Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración a las dos denunciantes de Julio Iglesias como testigos protegidas
El organismo estudia la denuncia presentada contra el artista y que, de apreciar indicios de delito, remitirá el caso a la Audiencia Nacional, que deberá decidir en primer término si es competente para investigarlo. En principio, lo sería por tratarse de delitos presuntamente cometidos por un ciudadano español fuera del territorio nacional
La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó tomar declaración a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron al cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y trata de trabajadores. La decisión fue comunicada por la asociación Women’s Link, que acompaña legalmente a una exempleada doméstica y a una fisioterapeuta que llevaron el caso ante el Ministerio Público.
Aunque aún no hay una fecha fijada para las declaraciones, la Fiscalía aceptó que ambas denunciantes sean reconocidas como testigos protegidas, una medida que incluye la reserva de su intimidad y la de su entorno para evitar su identificación. En el escrito presentado ante el Ministerio Público también se solicitó impedir cualquier contacto entre las denunciantes y Julio Iglesias, así como entre sus respectivos entornos, si bien la organización precisó que ambas mujeres continúan siendo empleadas del artista, reporta El Mundo.
La portavoz de Women’s Link, Jovana Ríos, explicó además que se pidió que las declaraciones se realicen por videoconferencia, dado que ninguna de las denunciantes reside en España. Ríos ratificó que los delitos señalados en la denuncia son agresión y acoso sexual, lesiones y trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre.
Sobre la decisión de denunciar en España y no en República Dominicana o Bahamas, donde presuntamente ocurrieron los hechos, la portavoz indicó que se consideró que la legislación española ofrecía mayores garantías para la protección de las víctimas. Aunque la Fiscalía no se ha pronunciado formalmente sobre la competencia del Estado español, el equipo legal que apoya a las denunciantes sostiene que la normativa nacional permite investigar el caso, al tratarse de un ciudadano español y no constar investigaciones abiertas en los países donde habrían ocurrido los hechos. Así lo señaló la abogada Gema Fernández.
Por su parte, Eliana Alcalá, también representante de Women’s Link, afirmó que la asociación considera este proceso como un “caso estratégico” orientado a lograr “transformaciones sistémicas” mediante la aplicación de una justicia con enfoque feminista y anticolonial.
Durante el encuentro con la prensa, la organización citó declaraciones de las denunciantes, identificadas solo con su nombre de pila. Rebeca afirmó que decidió denunciar “por mí misma, por lo que he tenido que afrontar, por todas las mujeres que trabajan en esas casas y por mi país, República Dominicana, para que sepa que no puede venir a hacer lo que quiera”. Laura señaló que su propósito es “que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él”.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional informó el martes que estudia la denuncia presentada contra Julio Iglesias y que, de apreciar indicios de delito, remitirá el caso a la Audiencia Nacional, que deberá decidir en primer término si es competente para investigarlo. En principio, lo sería por tratarse de delitos presuntamente cometidos por un ciudadano español fuera del territorio nacional.
La denuncia, sobre la que se han abierto diligencias preprocesales, se basa en los testimonios de dos exempleadas del cantante que relatan agresiones sexuales y un comportamiento de control e intimidación durante el tiempo que trabajaron para él en sus residencias de República Dominicana y Bahamas. En este marco, la Fiscalía realiza comprobaciones para determinar si los hechos denunciados son considerados delito en esos países y si existe algún procedimiento judicial abierto en relación con el caso.
El artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los tribunales españoles pueden investigar delitos cometidos por españoles en el extranjero siempre que los hechos sean también punibles en el país donde se produjeron, que se presente querella en España y que el presunto autor no haya sido ya juzgado o sancionado por los mismos hechos en otro Estado.
La Audiencia Nacional ya ha conocido causas similares en el pasado, como la del guía turístico de Sevilla condenado a más de ocho años de prisión por agredir sexualmente a tres estudiantes estadounidenses durante viajes realizados a Marruecos y Portugal.