Abelardo de la Espriella y su promesa de crecimiento del 6% para Colombia
En medio de un panorama económico desalentador, el nuevo gobierno de Colombia lanza la Misión Crecer, una estrategia que busca elevar el PIB al 6% anual. Sin embargo, las críticas abundan y las estrategias, repetitivas, ya han fracasado en el pasado.
Abelardo de la Espriella ha prometido un milagro económico: un crecimiento del PIB de 6% anual para Colombia. Una cifra que solo ha sido alcanzada en momentos excepcionales, como durante los booms petroleros de 2011 y 2006, y tras el rebote económico post-pandemia. Sin embargo, las estimaciones del Ministerio de Hacienda son mucho más modestas, limitándose a 3%. La estrategia detrás de esta ambiciosa meta, conocida como Misión Crecer, está liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo.
La Misión Crecer se basa en componentes que parecen repetitivos y que han sido intentados sin éxito en el pasado. El gobierno sostiene que esta vez se implementarán de manera eficaz y simultánea. Sin embargo, un aspecto distintivo de esta estrategia es su alineación con los intereses estadounidenses, lo que implica la negociación de un acuerdo que podría restringir el comercio con otras naciones, especialmente con China, el mayor exportador a Colombia.
La administración de De la Espriella busca atraer inversiones al aceptar las reglas impuestas por Estados Unidos, en un intento por revivir estrategias que anteriormente habían mostrado resultados modestos. Este enfoque contrasta con las políticas de Gustavo Petro, quien, a pesar de su falta de éxito en el crecimiento económico, logró avances en la reducción de la pobreza y el desempleo. La nueva administración, por su parte, se adentra en un camino más alineado con Washington y sus aliados en la región.
El panorama de la inversión en Colombia es alarmante. En el primer semestre de este año, la inversión se situó en 15,7% del PIB, el nivel más bajo desde 2005. Esta caída en la inversión es un síntoma del escaso crecimiento económico. Los economistas apuntan a la falta de relaciones con el sector privado, especialmente en el ámbito de los hidrocarburos, como una de las principales razones para esta desinversión.
Los sectores que tradicionalmente atraen inversión extranjera, como el de las industrias extractivas, han sido los más afectados en los últimos cuatro años. La inversión en petróleo y minería se desplomó de US$6.500 millones en 2023 a US$2.780 millones en 2025, según datos del Banco de la República. Para revertir esta tendencia, el gobierno ha comenzado a desmontar regulaciones anteriores, revocando la reserva de 1.499 hectáreas en Santurbán y reactivando la exploración petrolera, incluyendo el fracking.
Entre las propuestas de Misión Crecer, se encuentra la eliminación de barreras burocráticas para facilitar la inversión. El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, presentó recientemente la Ley de Competitividad, que busca simplificar trámites y evitar que las entidades públicas soliciten documentos que ya posee el Estado. Sin embargo, la historia muestra que estas iniciativas no son nuevas. Desde la administración de Álvaro Uribe hasta Iván Duque, se han implementado leyes y decretos similares sin un impacto significativo en el crecimiento.
A pesar de los intentos pasados, la necesidad de simplificación persiste. Un funcionario del Ministerio de Comercio afirma que “no hemos resuelto el problema” y que la diferencia radica en los detalles de la acción. Sin embargo, la comunidad empresarial es escéptica. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, sostiene que “la confianza, la seguridad jurídica y la simplificación no pertenecen a un gobierno; son condiciones necesarias para atraer inversión”.
El gobierno también planea un paquete de grandes proyectos para atraer inversión, con la Milagro Week, una feria de inversión programada para noviembre en Nueva York. Aunque se habla de un portafolio de $75 billones, los detalles sobre los proyectos prioritarios aún no se han hecho públicos. Restrepo ha mencionado la atracción de inversiones de empresas como PepsiCo y Revolut, pero se carece de un balance claro sobre los resultados de iniciativas similares en administraciones anteriores.
El enfoque en la estabilidad jurídica también es una constante en la estrategia. Se prevé la creación de contratos que garanticen a las empresas que no se modificarán las normas bajo las cuales decidieron invertir, un modelo que ha demostrado ser ineficaz en el pasado. Un estudio del BID concluyó que los contratos de estabilidad jurídica no lograron promover la inversión en Colombia, a pesar de que las empresas con tales acuerdos pagaron menos impuestos que el resto.
Finalmente, la nueva relación con Estados Unidos, bajo la administración de Trump, se perfila como un factor clave en la estrategia del gobierno. Desde julio, Colombia enfrenta un arancel adicional del 12,5% por no prohibir la importación de bienes hechos con trabajo forzoso. Para contrarrestar esta medida, el gobierno busca establecer un acuerdo de comercio recíproco, que podría traer consigo compromisos más exigentes para Colombia.
Con la Misión Crecer, el gobierno no solo busca mejorar el crecimiento económico, sino también cumplir con las expectativas estadounidenses para reducir los aranceles. Sin embargo, los datos de crecimiento trimestral serán el verdadero termómetro para determinar si esta estrategia puede realmente generar el milagro que Colombia necesita.