Cristina Fernández recurre a la ONU para impugnar su condena por corrupción

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner presentó este miércoles una reclamación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para impugnar la condena que la mantiene en prisión domiciliaria y la inhabilita de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

Fernández, quien cumple una condena de seis años de prisión desde junio de 2025 por irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante sus gobiernos, aseguró que recurrió al organismo internacional porque considera que durante el proceso judicial fueron vulneradas las garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En una carta abierta difundida en sus redes sociales, la exmandataria afirmó que decidió acudir al sistema internacional de derechos humanos al considerar que los mecanismos internos de justicia en Argentina no garantizaron la protección de sus derechos.

"Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este", expresó.

Fernández calificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como una forma de "proscripción" política y sostuvo que representa una de las manifestaciones más sofisticadas de erosión democrática.

Asimismo, denunció que enfrenta una persecución política vinculada a su condición de mujer y afirmó que existe un "machismo estructural" dentro de sectores del sistema judicial argentino.

La exjefa de Estado también publicó un artículo con argumentos similares en los diarios El País (España), Libération (Francia) y Folha de S.Paulo (Brasil), donde reiteró su defensa, insistió en su inocencia e informó sobre la presentación del recurso ante la ONU.

Durante la jornada, sus abogados Javier Borrego y Rafael Valim tienen previsto ofrecer una rueda de prensa para explicar la estrategia jurídica que acompañará la solicitud presentada ante Naciones Unidas.

El Comité de Derechos Humanos deberá evaluar inicialmente la admisibilidad del reclamo. En caso de aceptarlo, podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento sobre el caso.

Fernández fue condenada en la denominada causa Vialidad, investigación relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Argentina rechazó el último recurso presentado por su defensa.