EE. UU. revela identidad del comprador del arma usada contra Miguel Uribe
El senador fue atacado con una pistola Glock calibre 9 milímetros el pasado sábado. La pistola fue comprada el 6 de agosto de 2020 en el estado de Arizona por un ciudadano estadounidense identificado como Charles Joe Anderson, según informó el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana. Aunque el arma fue adquirida legalmente, no hay registro oficial de su ingreso al país, lo que indica que llegó de forma irregular
Las autoridades de Colombia y Estados Unidos revelaron este martes que el arma utilizada en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, fue adquirida legalmente en Arizona, lo que refuerza las sospechas sobre una red internacional de tráfico de armas.
Uribe Turbay, congresista del partido Centro Democrático y aspirante presidencial, fue atacado con una pistola Glock calibre 9 milímetros durante un evento público en el barrio Modelia, en el occidente de la capital.
El político recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna; su estado de salud sigue siendo crítico y permanece internado en la Fundación Santa Fe.
La investigación dio un giro inesperado tras el rastreo del arma. Según confirmó el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, junto a la fiscal general Luz Adriana Camargo, la pistola fue comprada el 6 de agosto de 2020 en el estado de Arizona por un ciudadano estadounidense identificado como Charles Joe Anderson, a través del distribuidor Aji Port.
El rastreo fue posible gracias a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos.
Aunque el arma fue adquirida legalmente, las autoridades colombianas no tienen registro oficial de su ingreso al país, lo que indica que llegó de forma irregular.
Hasta el momento se desconoce la ruta o el método que permitió su llegada a Colombia y, más aún, cómo terminó en manos del presunto autor material del atentado, un adolescente de 14 años.
El menor fue detenido poco después del ataque y se le imputaron cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas en una audiencia celebrada el martes 10 de junio en Bogotá. El acusado no aceptó los cargos.
La Fiscalía también investiga la desaparición del celular que el menor llevaba antes del ataque, el cual podría contener información clave sobre posibles cómplices o instrucciones para ejecutar el crimen.