Investigación por caso Plus Ultra estrecha el cerco sobre el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero
La investigación judicial del denominado caso Plus Ultra avanza en España con nuevas diligencias que amplían el foco sobre el entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de una causa por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Según medios españoles, el magistrado autorizó esta semana el análisis de cuentas bancarias y del patrimonio de varios de los principales investigados, entre ellos empresarios vinculados al caso, así como personas del círculo más cercano del exmandatario.
Las pesquisas alcanzan a Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, y a Gertrudis Alcázar, su secretaria y colaboradora de confianza, quienes son señaladas por los investigadores como piezas relevantes para reconstruir el flujo de fondos y las operaciones patrimoniales bajo análisis.
De acuerdo con la investigación, el eje del caso gira en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra, una operación sobre la que se intenta determinar si existieron pagos irregulares vinculados a labores de intermediación.
Los investigadores sostienen que presuntamente se utilizó una red de consultoras y sociedades para emitir facturas por supuestos servicios de asesoría con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero.
Como parte de las nuevas diligencias, la Justicia ordenó el rastreo de movimientos bancarios, el análisis de dispositivos electrónicos y nuevas actuaciones destinadas a esclarecer la posible redistribución de fondos y las conexiones internacionales detectadas durante la investigación.
En el caso de Gertrudis Alcázar, las autoridades analizan su presunta participación en tareas administrativas y de gestión documental relacionadas con las operaciones investigadas, mientras que sobre Sonsoles Espinosa se revisan movimientos patrimoniales y cuentas compartidas con el expresidente.
La investigación también contempla inspecciones fiscales y el análisis de adquisiciones inmobiliarias y otros bienes cuyo origen de los fondos está siendo verificado por las autoridades.
Hasta el momento, la causa permanece en fase de instrucción, por lo que los hechos continúan bajo investigación y no existe una decisión judicial definitiva sobre la responsabilidad penal de los implicados.
