Cecodap: La ley contra el odio imputa a 118 menores en Venezuela
Entre 2024 y 2025, un total de 118 adolescentes fueron acusados de delitos bajo la polémica ley contra el odio en Venezuela, en medio de una crisis poselectoral. Activistas exigen una revisión que garantice derechos fundamentales.
Un total de 118 menores de edad han sido imputados en Venezuela entre 2024 y 2025 por delitos estipulados en la ley contra el odio, un contexto que coincide con la crisis poselectoral tras la reelección de Nicolás Maduro como presidente. La ONG Cecodap, dedicada a la protección de los niños en el país, denuncia que estas cifras representan mucho más que números: son adolescentes que enfrentaron miedo, angustia e incertidumbre.
El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, enfatizó en su cuenta de X que estos jóvenes han sufrido la violencia de un sistema de justicia que no ha garantizado las mínimas protecciones establecidas en la LOPNNA (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente). Este pronunciamiento surge tras la solicitud de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de reformar la ley contra el odio, un pedido que ha generado controversia.
Organizaciones no gubernamentales y partidos políticos han manifestado su oposición a esta ley, exigiendo su derogación. Consideran que se trata de un mecanismo que vulnera la libertad de expresión y se ha convertido en un instrumento de persecución contra opositores. Trapani insistió: "Si la ley va a reformarse, sus derechos también deben estar en la discusión".
Desde su aprobación en 2017, al menos 927 personas han sido acusadas de incitación al odio, según datos revelados por la ONG Foro Penal, que defiende a los presos políticos. La LOPNNA fue instaurada por la Asamblea Nacional Constituyente chavista en un contexto de crisis política y masivas protestas antigubernamentales, a solicitud del entonces presidente Maduro para frenar lo que él consideraba mensajes de "odio" que alimentaban la agitación social.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel por delitos de odio, y ha sido objeto de críticas por parte de defensores de derechos humanos y organizaciones como Espacio Público, que en 2023 denunciaron su uso como herramienta para perseguir a aquellos que expresan críticas hacia el poder.