales legítimos” y que no fueron motivadas por “una intención racialmente discriminatoria”.
Sin embargo, Chen no consideró convincente esta defensa y subrayó la ausencia de pruebas de que los venezolanos representen un peligro para la seguridad nacional.
“El interés público no se ve favorecido por la revocación del TPS”, señaló el juez.
Chen destacó que los beneficiarios de este estatus demuestran niveles educativos y laborales notables, baja tasa de criminalidad y una significativa contribución económica a Estados Unidos.
La decisión representa un alivio para miles de familias venezolanas que enfrentaban la incertidumbre de una inminente deportación. De no haberse frenado la medida, muchos de ellos habrían perdido su estatus legal esta misma semana.
La administración Trump ahora podría apelar el fallo ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, con la posibilidad de llevar el caso hasta la Corte Suprema, donde tres de los jueces fueron designados durante el primer mandato de Trump.