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Alcalde denuncia que minería ilegal amenaza la infraestructura y el agua potable en El Callao

El burgomaestre exige la acción inmediata del gobierno ante la crisis ambiental en el sur de Bolívar. Además, instó a investigar las denuncias sobre cobros irregulares para el paso de maquinaria pesada no autorizada, que exacerban el problema

La situación en el sur del estado Bolívar se torna crítica. El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, ha lanzado una alerta sobre la acelerada destrucción ambiental y el inminente colapso de los servicios públicos tras realizar una inspección en el sector Matapalo. La minería ilegal, que opera a escasos 100 metros de la carretera Troncal 10 y a 200 metros de un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), está socavando la principal vía de acceso, poniendo en riesgo el tendido eléctrico regional y contaminando gravemente el caudal del río Yuruari.

Esta depredación del suelo no solo afecta el ecosistema, sino que también compromete directamente los proyectos de inversión y cooperación que se llevan a cabo junto a Hidrobolívar y la Cruz Roja en la planta de tratamiento local. Lugo advierte que esto pone en peligro el suministro de agua potable hacia el casco central de El Callao y el sector El Perú.

Ante esta alarmante situación, el mandatario municipal ha exigido la intervención inmediata del Ministerio para el Ecosocialismo (Minea) y de la GNB para detener esta actividad ecocida. Además, instó a investigar las denuncias sobre cobros irregulares para el paso de maquinaria pesada no autorizada, que exacerban el problema.

Paralelamente, Lugo se ha solidarizado con la indignación de las comunidades del municipio Angostura, incluyendo La Paragua, San Francisco y Ciudad Piar, quienes han manifestado su descontento por la irónica situación de que la zona donde se ubica la central hidroeléctrica de Guri permanezca en la oscuridad debido a la desidia gubernamental.

El alcalde también ha señalado a Corpoelec y Ferrominera Orinoco por su crónica falta de inversión, que no solo paraliza el comercio, sino que también colapsa el bombeo de agua y destruye el patrimonio familiar en la región. Esta crisis ha llevado a la ciudadanía a mantener la presión en las calles hasta obtener un plan de contingencia real y soluciones definitivas para el estado Bolívar.

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