Crece la angustia por el estatus legal de los venezolanos en EEUU: En Miami se vive la incertidumbre en calles y negocios
Wilmer Escaray, un inmigrante venezolano que llegó a EE. UU. en 2007 y abrió su primer restaurante en 2013, ahora es dueño de una docena de negocios que dan empleo a migrantes. “Es de verdad bastante lamentable perder ese capital humano”, expresó Escaray, señalando que muchos de sus 150 empleados dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS). Este estatuto, creado en 1990, ofrece resguardo a individuos provenientes de países en crisis, pero no proporciona un camino hacia la ciudadanía.
Desde febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha puesto fin a dos programas federales que permitían a más de 700,000 venezolanos vivir y trabajar legalmente en el país. Esta decisión también afecta a cientos de miles de ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua. La ansiedad se ha apoderado de la comunidad venezolana, especialmente en Doral, conocida como "Little Venezuela", donde residen aproximadamente 80,000 personas, reseñó la agencia AP.
Wilmer Escaray, un inmigrante venezolano que llegó a EE. UU. en 2007 y abrió su primer restaurante en 2013, ahora es dueño de una docena de negocios que dan empleo a migrantes. “Es de verdad bastante lamentable perder ese capital humano”, expresó Escaray, señalando que muchos de sus 150 empleados dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS). Este estatuto, creado en 1990, ofrece resguardo a individuos provenientes de países en crisis, pero no proporciona un camino hacia la ciudadanía.
El impacto de la finalización de estas protecciones es considerable. Cientos de migrantes que perderían sus permisos de trabajo se enfrentarían a la posibilidad de vivir de forma ilegal en el país, con el constante riesgo de deportación y sin la opción de regresar a una Venezuela sumida en crisis política y económica. John, un empresario de 37 años, se encuentra en la misma situación; teme que su familia tenga que abandonar Estados Unidos e indicó: “Nos duele que el gobierno nos dé la espalda. No vinimos a delinquir, vinimos a trabajar”.
A pesar de la tensión en la comunidad, la situación tomó un giro temporal el 31 de marzo, cuando un juez federal ordenó el mantenimiento del estatus del TPS mientras continúa el proceso judicial, garantizando así protecciones a al menos 350,000 venezolanos. Sin embargo, otro programa que permitió a más de 500,000 venezolanos y otros grupos vivir en EE. UU. está programado para expirar el 24 de abril, a menos que se revoque esta decisión judicial.
La respuesta política ha sido limitada. Un grupo de representantes cubano-estadounidenses de Florida ha solicitado que se detengan las deportaciones de venezolanos sin antecedentes penales y que se evalúen los casos del TPS individualmente. La alcaldesa de Doral también ha instado al presidente a habilitar un camino legal para aquellos que no han cometido delitos.
“El ambiente es de incertidumbre”, sostiene Frank Carreño, presidente de la Cámara de Comercio Venezolano Americana, y añade que muchos en la comunidad no desean ni pueden regresar a Venezuela. Luego de la crisis de 2014, alrededor de ocho millones de venezolanos han huido, buscando refugio en diversos países, siendo EE. UU. una de las principales metas.
En Doral, el español resuena con fuerza en las calles repletas de negocios y restaurantes que celebran la cultura venezolana. La incertidumbre sobre el futuro legal de sus ciudadanos ahonda la preocupación, pero también manifiestan su deseo de continuar construyendo y contribuyendo a la economía estadounidense.