Estados Unidos acorta drásticamente el plazo de defensa de refugiados

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha decidido reducir de treinta a diez días el plazo que tienen los refugiados para presentar su defensa cuando el gobierno busca retirarles su estatus. Esta medida, anunciada este martes, acorta significativamente el tiempo para que los afectados puedan presentar pruebas y argumentos en respuesta a la notificación de las autoridades.

Según el DHS, la nueva normativa tiene como objetivo restaurar la integridad del sistema de inmigración, mitigar riesgos a la seguridad pública y nacional, y prevenir el fraude. Sin embargo, el contexto legal es claro: el gobierno solo puede revocar el estatus de refugiado si determina que la persona no cumplía los requisitos al ser admitida en el país.

Si las autoridades consideran que la defensa presentada no justifica mantener la protección, pueden proceder a retirar el estatus y someter al refugiado a un proceso de deportación. Este proceso de obtención de protección puede extenderse durante años, con vías de acceso que incluyen la remisión al Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP) por parte de la ONU, embajadas estadounidenses o ONGs. Los solicitantes deben superar entrevistas y rigurosos controles de seguridad, que incluyen la verificación de antecedentes por distintas agencias federales.

La International Refugee Assistance Project (IRAP) ha rechazado estos cambios, advirtiendo que facilitarán las deportaciones masivas de refugiados. En un comunicado, la organización denunció que desde principios de año, la administración de Donald Trump ha estado persiguiendo y deteniendo ilegalmente a personas con estatus de refugiado. IRAP ha llevado al gobierno a los tribunales por intentar deportar a refugiados de países como Ruanda, Irak y Afganistán.

La campaña de deportaciones masivas también ha afectado a aquellos que contaban con autorización para permanecer en EE.UU. La administración ha retirado protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países, cancelado programas de permiso humanitario y promovido el rechazo de solicitudes de asilo sin audiencias completas. Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), en el primer año del segundo mandato de Trump, 1,6 millones de inmigrantes perdieron su estatus legal.

El nuevo plazo de diez días convierte el proceso en una mera formalidad, alertó Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de programas legales de IRAP, quien afirmó que esta medida pone en riesgo a refugiados que fueron admitidos legalmente y viven en el país, exponiéndolos a ser deportados a lugares donde podrían sufrir persecuciones o algo peor.