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Familiares de venezolanos deportados piden acceso y liberación de detenidos en megacárcel de Bukele

Los detenidos forman parte de un grupo de 252 venezolanos expulsados el 15 de marzo por las autoridades estadounidenses, quienes los vincularon con la organización criminal Tren de Aragua. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado ninguna acusación legal ni evidencia concreta

Familiares y representantes legales de varios venezolanos deportados desde Estados Unidos y actualmente encarcelados en El Salvador, pidieron el lunes al gobierno del presidente Nayib Bukele autorización para visitarlos y demandaron su liberación inmediata, al no existir pruebas formales en su contra.

Los detenidos forman parte de un grupo de 252 venezolanos expulsados el 15 de marzo por las autoridades estadounidenses, quienes los vincularon con la organización criminal Tren de Aragua. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado ninguna acusación legal ni evidencia concreta.

Jhoanna Sanguino y Reina Cárdenas, familiares de Widmer Agelvis Sanguino y Andry Hernández Romero respectivamente, viajaron a San Salvador en la primera visita de allegados desde la deportación. “Queremos verificar su estado de salud y pedir su pronta liberación”, expresó Sanguino. Cárdenas denunció que Hernández fue arrestado por tener tatuajes: “Tenemos las pruebas necesarias para demostrar su inocencia”, cita Noticias RCN.

Ambas están acompañadas por Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo Internacional, que asumió la defensa de seis venezolanos oriundos del estado Táchira. Márquez solicitó formalmente acceso a los reclusos y pidió ser recibido por el mandatario salvadoreño para entregar documentación que, asegura, demuestra que no hay vínculos con organizaciones criminales.

Según Márquez, la detención de los venezolanos se basa en un acuerdo firmado durante el gobierno de Donald Trump, por el cual El Salvador aceptó recibir deportados a cambio de seis millones de dólares. Añadió que estas expulsiones se ejecutaron bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma excepcional reservada para tiempos de guerra y sin garantías judiciales.

Los familiares identificaron a los detenidos en videos oficiales donde aparecen rapados y encadenados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros situada a 75 kilómetros de la capital salvadoreña. Entre ellos figura Hernández Romero, estilista y actor de teatro, y Widmer Sanguino, refugiado legal en EE. UU., ambos deportados por sus tatuajes.

Organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que estas detenciones violan el debido proceso y normas internacionales de derechos humanos. Ni los abogados de la ONG ni los defensores asignados por el gobierno de Nicolás Maduro han logrado acceder a los reclusos o recibir respuesta a los recursos legales interpuestos.

El caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error y posteriormente repatriado a EE. UU. tras un litigio judicial, evidencia la fragilidad del proceso. Mientras tanto, los venezolanos permanecen incomunicados en condiciones extremas y sin condena formal ni en su país ni en territorio estadounidense.

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