Luis Manuel Marcano | Transición sinuosa
Venezuela comenzó a recorrer, después del 3 de enero de 2026, un camino que durante demasiados años pareció imposible. La captura de Nicolás Maduro alteró de manera abrupta la estructura del poder, abrió espacios antes clausurados y colocó nuevamente sobre la mesa palabras que los venezolanos habíamos pronunciado hasta el cansancio: transición, democracia, elecciones, justicia, retorno, reconciliación. Pero una cosa es abandonar el punto de partida y otra, muy distinta, haber llegado al destino. Nueve meses después, Venezuela continúa atravesando una zona incierta en la que se mezclan esperanzas legítimas con negociaciones opacas, viejas estructuras con nuevos discursos, promesas electorales con plazos indefinidos y aspiraciones democráticas con la permanencia de hombres y mecanismos que formaron parte del sistema que destruyó la institucionalidad nacional. Estados Unidos declaró desde el propio 3 de enero que permanecería involucrado hasta que pudiera producirse una transición “segura” y “adecuada”; entretanto, el régimen usurpador de Delcy Rodríguez ha sostenido conversaciones con Washington y, aunque se habla de reformas institucionales y futuras elecciones, todavía no existe un horizonte electoral suficientemente claro para que el ciudadano pueda saber cuándo recuperará plenamente el derecho de decidir quién gobierna Venezuela.
Ese es el primer problema de nuestra transición sinuosa: ¿quién está negociando la República y en nombre de quién? La negociación política puede ser necesaria. Después de tantos años de autoritarismo, destrucción institucional, confrontación y fractura social sería infantil suponer que un sistema semejante puede desmontarse mediante un chasquido de dedos. Habrá que negociar garantías, desmovilizaciones, reinstitucionalización, recuperación económica y mecanismos para impedir nuevos enfrentamientos. Lo que no puede aceptarse es que la negociación termine sustituyendo la voluntad popular. Los restos del aparato que durante años controló el Estado conversan con Washington mientras millones de venezolanos contemplan desde afuera decisiones que determinarán su futuro. Y allí aparece una contradicción que debe señalarse sin complejos: si los acuerdos petroleros, económicos y políticos avanzan con mayor rapidez que el calendario electoral, algo está funcionando al revés. La estabilidad es deseable, pero la estabilidad sin soberanía popular puede convertirse simplemente en una administración más eficiente de la ilegitimidad. Venezuela no necesita que otros decidan indefinidamente qué es conveniente para ella; necesita recuperar el derecho de decidirse a sí misma.
Dentro de ese laberinto aparece el problema del Tribunal Supremo de Justicia. En septiembre comenzó a avanzar una reforma del mecanismo para escoger a los nuevos magistrados y las negociaciones políticas contemplan tanto la renovación del TSJ como la del Consejo Nacional Electoral. Nadie puede discutir seriamente que Venezuela necesita reconstruir su Poder Judicial. Durante años, la ausencia de independencia judicial convirtió a los tribunales en una de las heridas más profundas de la democracia venezolana. Pero precisamente por eso la reconstrucción institucional no puede comenzar produciendo un nuevo olvido. En julio de 2017, la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015 designó a treinta y tres magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y uno de ellos es quien escribe estas líneas. Todos fuimos perseguidos por haber aceptado aquella responsabilidad institucional; algunos fueron detenidos, otros buscamos protección diplomática y, finalmente, todos terminamos en el exilio. Durante estos años se han dicho, además, verdaderas irresponsabilidades sobre nosotros. Se ha afirmado, por ejemplo, que hemos percibido supuestos “sueldos jugosos” o vivido de recursos asociados a aquellas designaciones, afirmaciones absolutamente falsas y carentes de sustento. Cada uno de los magistrados designados en 2017 ha tenido que reconstruir su vida en el exilio y ganarse honestamente y con dignidad el sustento mediante su trabajo, su profesión, la academia o las actividades que cada quien ha podido desarrollar, sin depender de prebendas ni de privilegios derivados de aquella investidura. Por eso resulta particularmente ofensivo que habladores de oficio, sin conocimiento de los hechos y sin haber padecido las consecuencias de aquella decisión, pretendan ahora inventar historias o sembrar sospechas sobre quienes pagamos con persecución, destierro y ruptura familiar el haber asumido una responsabilidad conferida por el Parlamento venezolano. La persecución de aquellos magistrados fue ampliamente documentada por organismos y organizaciones internacionales. Y la pregunta permanece intacta: ¿qué va a ocurrir ahora con nosotros? ¿Simplemente se escogerá otro Tribunal Supremo de Justicia y se fingirá que aquella decisión parlamentaria nunca existió, que las vidas alteradas por ella no importan y que la responsabilidad institucional puede desaparecer por conveniencia política?
La pregunta no es menor y tampoco puede despacharse con un tecnicismo. Podrá discutirse jurídicamente la vigencia actual de aquellas designaciones, la duración de los períodos, la naturaleza de las actuaciones desarrolladas en el exilio o los efectos constitucionales producidos desde 2017. Todo eso puede y debe discutirse. Lo que no admite discusión es que una institución del Estado venezolano, la Asamblea Nacional, adoptó una decisión y seres humanos arriesgaron su libertad, sus familias, sus carreras profesionales y, en algunos casos, sus vidas como consecuencia de haberla aceptado. ¿Dónde queda entonces la responsabilidad parlamentaria? ¿Existe solamente cuando se levanta la mano para hacer una designación y desaparece cuando llegan la cárcel, el destierro y la persecución? Una República seria no puede convocar a sus ciudadanos para defender sus instituciones en los momentos de peligro y abandonarlos cuando la correlación política cambia. Si ahora se va a elegir un nuevo Tribunal Supremo, debe existir previamente una respuesta institucional respecto de los magistrados de 2017: reconocimiento de lo ocurrido, determinación clara de su situación jurídica, documentación de la persecución sufrida, garantías para su retorno y, cuando corresponda conforme a derecho, mecanismos de reparación. No se trata de regalar cargos ni de eternizar funciones. Se trata de algo mucho más elemental: la República debe responder por sus propios actos.
Y tampoco bastará con sustituir treinta y dos nombres por otros treinta y dos. La renovación judicial solo tendrá sentido si cambia el sistema que permitió la subordinación de los jueces al poder político. De nada sirve colocar nuevos magistrados en las mismas oficinas si continuarán dependiendo de acuerdos partidistas, si sus nombramientos responden a cuotas, si los expedientes vuelven a utilizarse como mecanismos de presión o si una llamada telefónica desde el poder conserva más fuerza que la Constitución. El drama venezolano no ha sido únicamente quién ocupa el Tribunal Supremo, sino qué concepción de la justicia impera dentro de él. La transición democrática debe desmontar la justicia de obediencia y sustituirla por una justicia de garantías. El juez debe volver a temerle solamente a la Constitución y a su conciencia jurídica, nunca al gobernante de turno.
El otro gran interrogante tiene un nombre imposible de excluir de esta coyuntura: María Corina Machado. Después de varios intentos fallidos de regresar a Venezuela, su retorno continúa siendo una cuestión pendiente mientras su organización reclama un calendario electoral y elecciones presidenciales. Y aquí la pregunta es sencilla: si estamos realmente construyendo una democracia, ¿por qué no garantizar plenamente su ingreso al país y permitir que haga política? ¿Por qué no abrir las puertas, garantizar su seguridad y dejar que recorra Venezuela, pronuncie sus ideas, encuentre a sus seguidores, confronte a sus adversarios y se someta finalmente al único tribunal que debe decidir quién gobierna una democracia: el voto ciudadano? Lo mismo debe valer para cualquier dirigente democrático. Una transición que selecciona previamente quién puede competir deja de ser transición para convertirse en administración de resultados.
Por eso Venezuela necesita elecciones libres Ya!! No elecciones decorativas, ni una convocatoria diseñada para legitimar acuerdos previamente alcanzados, sino verdaderas elecciones presidenciales competitivas: registro electoral actualizado, participación de los venezolanos en el exterior, árbitro independiente, observación internacional, libertad de prensa, libertad de movilización, candidatos sin exclusiones arbitrarias y resultados respetados por todos. Las elecciones no solucionarán mágicamente todos nuestros problemas, porque ninguna urna puede por sí sola reconstruir tribunales, recuperar una economía devastada, reparar a las víctimas o traer de regreso a millones de emigrantes. Pero sin elecciones no existe transición democrática posible. La elección no es toda la transición; es la fuente de legitimidad que permite comenzar a construir todo lo demás. El voto abre la puerta de la República.
Y luego está la justicia. ¿Qué ocurre con quienes participaron en graves violaciones de derechos humanos? ¿Qué hacemos con quienes ordenaron o ejecutaron persecuciones, torturas, detenciones arbitrarias y otras formas de represión? Una democracia no puede comenzar organizando una cacería, pero tampoco decretando una amnesia. No puede haber venganza, pero tampoco impunidad. Será necesario construir un modelo serio de justicia transicional que distinga responsabilidades, garantice debido proceso, investigue individualmente los hechos y coloque a las víctimas en el centro. Quien sea acusado deberá tener las garantías que tantas veces fueron negadas a los perseguidos del régimen, precisamente porque el nuevo Estado deberá demostrar que es moral y jurídicamente distinto del anterior. Reconciliar no significa olvidar. La reconciliación auténtica necesita verdad; la verdad conduce a la responsabilidad; y la responsabilidad, cuando corresponde, conduce a la justicia.
Hay, finalmente, una prueba que permitirá saber si Venezuela cambió de verdad: la libertad de expresión. RCTV constituye una deuda abierta del Estado venezolano. La Corte Interamericana estableció reparaciones pendientes, entre ellas medidas relativas al restablecimiento de la concesión, la devolución de bienes y procedimientos transparentes para la asignación de frecuencias. Su regreso tendría una dimensión que excedería a una empresa de televisión: sería el símbolo de que nunca más un gobierno podrá silenciar una pantalla porque le moleste lo que desde ella se diga. Algo semejante ocurre con El Nacional. Su sede fue embargada y posteriormente adjudicada a Diosdado Cabello en un proceso que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH observó críticamente. La nueva Venezuela tendrá que revisar conforme al derecho aquellas actuaciones, restituir aquello que legalmente corresponda y establecer las reparaciones que procedan. Una democracia comienza a reconocerse cuando los periódicos pueden incomodar al presidente, cuando las televisoras pueden criticar al gobierno y cuando ningún funcionario posee la capacidad de utilizar jueces, impuestos, concesiones o organismos administrativos para castigar una opinión.
Ese es, finalmente, el verdadero tamaño del desafío. La transición no consiste únicamente en que Nicolás Maduro ya no esté en Miraflores. Consiste en desmontar aquello que hizo posible que un sistema como el suyo pudiera existir y prolongarse. Significa responder por los presos, los muertos, los torturados y los exiliados; aclarar qué ocurrió con quienes fueron llamados a servir a la República, como los magistrados designados en 2017; permitir el regreso de quienes permanecen fuera del país; garantizar la participación política de María Corina Machado y de todos los sectores democráticos; reconstruir un Poder Judicial independiente; devolverle al ciudadano el derecho a elegir; recuperar la libertad de expresión; permitir el regreso de RCTV; reparar a El Nacional y a tantos medios destruidos o silenciados; liberar definitivamente la palabra y reconstruir la confianza.
Porque también allí existe una cuestión de honor republicano que no deberíamos permitir que se extravíe entre mesas de negociación. Los magistrados de 2017 no pueden convertirse en una fotografía incómoda que se guarda en un cajón cuando comienza una etapa política diferente. Fueron designados por un Parlamento que hablaba en nombre de la soberanía popular y varios de ellos pagaron aquella decisión con persecución y destierro. Una transición que pretende fundar el Estado de Derecho debe empezar respetando la palabra institucional empeñada por el propio Estado. No podemos construir la justicia futura sobre el abandono de quienes asumieron riesgos por defender la justicia en el pasado. Esa responsabilidad existe, aunque algunos prefieran olvidarla, y tendrá que ser asumida por quienes participaron en aquella decisión parlamentaria y por la institucionalidad democrática que surja del proceso de transición.
Venezuela camina, pero camina por una senda sinuosa. No debemos desesperarnos por las curvas, porque después de tantos años de destrucción ningún camino podía ser enteramente recto; lo que sí debemos impedir es que las curvas terminen conduciéndonos nuevamente al mismo lugar. La transición necesita dirección, límites y destino. Y ese destino no puede ser otro que una República donde nadie gobierne sin haber sido elegido, ningún juez reciba instrucciones del poder, ningún periodista pierda su periódico por publicar una noticia, ninguna televisora desaparezca por incomodar a un presidente, ningún magistrado sea abandonado después de cumplir una decisión del Parlamento y ningún venezolano tenga que atravesar una frontera para salvar su libertad. Elecciones libres, justicia independiente, verdad, reparación, libertad de expresión y soberanía popular: allí comienza la Venezuela que todavía nos debemos. Y hasta que lleguemos a ella, podremos hablar de transición, sí, pero tendremos que seguir llamándola por su verdadero nombre: una transición sinuosa.